¿Oligarquía armada? Cómo dar sentido a la oligarquía en América Latina y Colombia

La última vez que escribí aquí, hablé del rompecabezas colombiano como la combinación de instituciones democráticas relativamente estables, emparejadas con altos niveles de violencia de todo tipo y variación. Las observaciones asociadas a ese proyecto de investigación no han dejado de aflorar, y el vaivén de la paz total nos obliga a continuar nuestra exploración de la ontología de ese rompecabezas. No es solo que los fenómenos reaparezcan continuamente y los patrones, dinámicas de ruptura y consolidación, también reaparecen cíclicamente, sugiriendo la existencia de un equilibrio entre la política legal y los actores armados ilegales, que es violento y frágil a veces, pero, sin embargo, es robusto en el sentido de que se reproduce en lugar de consumirse a lo largo del tiempo. Un término que ha ganado terreno en los recientes estudios comparativos sobre América Latina para explicar estos déficits de las democracias es el de oligarquía o modos oligárquicos de gobierno.

Ni la terminología ni el concepto son nuevos, y en toda América Latina, el atributo «oligarca» ha sido un descriptor frecuente utilizado de los adversarios políticos. Sin embargo, los avances logrados en los últimos años exigen una clarificación de la conceptualización y también de los resultados empíricos: se trata de un proyecto de investigación en curso definido como el dominio de unos pocos que gobiernan en su propio interés material. La oligarquía es un sistema de defensa de la riqueza. El modo en que unos pocos gobiernan difiere en función de los medios de que disponen para proteger su riqueza (ya sea por ley o por coacción directa). Por lo tanto, no es solo la variación dentro de la conceptualización de cómo se materializa la oligarquía en el mundo real lo que ha suscitado el debate, también ha surgido la contención respecto a las líneas de demarcación de conceptos adyacentes -como élites, dinastías familiares y clanes políticos-. En otras palabras: ¿en qué se diferencian los oligarcas de las élites y, en caso afirmativo, cómo podemos distinguirlos? O bien, en el contexto de los Estados modernos, ¿deberíamos hablar únicamente de élites oligárquicas, convirtiendo la oligarquía en un mero concepto histórico?

Dada la plétora de cuestiones debatidas, por ejemplo, en los paneles del Congreso de LASA celebrado recientemente en Bogotá, es natural que cualquier forma de consenso académico esté lejos de ser inminente. No obstante, están surgiendo patrones observables, y la historia política latinoamericana está demostrando ser un terreno fértil para explorar la idoneidad de la oligarquía como concepto para comprender las democracias defectuosas de la región. De hecho, hay aspectos comunes que afectan a todos los Estados latinoamericanos importantes para nosotros: instituciones relativamente democráticas, elevada desigualdad social, instituciones estatales ineficaces, débil Estado de derecho y altos índices de delincuencia. Otra observación curiosa que surgió fue que, históricamente en América Latina, la oligarquía y el populismo han formado a menudo una simbiosis incómoda. Famosamente, el populismo clásico de Juan Perón nació en Argentina sobre la tumba del Estado oligárquico, cuya existencia suele datarse en la década de 1930, después de la independencia (una fecha que también sirve para el caso colombiano).

El reto de encontrar un rasgo definitorio aplicable a los modos de gobierno oligárquicos se hace evidente en el caso colombiano. Esto puede sorprender, dado que el predominio de familias políticas, clanes políticos o incluso dinastías -todos ellos conceptos aparentemente cercanos al de oligarquía- es un fenómeno generalizado en la historia política de Colombia; una interpretación evidenciada por numerosos libros sociológicos y periodísticos que tematizan «las familias que controlan Colombia». La historia, sin embargo, no es tan sencilla, porque, como suele ocurrir, Colombia tiene reservadas algunas observaciones contraintuitivas.

Mis entrevistas ya han sugerido que una familia política poderosa no implica necesariamente una familia oligárquica, lo que nos devuelve a la cuestión de definición original de cómo diferenciar entre oligarcas y élites. Además, Colombia, como país regional, tiene unas élites igualmente concentradas regionalmente que dominan la política a nivel local. Uno de los entrevistados llegó a sugerir que los verdaderos oligarcas solo existen en Bogotá, pero no en la periferia. Yo tampoco estoy totalmente convencido de esta conclusión. Jenny Pearce y Juan David Velasco Montoya han documentado en su estudio que sólo el 0,02 % de la población de Colombia dirige el Estado y la economía. Dentro de esa población aparece una élite oligárquica, «formada por 46 personas que tienen la mayoría accionarial o la propiedad de los principales conglomerados». Estas familias están situadas en su mayoría en Bogotá, pero no en su totalidad. Esto, de nuevo, plantea la pregunta anterior: ¿qué pasa con las familias políticas en otras partes del país; son élites, oligarcas, élites oligárquicas, o ninguna de las anteriores?

Relacionada con la cuestión de las élites en la periferia está la de la violencia y los actores de la violencia, que también suelen situarse en la periferia. Jeffrey Winters, posiblemente el académico responsable del renacimiento del estudio de la oligarquía, nos ha proporcionado una herramienta útil para diferenciar las formas de gobierno oligárquico: los oligarcas gobiernan por medio de las armas (oligarcas guerreros) o por medio de la ley (oligarcas civiles). Mi hipótesis preliminar es entonces que Colombia puede concebirse como un sistema diferenciado en dos tipos de oligarquías -civiles y guerreristas- que operan lado a lado, a menudo vinculadas informalmente, pero sin embargo autónomas entre sí. No se trata de una conclusión inamovible, porque el estudio de caso de Colombia que da lugar a esta terminología es extremadamente diverso y complejo: La región Caribe colombiana.

He aquí algunos de los patrones notables (y, por cierto, estilizados) de la costa Norte de Colombia que sobresalen frente al resto de Colombia (y otros casos latinoamericanos): la política pública está controlada casi en su totalidad por un número limitado de familias poderosas, pero la competencia entre estas familias no está cantada. Las elecciones importan y también las alianzas telenovelescas que se hacen entre las familias o ramas específicas de esas familias. Curiosamente, y a diferencia de otros sistemas políticos sudamericanos (como Perú, que según el profesor canadiense Maxwell A. Cameron es el más oligárquico de América Latina), existe un mayor grado de movilidad -incluso social- entre las familias de élite que dominan la costa. Las familias tradicionales con reputación colonial compiten en igualdad de condiciones con familias de origen migratorio, o incluso con neófitos que han llegado al poder en menos de una década. La violencia evoluciona cíclicamente desde períodos de relativa calma sin competencia coercitiva hasta fases de violencia excesiva, lo que indica un conflicto entre varios actores armados. Las elecciones municipales suelen coincidir con los períodos más violentos. Los recientes enfrentamientos entre AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra se parecen casi por completo a los enfrentamientos entre Jorge 40 y Hernán Giraldo a principios de siglo.

El argumento que se pondrá a prueba en el estudio en curso es el siguiente: solo se pueden explicar estos fenómenos contradictorios, si se conciben los campos operativos de los actores políticos y violentos como dos sistemas distintos que están informalmente unidos. Sin embargo, existe una diferencia ontológica, ya que las limitaciones, los incentivos y los beneficios de los oligarcas beligerantes y civiles difieren fundamentalmente.