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La guerra en Colombia solo ha traído desolación y tristeza; las consecuencias humanitarias tanto en el terreno personal como en la sociedad son inimaginables, especialmente porque somos un pueblo sumido en el duelo continuado de más de siete décadas.
Los primeros años del siglo XX sumieron a nuestro país en una cruenta guerra que solo pudo parar con el tratado de 1902, dejando un país devastado y cientos de miles de muertos. La violencia no se detuvo; por el contrario, se expresó en otros hechos más cruentos, especialmente contra el movimiento sindical, como la masacre de las bananeras.
Todo el ambiente de inestabilidad política, sumado a la incapacidad de resolver problemas como la participación política y el uso y la tenencia de la tierra, fue fuente propicia para el escalamiento de lo que comúnmente conocemos como “la violencia”: décadas de conflicto en las que murieron más de 300,000 personas. Ni siquiera la Junta Informadora de Daños y Perjuicios de Mariano Ospina pudo asomarse a la dimensión real del sufrimiento y las pérdidas humanas que se prolongaron por años.
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Tal fue la mezquindad del Estado y de la clase política dirigente que, en lugar de detener la violencia y atacar las causas de su generación, prefirieron el destierro, el despojo, la muerte, la exclusión política y el aniquilamiento de la diferencia, aunado al impulso de fenómenos paramilitares. Todo ello condujo a la resistencia del pueblo, expresado en el surgimiento, fortalecimiento y expansión de organizaciones insurgentes en todo el territorio nacional.
El grupo de Memoria Histórica publicaba en el año 2013 el informe ¡Basta Ya!, el cual da cuenta de al menos 220,000 personas asesinadas por razones asociadas al conflicto entre enero de 1978 y diciembre de 2012. Es como si durante todos esos años se hubiera exterminado toda la población de departamentos como el Meta o el Huila, aun con los subregistros que extienden la tragedia.
Sin obviar responsabilidades, especialmente la que le atañe al Estado colombiano por promover y no detener la guerra, y la que les asiste a los demás partícipes del conflicto, los Acuerdos de Paz a finales de los 80 y comienzos de los 90, y el actual, fijaron un nuevo paradigma en lo que algunos integrantes del M-19 denominaron la paz como elemento de transformación o “las tres rectificaciones” que impulsaron la constitución del 91, sumado a lo conseguido en 2016 con el Acuerdo Especial entre el Estado y las extintas FARC-EP, que no solo es una gran pieza del derecho internacional, sino que mediante una reforma agraria aspira a superar el eje de desigualdad en Colombia, amplía la participación, genera un nuevo paradigma de seguridad y concreta un sistema para la paz, la verdad y la reconciliación.
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Después de la revolución mexicana, el conflicto interno colombiano es el más largo y cruento de toda América Latina. Por ello, es precisamente el pueblo mexicano, que ha tenido que vivir la crueldad de la violencia y ha luchado por defender sus derechos, especialmente por la vivienda, la tierra y la propiedad social, quien sabe valorar y reconocer lo que cuesta hacer la paz, que va más allá del silenciamiento de los fusiles.
De ahí que el gobierno mexicano, basado en lo que el presidente AMLO llamó “El Humanismo Mexicano”, en cabeza de su embajadora en Colombia, Patricia Ruíz, y junto a la Universidad de Guerrero, tuvieron la grandeza de enaltecer, en el marco del Primer Encuentro Internacional de Procesos de Paz en América Latina y el Caribe, la labor y el empeño de miles de firmantes del M-19 y de las extintas FARC-EP por mantenerse como constructores de paz, a los hijos e hijas de los Acuerdos y a todos los ausentes que ofrendaron su vida en estos procesos.
Sin duda alguna, todos sus esfuerzos y sacrificios merecen ser reconocidos.