¿Paz con el Clan del Golfo? Del sometimiento a la negociación
Paula Tobo
La carta que se conoció recientemente sobre la intención de diferentes grupos de delincuencia organizada de iniciar un acercamiento con el nuevo gobierno, ha provocado dudas sobre el alcance y los mecanismos mediante los cuales este proceso podría hacerse realidad. Uno de los asuntos centrales para la política de paz total de Petro será diferenciar de manera clara el sometimiento de estos grupos, de la negociación con el Eln.
La intención de un cese al fuego se da cuando el Clan del Golfo —autodenominados Agc— mantiene activo un plan pistola en sus zonas de influencia, que hasta el momento le ha costado la vida a una veintena de miembros de la fuerza pública. Esta ofensiva le permite a este grupo reforzar la unidad interna ante las decisiones que deberá tomar sobre la oferta que hará el presidente electo. Más que una retaliación por golpes operacionales, los planes pistola también funcionan como “incentivos” para los frentes de una estructura que se caracteriza por operar como una red y no tanto como grupo armado.
En el 2017, el Clan del Golfo manifestó su intención de dialogar con las autoridades. “Otoniel”, personalmente, solicitó dialogar con el gobierno Santos para iniciar un sometimiento a la justicia. Sin embargo, las divisiones internas sobre las condiciones bajo las cuales se someterían, la extradición y la extinción de dominio, fueron los principales cuellos de botella. Este antecedente provocó una ruptura de la que se desprendería el bloque Virgilio Peralta Arenas que hoy se conoce como Los Caparros.
Desde entonces, el Clan siempre ha mantenido abiertas las puertas a una negociación, hace énfasis en reformas sociales y la no extradición. Este año, en sus declaraciones ante la JEP, “Otoniel” fue enfático en afirmar que las Agc aún están dispuestas a hablar con el gobierno.
La carta entre líneas
Varios aspectos de esta carta generan suspicacia y constituyen un llamado al escepticismo moderado. En primer lugar, llama la atención la diversidad de los firmantes y la manera en que fue posible llegar a una declaración conjunta. Es altamente probable que la hayan suscrito quienes hoy están en las cárceles del país y no quienes son los responsables del incremento de la violencia en diferentes zonas. Por ejemplo, firman Los Caparros y las Agc, que sostuvieron una fuerte disputa en el Bajo Cauca, la cual siempre estuvo lejos de acabar por una vía negociada. A esto se suma el comunicado que se conoció posteriormente a la carta de una facción de las propias Agc, distanciándose.
Otro aspecto particular es que en ningún momento mencionan el sometimiento, pero si el desarme, indicando unas aspiraciones que más se parecen a una negociación política. Algo que siempre ha estado en la narrativa de una parte del Clan del Golfo, buscando lavar su imagen. El nuevo gobierno debe mantener la firmeza en evitar que este proceso se convierta en una negociación. En otras palabras, estos gestos iniciales deben acotarse a la posibilidad de un cese al fuego como gesto inicial de buena voluntad, en el marco del inicio de un proceso de diálogo y sometimiento, y no como la manifestación de diversos grupos del crimen organizado de integrar los esfuerzos de una paz total.
Un tercer reto que devela la carta es la alta fragmentación de lo que en el lenguaje de Petro se denomina organizaciones multicrimen. Agrupaciones como los Shottas de Buenaventura o Los Mexicanos de Quibdó se han caracterizado por su constante mutación y la fragilidad de sus liderazgos. Es justamente por esta característica que los avances que ha tenido la Ley de Sometimiento de Grupos Armados Organizados (Ley 1908 de 2018) son insuficientes. Hoy hay pocas garantías para un proceso de sometimiento colectivo de grupos del crimen organizado.
Además, si pensamos en todos los grupos posdesmovilización de las Auc activos actualmente, faltarían las firmas de las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Bloque Meta o Puntilleros, La Cordillera y La Oficina.
¿Qué esperar en el mediano plazo?
Las intenciones de sometimiento o negociación siempre han presentado una dificultad por la forma en la que están organizadas estas estructuras. Particularmente, el Clan del Golfo, utiliza el modelo de subcontratación, el cual representa un buen porcentaje de su pie de fuerza. Esto obstruye la garantía de que cualquier acuerdo se cumpla en todos los niveles organizacionales. Se suma, que la cúpula de las Agc se reorganizó para hacer que los altos mandos regionales tuvieran el mismo nivel de poder dentro de la organización (buscando evitar que se delataran entre sí y que se produjeran disidencias como la del BVPA), por lo que la autonomía de cada estructura es alta.
Por otro lado, hay miembros del Clan del Golfo que han operado desde la clandestinidad, los llamados “narcos invisibles” o cabecillas que asumieron un bajo perfil para evadir la Operación Agamenón. Quieren evitar estar en el radar de las autoridades por lo que se oponen a estos procesos de negociación. Tampoco hay que menospreciar las disputas que sostienen estos grupos con otras organizaciones ilegales (no solo el Clan del Golfo), que haría más difícil que se comprometieran a cesar la violencia en las regiones.
No hay que leer las intenciones de sometimiento como una muestra de que estos grupos estén debilitados. Para el caso del Clan del Golfo no hay muestras de que la captura de “Otoniel” haya provocado el fin de la organización como lo señaló el saliente presidente Duque. El Clan del Golfo de hoy es distinto al que ofreció someterse en 2017 y 2018, pues su estructura de mando es distinta (no hay un “Otoniel” y el equilibrio de poder parece ser más horizontal), ha ganado todas sus disputas (Bajo Atrato, Bajo Cauca e Ituango) y se ha expandido (Norte de Santander y Nariño), incluso a pesar de los golpes que le propinó Agamenón.
Desde el lado del gobierno, es poco probable que se llegue a negociar pronto un cese si las señales son contradictorias. Hace poco, el senador Roy Barreras afirmó que la ofensiva contra el Clan del Golfo se mantendrá porque el Derecho Internacional Humanitario no aplica para este grupo, de modo que los ceses al fuego tampoco.
Hay al menos tres retos principales respecto al lugar del Clan del Golfo en la paz total. El primero es que se nieguen a volver a negociar un sometimiento y tengan aspiraciones mayores. Actualmente no hay caminos jurídicos para negociar la paz con está agrupación: a su necesidad de que se le reconozca como actor político se suma la ley que determina que el narcotráfico no es conexo a un delito político. El segundo está relacionado con las declaraciones que ya han hecho miembros del Pacto histórico sobre el carácter de “banda criminal”, que marcan una distancia con la
autopercepción del Clan del Golfo y su formato de Agc como un actor político. Y el tercero es que en caso de que se logre entablar negociaciones en clave de sometimiento, es probable que las Agc pretendan obtener beneficios o condiciones distintas a las que ya están plasmadas en los instrumentos legales. La extradición, la seguridad física y los compromisos de verdad serían los ejes centrales de estos diálogos.
¿Disidencias del sometimiento?
La probabilidad de que una facción importante del Clan del Golfo no haga parte de esta conversación es muy alta, especialmente, porque la carta está firmada por grupos en conflicto como Los Caparros y el Clan del Golfo. Tampoco habría motivos para que el Clan del Golfo, que era el único proponente con actividades en múltiples regiones y con flujos de dinero superiores a los demás, decidiera compartir un comunicado con estructuras de mucho menor alcance.
Dado que el Clan del Golfo funciona descentralizadamente, es probable que les tome tiempo llegar a un consenso entre sus frentes sobre el “gran acuerdo nacional” que mencionan. De hecho, cuando fue sancionada la Ley 1908 de 2018, con la cual se esperaba tramitar su sometimiento, las Agc afirmaron que no todo estaba listo y que debían socializar la ley con sus integrantes antes de dar el paso definitivo. En su momento también se conoció que en presuntas comunicaciones entre “Gavilán” y el “Indio”, antiguos miembros de la cúpula, discutían sobre las consecuencias negativas que tendría comprometerse con la verdad, a la que catalogaron como “ser sapos” y “tirarse la soga al cuello”.
Por lo pronto, la idea de la paz total ha generado enormes expectativas en aquellos territorios marcados por la violencia y el conflicto. Hacerla realidad requerirá una aproximación realista y moderada a la realidad subregional y a las formas en que estos grupos se han comportado en los últimos años. El sometimiento es necesario, por no será fácil ni está a la vuelta de la esquina.
*Investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La carta que se conoció recientemente sobre la intención de diferentes grupos de delincuencia organizada de iniciar un acercamiento con el nuevo gobierno, ha provocado dudas sobre el alcance y los mecanismos mediante los cuales este proceso podría hacerse realidad. Uno de los asuntos centrales para la política de paz total de Petro será diferenciar de manera clara el sometimiento de estos grupos, de la negociación con el Eln.
La intención de un cese al fuego se da cuando el Clan del Golfo —autodenominados Agc— mantiene activo un plan pistola en sus zonas de influencia, que hasta el momento le ha costado la vida a una veintena de miembros de la fuerza pública. Esta ofensiva le permite a este grupo reforzar la unidad interna ante las decisiones que deberá tomar sobre la oferta que hará el presidente electo. Más que una retaliación por golpes operacionales, los planes pistola también funcionan como “incentivos” para los frentes de una estructura que se caracteriza por operar como una red y no tanto como grupo armado.
En el 2017, el Clan del Golfo manifestó su intención de dialogar con las autoridades. “Otoniel”, personalmente, solicitó dialogar con el gobierno Santos para iniciar un sometimiento a la justicia. Sin embargo, las divisiones internas sobre las condiciones bajo las cuales se someterían, la extradición y la extinción de dominio, fueron los principales cuellos de botella. Este antecedente provocó una ruptura de la que se desprendería el bloque Virgilio Peralta Arenas que hoy se conoce como Los Caparros.
Desde entonces, el Clan siempre ha mantenido abiertas las puertas a una negociación, hace énfasis en reformas sociales y la no extradición. Este año, en sus declaraciones ante la JEP, “Otoniel” fue enfático en afirmar que las Agc aún están dispuestas a hablar con el gobierno.
La carta entre líneas
Varios aspectos de esta carta generan suspicacia y constituyen un llamado al escepticismo moderado. En primer lugar, llama la atención la diversidad de los firmantes y la manera en que fue posible llegar a una declaración conjunta. Es altamente probable que la hayan suscrito quienes hoy están en las cárceles del país y no quienes son los responsables del incremento de la violencia en diferentes zonas. Por ejemplo, firman Los Caparros y las Agc, que sostuvieron una fuerte disputa en el Bajo Cauca, la cual siempre estuvo lejos de acabar por una vía negociada. A esto se suma el comunicado que se conoció posteriormente a la carta de una facción de las propias Agc, distanciándose.
Otro aspecto particular es que en ningún momento mencionan el sometimiento, pero si el desarme, indicando unas aspiraciones que más se parecen a una negociación política. Algo que siempre ha estado en la narrativa de una parte del Clan del Golfo, buscando lavar su imagen. El nuevo gobierno debe mantener la firmeza en evitar que este proceso se convierta en una negociación. En otras palabras, estos gestos iniciales deben acotarse a la posibilidad de un cese al fuego como gesto inicial de buena voluntad, en el marco del inicio de un proceso de diálogo y sometimiento, y no como la manifestación de diversos grupos del crimen organizado de integrar los esfuerzos de una paz total.
Un tercer reto que devela la carta es la alta fragmentación de lo que en el lenguaje de Petro se denomina organizaciones multicrimen. Agrupaciones como los Shottas de Buenaventura o Los Mexicanos de Quibdó se han caracterizado por su constante mutación y la fragilidad de sus liderazgos. Es justamente por esta característica que los avances que ha tenido la Ley de Sometimiento de Grupos Armados Organizados (Ley 1908 de 2018) son insuficientes. Hoy hay pocas garantías para un proceso de sometimiento colectivo de grupos del crimen organizado.
Además, si pensamos en todos los grupos posdesmovilización de las Auc activos actualmente, faltarían las firmas de las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Bloque Meta o Puntilleros, La Cordillera y La Oficina.
¿Qué esperar en el mediano plazo?
Las intenciones de sometimiento o negociación siempre han presentado una dificultad por la forma en la que están organizadas estas estructuras. Particularmente, el Clan del Golfo, utiliza el modelo de subcontratación, el cual representa un buen porcentaje de su pie de fuerza. Esto obstruye la garantía de que cualquier acuerdo se cumpla en todos los niveles organizacionales. Se suma, que la cúpula de las Agc se reorganizó para hacer que los altos mandos regionales tuvieran el mismo nivel de poder dentro de la organización (buscando evitar que se delataran entre sí y que se produjeran disidencias como la del BVPA), por lo que la autonomía de cada estructura es alta.
Por otro lado, hay miembros del Clan del Golfo que han operado desde la clandestinidad, los llamados “narcos invisibles” o cabecillas que asumieron un bajo perfil para evadir la Operación Agamenón. Quieren evitar estar en el radar de las autoridades por lo que se oponen a estos procesos de negociación. Tampoco hay que menospreciar las disputas que sostienen estos grupos con otras organizaciones ilegales (no solo el Clan del Golfo), que haría más difícil que se comprometieran a cesar la violencia en las regiones.
No hay que leer las intenciones de sometimiento como una muestra de que estos grupos estén debilitados. Para el caso del Clan del Golfo no hay muestras de que la captura de “Otoniel” haya provocado el fin de la organización como lo señaló el saliente presidente Duque. El Clan del Golfo de hoy es distinto al que ofreció someterse en 2017 y 2018, pues su estructura de mando es distinta (no hay un “Otoniel” y el equilibrio de poder parece ser más horizontal), ha ganado todas sus disputas (Bajo Atrato, Bajo Cauca e Ituango) y se ha expandido (Norte de Santander y Nariño), incluso a pesar de los golpes que le propinó Agamenón.
Desde el lado del gobierno, es poco probable que se llegue a negociar pronto un cese si las señales son contradictorias. Hace poco, el senador Roy Barreras afirmó que la ofensiva contra el Clan del Golfo se mantendrá porque el Derecho Internacional Humanitario no aplica para este grupo, de modo que los ceses al fuego tampoco.
Hay al menos tres retos principales respecto al lugar del Clan del Golfo en la paz total. El primero es que se nieguen a volver a negociar un sometimiento y tengan aspiraciones mayores. Actualmente no hay caminos jurídicos para negociar la paz con está agrupación: a su necesidad de que se le reconozca como actor político se suma la ley que determina que el narcotráfico no es conexo a un delito político. El segundo está relacionado con las declaraciones que ya han hecho miembros del Pacto histórico sobre el carácter de “banda criminal”, que marcan una distancia con la
autopercepción del Clan del Golfo y su formato de Agc como un actor político. Y el tercero es que en caso de que se logre entablar negociaciones en clave de sometimiento, es probable que las Agc pretendan obtener beneficios o condiciones distintas a las que ya están plasmadas en los instrumentos legales. La extradición, la seguridad física y los compromisos de verdad serían los ejes centrales de estos diálogos.
¿Disidencias del sometimiento?
La probabilidad de que una facción importante del Clan del Golfo no haga parte de esta conversación es muy alta, especialmente, porque la carta está firmada por grupos en conflicto como Los Caparros y el Clan del Golfo. Tampoco habría motivos para que el Clan del Golfo, que era el único proponente con actividades en múltiples regiones y con flujos de dinero superiores a los demás, decidiera compartir un comunicado con estructuras de mucho menor alcance.
Dado que el Clan del Golfo funciona descentralizadamente, es probable que les tome tiempo llegar a un consenso entre sus frentes sobre el “gran acuerdo nacional” que mencionan. De hecho, cuando fue sancionada la Ley 1908 de 2018, con la cual se esperaba tramitar su sometimiento, las Agc afirmaron que no todo estaba listo y que debían socializar la ley con sus integrantes antes de dar el paso definitivo. En su momento también se conoció que en presuntas comunicaciones entre “Gavilán” y el “Indio”, antiguos miembros de la cúpula, discutían sobre las consecuencias negativas que tendría comprometerse con la verdad, a la que catalogaron como “ser sapos” y “tirarse la soga al cuello”.
Por lo pronto, la idea de la paz total ha generado enormes expectativas en aquellos territorios marcados por la violencia y el conflicto. Hacerla realidad requerirá una aproximación realista y moderada a la realidad subregional y a las formas en que estos grupos se han comportado en los últimos años. El sometimiento es necesario, por no será fácil ni está a la vuelta de la esquina.
*Investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).