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El 5 de agosto de 1986, Casabianca, municipio del noroccidente del Tolima, fue hostigado por el frente 47 de las Farc, que tenía la misión de asaltar a sangre y fuego la sede del Banco Agrario y acabar con la estación de la Policía. Para lograr su cometido, los guerrilleros se parapetaron entre las casas del humilde barrio El Progreso.
Las llamadas de auxilio de la población civil, del acalde y de los agentes de la estación de Policía, fueron atendidas por la base de la Fuerza Aérea Colombiana en Palanquero. El comando de combate dispuso la ejecución de una operación de apoyo aéreo cercano con dos aeronaves de ala rotatoria. Un helicóptero Bell 212 Rapaz y otro Huey repelieron entonces el feroz ataque.
Tras recuperar el control del orden público y efectuar un barrido alrededor del cuartel policial, las autoridades de Casabianca se percataron de que Claudia Gallego, una niña de once años, había muerto de un disparo de arma de fuego. Desde el primer momento se determinó que la bala que le quitó la vida a la pequeña provenía al parecer de las aeronaves de la Fuerza Aérea, en lo que en el Derecho Internacional Humanitario se conoce como daño incidental contra la población civil.
Para infortunio de todos, un puñado de guerrilleros se apertrechó en la vivienda donde moraba Claudia y desde allí atacaron a los helicópteros con tiros de ametralladora punto cincuenta y de fusil. Este daño incidental jamás superó la ventaja militar alcanzada, pero la justicia asumió la investigación del caso; supe de buena fuente que este episodio prácticamente marcó el fin de la carrera de las tripulaciones de ambas aeronaves.
Esta es la única acción de guerra de envergadura que registran los anales de la historia de Casabianca, pese a la presencia de estructuras de las Farc en su área rural. Por eso, extraña el contenido del mural “Si esta montaña hablara”, desvelado en agosto de este año por María Yineth Cifuentes, alcaldesa de este municipio. La obra tiene el sello de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
En el costado izquierdo del mural se ve un helicóptero Halcón Negro del tipo Arpía que dispara cohetes y ráfagas de ametralladora a centenares de campesinos, cuyos cuerpos ensangrentados y sin vida yacen sobre un suelo ennegrecido. En el centro y el costado derecho de esta pieza pictórica se representa un pueblo resiliente y, tal como aparece en una cuenta oficial de YouTube de la mandataria, “los esfuerzos de un pueblo pujante, que ha sobrepasado la adversidad”.
El verdadero problema estriba en el hecho de que el mural de Casabianca no es el único. Están en desarrollo otros similares en varios municipios de Colombia, todos con un denominador común: retratar escenas donde ficticios o reales excesos de la Fuerza Pública sean más que evidentes y se magnifiquen.
Quise ahondar en el cerebro que estaría detrás de este despropósito y mis pesquisas me condujeron a un nombre: Lucía González. Así es, la comisionada de la verdad amiga de Timochenko y del fallecido Jesús Santrich; la misma que públicamente ha manifestado sus simpatías pro-Farc. Ella, quien maneja los temas de cultura de la CEV, estaría canalizando recursos de cooperación internacional para su cruzada.
Nada ilegal −pero sí amoral− en este proceder, del que también harían parte Tania Rodríguez, directora de Territorios en la Comisión y la red de aliados de la entidad, donde sobresale Redprodepaz. Como se invierten recursos de cooperación y no dineros públicos, imposible auditar.
El ardid consiste en mitificar hechos como el de Casabianca para deconstruir o desfigurar la verdad. Se trataría de una especie de operación conjunta entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la CEV, que combina dos armas muy poderosas en términos de narrativa: cultura y comunicación. Estos infames murales de la Comisión serían el puntal de cultura y, en comunicación, la estrategia consistiría en filtrar información sensible y privilegiada a casas periodísticas como El Espectador y Caracol Noticias, que siguen una similar línea editorial por hacer parte de un mismo conglomerado.
Esto explicaría por qué a mediados de año fue publicada en el portal del diario capitalino una nota sobre la presunta comisión de crímenes de guerra contra niños atribuidos al Ejército durante la operación Berlín en 2001, en tanto que en la pasada edición dominical del reconocido telenoticiero se dijo lo mismo en un informe especial sobre reclutamiento forzado de menores. Asistimos a un típico traslado de la culpa.
Al final del día, la JEP y la CEV estarían desequilibrando la balanza en favor de unos y en contra de otros, con narrativas sesgadas, selectivas y excluyentes. Si en uno de los platillos se colocaran los graves crímenes de guerra, las graves violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad atribuidos al Estado y sus agentes durante el conflicto y en el otro aquellas conductas endosables a las Farc, Timochenko y los demás Comunes, la verían bien negra. Entonces, ¡nunca cae mal una ayudita como esta!