Según la Constitución colombiana nadie puede ser procesado o juzgado penalmente más de una vez por los mismos hechos. Sin embargo, a pesar de este principio que prohíbe la doble sanción judicial, existe una doble persecución que es social y se manifiesta diferenciadamente sobre las mujeres que fueron, en el pasado, privadas de su libertad.
El 26 de junio de cada año los gobiernos exhiben sus logros en el control de drogas y, en el marco de una política prohibicionista de ellas a nivel global, esto resulta, sobre todo, en medidas e indicadores de criminalización a todas las personas que, de alguna forma, se relacionan con las sustancias psicoactivas. Cada año, a su vez, existe una campaña global que alrededor de la misma fecha promueve un enfoque centrado en la salud pública y los derechos humanos dentro de las políticas de drogas, conocida como “Apoye, no castigue”, y desde allí las organizaciones de la sociedad civil mostramos alternativas a las actuales políticas de drogas.
Este año participamos, desde Elementa DDHH y Dejusticia, en un taller con Mujeres Libres, una corporación que aboga por los derechos de las mujeres que ingresan al sistema penal, buscando reformar la política criminal con una perspectiva de género, que garantice la protección de las mujeres y sus familias, así como su reintegración social. La actividad fue un taller dividido, en general, en tres dimensiones: drogas (cuáles son, para qué se usan, qué implican); aproximaciones jurídicas (normativas vigentes y sistema penal alrededor de las drogas); y mujeres y drogas (narrativas, roles de género, y lugares que ocupan en el mercado). Sobre la última dimensión es esta columna.
Durante el taller, las mujeres de la Corporación ubicaron aquellos roles donde creían que participaban más mujeres en el mercado de drogas, y la respuesta fue uniforme: en el menudeo o como vendedoras. El argumento a su respuesta también fue consistente entre ellas: las mujeres participan en donde levanten menos sospechas y puedan evitar requisas. Esto tiene entonces dos implicaciones generales: por un lado, la certeza de los roles de género donde una mujer, por el hecho de serlo, es menos sospechosa de participar en mercados ilegalizados, y, por lo tanto, podría pasar desapercibida. Por el otro, la percepción social de los mercados de drogas: evitar las requisas o buscar pasar desapercibidas es suficiente señal de la existencia de políticas de drogas que atemorizan porque se construyen en la persecución y la criminalización.
Y no es para menos, si es que las mujeres que participan en diferentes roles en el mercado de drogas tienen mayores probabilidades de encarcelamiento, y ya dentro del sistema de justicia penal enfrentan más detenciones preventivas y condenas más largas con respecto a los hombres. Incluso, cuentan con menos acceso a medidas de justicia restaurativa o condonación de penas. Además, ser privadas de la libertad por delitos menores de drogas también resulta en la ruptura de sus comunidades y de aquellos roles de cuidado que tienen asignados.
Todo esto sin contar con las barreras de reinserción de las mujeres que en su pasado fueron privadas de la libertad. Marcela, Ernestina y Yolima coincidieron en una afirmación: “la ley dice que a una no la pueden juzgar dos veces por el mismo delito, pero a nosotras por haber estado en la cárcel nos juzgan perpetuamente”. Varias de ellas llevan años buscando trabajos estables y viendo cómo a hombres de su alrededor les es más fácil encontrarlos a pesar de haber sido también privados de la libertad. Además, recuerdan haber sido separadas de sus hijos e hijas o haber sido tildadas como mujeres peligrosas y hasta “extraditables” por transportar cantidades mínimas de drogas. A pesar de las protecciones legales, las mujeres que han pasado por el sistema penal enfrentan una condena social perpetua.
Aunque la ley de utilidad pública es una oportunidad para avanzar en este sentido, por ejemplo en la reducción de penas o la incorporación de nuevas estrategias de reinserción, nada de esto soluciona el doble castigo al que se ven sometidas las mujeres que son/fueron privadas de la libertad. Esta realidad nos obliga a seguir repensando un sistema que, bajo la apariencia de justicia y bajo la promesa -inalcanzable- de un mundo libre de drogas, sigue castigando desproporcionada y repetidamente a quienes ya han cumplido su sentencia.