Necesidades jurídicas para la paz

Por Carolina Villadiego Burbano*

La encuesta define una necesidad jurídica como “un problema, conflicto o desacuerdo que debe haber afectado un derecho al punto que se requeriría la intervención de un tercero” que debió ocurrir durante los últimos dos años anteriores a la realización de la encuesta, y cuando no fue resuelta, se considera insatisfecha. De manera general, la salud, la familia y los delitos fueron las necesidades más declaradas por las personas, y el porcentaje de satisfacción fue de 39,2% en salud, 48,9% en familia y 25,8% en delitos. Las diferencias regionales cobran importancia, pues, por ejemplo, donde más se declararon problemas de salud fue en San Andrés pero el mayor porcentaje de insatisfacción fue en el pacífico; mientras que donde más se declararon necesidades de familia fue en Antioquia, pero el mayor porcentaje de insatisfacción estuvo en la región central.

Además, un 3,4% de las necesidades declaradas estuvieron asociadas al conflicto armado y un 1% a asuntos de tierras, y aunque parezcan porcentajes muy bajos, debe recordarse que son temas cruciales para consolidar una paz estable y duradera. Asimismo, aunque globalmente se declararon más necesidades jurídicas en las cabeceras urbanas, en las zonas rurales hubo un mayor porcentaje de insatisfacción.  

Los problemas más frecuentes relacionados con el conflicto armado fueron el desplazamiento forzado, la desaparición y la intervención de los grupos armados ilegales. La región pacífica, la Orinoquía y la Amazonía fueron los lugares donde más se declararon estas necesidades. El Valle, la Orinoquía y la Amazonía tuvieron el mayor porcentaje de insatisfacción y Antioquia el de mayor satisfacción. Y la mayoría de las personas que declararon este tipo de necesidades acudieron a una institución o a un particular para resolverlas, siendo que varios decidieron no hacer nada. Solo el 24,9% de quienes declararon esta necesidad dijeron que el problema se solucionó. Así, en varias zonas periféricas del país, existen retos de seguridad de la población.

En materia de tierras, los problemas más relevantes fueron la adjudicación, la titulación, la invasión y la recuperación de terrenos. La región pacífica, la Orinoquía y la Amazonía fueron los lugares donde más se declararon estas necesidades. La Orinoquía, la Amazonía y Bogotá tuvieron el mayor porcentaje de insatisfacción y la región pacífica el de más satisfacción. La mayoría de personas acudieron a una institución o a un particular para resolver su necesidad, y varios utilizaron un mecanismo de acuerdo pacífico. Solo el 30,9% de quienes declararon esta necesidad, dijeron que el problema se solucionó. Estos datos reflejan que en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto, las disputas asociadas a las tierras siguen siendo muy relevantes.

Así, entre 2014 y 2016 los problemas asociados al conflicto y a las tierras eran importantes para muchas personas en el país. La región pacífica, la Orinoquía y la Amazonía fueron los lugares donde más se declararon este tipo de necesidades, y el porcentaje general de satisfacción de las mismas fue bajo. En este escenario,  durante los próximos años el Estado debe realizar acciones para prevenir y resolver estas necesidades jurídicas.

Para ello, propongo al menos cuatro líneas de acción. Primero, realizar mediciones periódicas nacionales para tener datos que permitan comparar las necesidades jurídicas en el tiempo, y analizar las variaciones en la satisfacción de las mismas. Segundo, solicitar que las autoridades públicas que deben resolver algunas de estas problemáticas (agencia de tierras, jueces, fiscalía, unidad de víctimas, etc.), utilicen los datos de la encuesta para priorizar sus acciones territorialmente, y midan su propio desempeño en la satisfacción de estos problemas. Tercero, promover que las autoridades locales dirijan sus esfuerzos a satisfacer las necesidades específicas de la población municipal, para lo cual, no solo es necesario que utilicen las encuestas nacionales para definir sus líneas de acción, sino que deben incluir en sus mediciones municipales preguntas sobre necesidades jurídicas locales. Finalmente, se debe implementar la jurisdicción agraria definida en el Acuerdo de paz para gestionar y resolver los conflictos rurales de la población colombiana.

*Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia.