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Por Adelaida Roa Roa
El gobierno de Iván Duque parece tener memoria selectiva, pues muestra una excepcional capacidad para recordar información que refuerza su punto de vista, y su manera de gobernar al estilo 2002-2010, pero se muestra significativamente olvidadizo acerca de otras informaciones que le resultan incómodas. La formalización y la restitución de tierras y todo lo que haga luces a los pocos avances en materia de tierras de los ocho años pasados quedarán en el olvido, o así promete hacerlo la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
En el articulado del proyecto de ley del PND, que consagra los propósitos, objetivos, metas, prioridades, estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno en el próximo cuatrienio, no están contenidos las políticas de formalización y restitución de tierras. c
No obstante, estos temas sí se mencionan en el documento de las Bases del PND 2018-2022 presentado por el Departamento Nacional de Planeación. Lo que hace evidente que la memoria selectiva del gobierno no solo afecta gravemente las políticas de gobiernos anteriores sobre tierras, sino también los pocos contenidos sobre estos temas de sus propios documentos.
No todo lo que se expuso en el documento de las Bases quedó contemplado en el proyecto de ley que se presentó al Congreso. Si bien el documento ha sido incorporado a la ley como un anexo, no se evidencia ninguna relación de unidad entre los dos textos y de ninguna manera el contenido sobre formalización y restitución de las Bases acompaña los contenidos del articulado como documento principal.
Dentro del documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se encuentra que el nuevo gobierno pretende trabajar el tema de la tenencia formal a través de una dinámica de titulación y para esto el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura harán arreglos institucionales para gestionar problemas de acceso a la tierra. Las principales apuestas para el campo apuntan a generar mejores condiciones de competitividad y progreso. Esto requiere, entre otras cosas, acciones encaminadas a mejorar la titulación formalizada y aumentar el número de títulos formalizados sobre predios.
En lo que se refiere a la restitución de tierras, se expone que “a diciembre de 2018, la URT ha recibido 120.233 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas, de las cuales 93.165 se encuentran habilitadas para la restitución de tierras. Ya se ha finalizado el trámite administrativo para el 72 % de las solicitudes habilitadas y 24.352 (36 %) fueron incluidas efectivamente en el Registro. Estas inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hectáreas.” Para atender este diagnóstico se propone una revisión, evaluación y actualización de la ley 1448, manteniendo el proceso con etapa administrativa y judicial. También se plantea la posibilidad de crear una reglamentación que permita armonizar el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados y el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y se resalta la importancia de los proyectos productivos para el desarrollo competitivo del campo. Todo lo anterior son ideas muy amplias y vagas que no se ven materializadas en un plan de ejecución, con metas y objetivos, ni de financiación.
Esperaría uno que el proyecto de ley, como documento principal de este anexo desarrolle de manera más concreta esas ideas. Sin embargo, al momento de elaborar el articulado del PND, el gobierno ha decidido olvidar por absoluto esas apuestas, acciones, diagnósticos, y propuestas contempladas en el documento de las Bases sobre formalización y restitución. En el articulado no se menciona nada, sobre formalización de la propiedad, y solo se habla de titulación en el artículo 7° al desarrollar el tema de la adjudicación en áreas de reserva forestal.
Sobre restitución tampoco se menciona nada y la única referencia que hay a la política de víctimas es el artículo 144 en el que se trata el tema del fortalecimiento del fondo de reparación para las víctimas de la violencia haciendo uso de los bienes entregados por las antiguas FARC. Adicional a esto, dentro del plan nacional de inversiones proyectado en el artículo 4° no se encuentra ningún pacto o línea concreta para el tema del acceso a la tierra o para todas las ideas plasmadas en el documentos de Bases en lo referente a la formalización y la restitución. Y así, el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se convierte en un anexo que acompaña un documento principal que, en materia de formalización y restitución, parece totalmente ajeno.
Leído el Plan de Desarrollo presentado por el presidente Duque al Congreso, se tiene la sensación de que las políticas de tierras del pasado gobierno serán eliminadas. No son conscientes de lo que implica desconocer 8 años de gobierno. Estamos hablando de borrar 8 años de experiencia, y de ensayos y errores de los cuales se puede aprender para seguir construyendo país. Este fenómeno de acordarse muy bien de una cosa y olvidar por absoluto otros sucesos se conoce, popularmente, como memoria selectiva, y ésta parece ser la estrategia principal del nuevo gobierno para construir el país que quieren, en detrimento de buena parte de la población rural.
Por: Adelaida Roa Roa, colaboradora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria