Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La construcción de una nueva política de drogas ha sido objeto de intensos debates y controversias a lo largo de los últimos meses en Colombia. En agosto de este año, esperamos conocer la estrategia nacional, que, de acuerdo a la apuesta del gobierno desde la campaña electoral, se espera de un giro a la tradicional guerra contra las drogas, y como su nombre lo dice, ponga el énfasis sobre el cuidado de la vida.
Hace unos días, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas CESED de la Universidad de los Andes, señaló la necesidad de pensar en nuevos indicadores para evaluar la política de drogas, y la necesidad de ahondar en la dimensión de la demanda.
Al respecto, es sabido el interés de este gobierno en entender el consumo de drogas desde una perspectiva de la salud pública y los derechos humanos. Esta política, como es de esperarse, enfatiza en la necesidad de la prevención del consumo de drogas, con especial interés en la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero a su vez, resalta la importancia de un enfoque más humano y compasivo con los usuarios de drogas, señalando la necesidad de fortalecer estrategias desde la prevención de riesgos y la reducción de daños.
Un cambio de paradigma hacia la prevención de riesgos implica reconocer que el consumo de drogas puede ocurrir, y que, en ese caso, es fundamental proporcionar herramientas e información precisa y objetiva, por ejemplo, a través de intervenciones educativas alternativas, que permitan a las personas tomar decisiones informadas, de modo que puedan prevenir consecuencias negativas derivadas del consumo.
La reducción de daños, por otro lado, implica un cambio significativo en la forma en que abordamos el consumo problemático de drogas. En lugar de centrarse únicamente en la abstinencia, esta política busca minimizar los daños asociados al consumo, incluso para aquellos que no dejarán de consumir. La implementación de salas de consumo supervisado, por ejemplo, ha demostrado ser una estrategia eficaz para prevenir sobredosis fatales y reducir las infecciones transmitidas por el uso de jeringas, evidenciando ser una estrategia que no solo salva vidas, sino que también facilita el acceso a otros servicios sociales y de salud que mejoran la calidad de vida de las personas que usan drogas.
Si bien esto representa un paso positivo hacia un enfoque más integral, es esencial explorar nuevos indicadores para evaluar su efectividad, que vayan más allá de la tradicional mirada centrada en la prevalencia del consumo, la edad de inicio o los índices de uso de riesgo, abusivo o dependiente, así como indicadores que valoran únicamente la abstinencia, como las cifras de acceso a tratamientos centrados en este objetivo. Los indicadores tradicionales, aunque siguen siendo relevantes, resultan insuficientes para capturar el impacto de estas políticas en la salud pública.
Para comenzar la discusión, si la nueva política pretende abordar las desigualdades sociales y económicas que a menudo están relacionadas con el consumo de drogas, garantizando que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad también se beneficien de las medidas implementadas, algunos indicadores podrían ser:
● Cobertura de los servicios de prevención de riesgos y reducción de daños.
● Acceso de mujeres, madres, indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, población LGBTIQ+ y/o personas en situación de calle a estos servicios.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el estigma asociado al consumo de drogas y la discriminación derivada de este, afecta en gran medida la disposición de los usuarios de drogas a buscar atención de servicios sociales y de salud, una política de drogas que proteja sus derechos podría contemplar indicadores como:
● Cambios en las actitudes hacia las personas que usan drogas.
● Solicitudes de servicios de atención social o de salud.
● Confianza de los usuarios de drogas en las instituciones y el sistema de salud.
● Tratamientos motivados por la solicitud del paciente vs. tratamientos en contra de su voluntad.
Por su parte, los indicadores específicos de la prevención de riesgos y la reducción de daños podrían contemplar:
● Acceso a información y servicios sociales y de salud.
● Percepción de vulnerabilidad frente a las drogas.
● Cambios en las actitudes hacia el consumo de drogas.
● Conocimiento sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y las estrategias para prevenirlos.
● Prevalencia de enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea y sexual.
● Número de usuarios de drogas en tratamiento por enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea y sexual.
● Uso de elementos de prevención de riesgos como preservativos.
● Uso de servicios de análisis de sustancias.
● Cambios en comportamiento después de testear sustancias.
● Detección de nuevas sustancias psicoactivas y activación del sistema de alertas tempranas.
● Acceso a tratamiento de sustitución.
● Uso de equipos de reducción de daños como parafernalia higiénica.
● Material retornado después de su uso.
● Acceso a naloxona (un medicamento que revierte la sobredosis por consumo de opioides) y a otros medicamentos.
● Número de intoxicaciones atendidas.
● Número de muertes por enfermedades o accidentes derivados del consumo.
● Retención en servicios de atención al consumo problemático.
Ahora bien, más que determinar cuáles deben ser o no estos indicadores, pretendo motivar una reflexión sobre la necesidad de explorar nuevas formas de concebir la evaluación de la estrategia nacional frente al fenómeno del consumo. No podemos dejar de lado que históricamente la recolección de datos sobre consumo de drogas y conductas asociadas ha presentado limitaciones importantes. Conocer esta información dependerá de la capacidad de las instituciones en mejorar no solo sus procesos de registro, sino de su capacidad para articularse interinstitucionalmente. Será entonces tarea de las instituciones públicas, si se quiere con apoyo de la academia y la sociedad civil, proponer alternativas que nos permitan lograr el liderazgo internacional que se requiere para conseguir un impacto real en la respuesta global al problema de salud pública que han generado las drogas y su prohibición.
*Directora Deliberar, Candidata a Doctora en Psicología de la Universidad de los Andes e investigadora afiliada al Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas CESED de la Universidad de los Andes.