Paz con la naturaleza: entre la coca, el oro y la ganadería

La “Paz con la Naturaleza” ha sido uno de los lemas de Gustavo Petro para explicar los objetivos de su gobierno en términos ambientales. Esto lo ha mencionado reiteradamente en escenarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, recientemente en Nueva York, en el Marco de la Semana por el Clima y la Asamblea General de las Naciones Unidas, oímos a la Ministra Muhammad y al Canciller Murillo invitar a la COP16 en Cali, donde Colombia presentará oficialmente la Coalición Mundial Paz con la Naturaleza.

Esta apuesta tiene buena acogida en el contexto internacional, sin embargo, es un objetivo difícil de cumplir a nivel territorial, dado la nueva configuración de los grupos armados organizados (GAO) después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y los nulos resultados de la Paz Total.

Después del Acuerdo de Paz se han empezado a observar y documentar los procesos de reconfiguración del conflicto armado en Colombia. Estos procesos no se limitan al surgimiento y la reacomodación de GAO en las diferentes regiones del país, sino que implican también una reconfiguración económica y territorial. Es decir, no solo se está transformando el debatido mapa de actores armados presentes en Colombia, sino también los territorios y las economías que estos grupos regulan. Estos cambios se manifiestan especialmente en las economías ilegales, en particular en la de la coca y cocaína, pero también en las economías como la del oro y la ganadería, y en los territorios donde estas se desarrollan.

Una señal de la reconfiguración de la economía de la coca y cocaína en el país fue el bajo precio de compra de pasta base que desde finales de 2022 eliminó la utilidad para los campesinos cocaleros en algunas regiones. Este cambio ha sido explicado como una crisis en la economía de la coca a nivel general, sin embargo, lo que hemos observado en territorios visitados (por ejemplo, en Meta y Putumayo) es una crisis en los primeros segmentos de la cadena, que son mayoritariamente campesinos. Este proceso de reconfiguración de la economía de la coca y cocaína está principalmente vinculado con la salida del actor regulador en el 2016, las FARC-EP.

A su vez, la UNODC (2023) ha reportado que en algunas regiones del país se está promoviendo un modelo agroindustrial que integra la producción, la transformación y el tráfico de la cocaína. La economía de la coca y la cocaína se está transformando, generando incertidumbre e inestabilidad, pero también están cambiando sus vínculos con las economías legales. Algunos de los municipios tradicionalmente cocaleros se transforman en territorios ganaderos y/o mineros. Por ejemplo, en el sur del Meta, la coca en varias veredas es un asunto del pasado y la economía central es ahora la ganadería. En el Medio Putumayo, el oro y el ganado ahora son las economías que cobran protagonismo.

Algunos campesinos de Putumayo y Meta explican que, anteriormente, la coca se daba en forma paralela a la ganadería y ambas constituían fuentes de ingresos complementarias. En la actualidad, con los bajos precios de la pasta base, la ganadería se ha convertido en la fuente principal de ingreso para aquellos campesinos que, bajo ciertas condiciones, lograron sustituir la coca. La ganadería, entonces, parece estar compensando el costo de oportunidad de la coca. Sin embargo, esto no quiere decir que los grupos armados no regulen esta economía. En nuestras visitas a campo encontramos que los GAO manejan esquemas de “impuestos” sobre gran parte de las actividades económicas. En el caso de la ganadería, las disidencias cobran anualmente a los campesinos del sur del Meta $10.000 por cabeza de ganado, otros 10.000 por hectárea, y 7.000 por cabeza en el nororiente del Medio Putumayo.

La minería, por su parte, es la actividad receptora de antiguos raspachines de hoja de coca y también está siendo cada vez más imprescindible para aquellos campesinos que anteriormente obtenían ingresos de la coca y el oro de manera complementaria. En el pasado, algunos campesinos en el Medio Putumayo, por ejemplo, tenían en su finca un área de tierra destinada a la operación de extracción del oro y otra para el cultivo de la coca y su procesamiento como pasta. Ahora, la minería de oro es su única posibilidad de subsistencia. Estos campesinos que trabajan la minería de montaña también están sujetos a la regulación armada de GAO: los grupos presentes cobran “impuestos” en especie que oscilan entre 1 y 2 gramos de oro mensuales, más 25.000 pesos en efectivo adicionales mensuales para un denominado “comité minero”. Los grupos armados, a su vez, también pueden ser dueños de maquinaria y operar directamente entables mineros.

Así, no solo se está transformando una de las economías ilícitas que se ha vinculado de diversas maneras con el conflicto armado en Colombia, sino también sus relaciones con actividades económicas que bajo la normativa actual podrían ser legales. Esto, entonces, está cambiando paisajes y los usos del suelo en varios municipios previamente cocaleros. Las transiciones de una economía intensiva en trabajo, como es la coca, a una economía intensiva en tierra, como es la ganadería, lleva a transformaciones de paisajes, especialmente amazónicos. El aumento de las explotaciones de oro que utilizan mercurio y cianuro están también contaminando las fuentes hídricas.

En este contexto, hacer la paz con la naturaleza será un reto enorme. Las economías campesinas transitan entre la coca, el oro y la ganadería con efectos ambientales que no estamos considerando. La coca y el oro catalizan dinámicas regionales e inyectan recursos en la economía que permiten que nuevos actores, no campesinos, inviertan en grandes extensiones de pastos para ganadería, principal motor de la deforestación amazónica. Pero, en muchos casos, estas inversiones en pastos no aumentan el hato ganadero, lo cual sugiere patrones de acaparamiento. Además, grupos armados inciden en diferentes momentos de las cadenas de valor de estas economías.

Las apuestas ambientales del Gobierno de Gustavo Petro deben atender los conflictos socioambientales producto de los procesos de reconfiguración del conflicto armado que están cambiando económicamente y territorialmente el país. Son múltiples los impactos ambientales que está teniendo la transición de una economía ilícita como la de la coca y la cocaína hacia economías “legales” como la de la ganadería y la del oro.

El Estado colombiano debe ser el que regule las diferentes actividades económicas con estrategias diferenciadas para abordar la economía campesina y atacar la economía criminal. Es necesario empezar por un ordenamiento productivo de la actividad ganadera, implementando sistemas efectivos de identificación y seguimiento a lo largo de toda la cadena de distribución del ganado. Frente a la minería de oro, los esfuerzos de formalización deben también dirigirse hacia áreas que, aunque no se consideran tradicionalmente mineras, actualmente son epicentros de un incremento significativo en este tipo de actividades. Los sistemas de trazabilidad para ambas economías son fundamentales para evitar mayores costos ambientales. De igual manera, las intervenciones asociadas a la infructuosa tarea de reducir la coca deben considerar los efectos ambientales que ocasionan. La sustitución de economías ilícitas debe buscar economías sostenibles alineadas con la vocación socioambiental de los territorios. Si reemplazamos la coca por vacas en territorios importantes en términos de biodiversidad, no habremos hecho ninguna mejora en términos ambientales.

La “Paz con la Naturaleza” ha sido uno de los lemas de Gustavo Petro para explicar los objetivos de su gobierno en términos ambientales. Esto lo ha mencionado reiteradamente en escenarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, recientemente en Nueva York, en el Marco de la Semana por el Clima y la Asamblea General de las Naciones Unidas, oímos a la Ministra Muhammad y al Canciller Murillo invitar a la COP16 en Cali, donde Colombia presentará oficialmente la Coalición Mundial Paz con la Naturaleza.

Esta apuesta tiene buena acogida en el contexto internacional, sin embargo, es un objetivo difícil de cumplir a nivel territorial, dado la nueva configuración de los grupos armados organizados (GAO) después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y los nulos resultados de la Paz Total.

Después del Acuerdo de Paz se han empezado a observar y documentar los procesos de reconfiguración del conflicto armado en Colombia. Estos procesos no se limitan al surgimiento y la reacomodación de GAO en las diferentes regiones del país, sino que implican también una reconfiguración económica y territorial. Es decir, no solo se está transformando el debatido mapa de actores armados presentes en Colombia, sino también los territorios y las economías que estos grupos regulan. Estos cambios se manifiestan especialmente en las economías ilegales, en particular en la de la coca y cocaína, pero también en las economías como la del oro y la ganadería, y en los territorios donde estas se desarrollan.

Una señal de la reconfiguración de la economía de la coca y cocaína en el país fue el bajo precio de compra de pasta base que desde finales de 2022 eliminó la utilidad para los campesinos cocaleros en algunas regiones. Este cambio ha sido explicado como una crisis en la economía de la coca a nivel general, sin embargo, lo que hemos observado en territorios visitados (por ejemplo, en Meta y Putumayo) es una crisis en los primeros segmentos de la cadena, que son mayoritariamente campesinos. Este proceso de reconfiguración de la economía de la coca y cocaína está principalmente vinculado con la salida del actor regulador en el 2016, las FARC-EP.

A su vez, la UNODC (2023) ha reportado que en algunas regiones del país se está promoviendo un modelo agroindustrial que integra la producción, la transformación y el tráfico de la cocaína. La economía de la coca y la cocaína se está transformando, generando incertidumbre e inestabilidad, pero también están cambiando sus vínculos con las economías legales. Algunos de los municipios tradicionalmente cocaleros se transforman en territorios ganaderos y/o mineros. Por ejemplo, en el sur del Meta, la coca en varias veredas es un asunto del pasado y la economía central es ahora la ganadería. En el Medio Putumayo, el oro y el ganado ahora son las economías que cobran protagonismo.

Algunos campesinos de Putumayo y Meta explican que, anteriormente, la coca se daba en forma paralela a la ganadería y ambas constituían fuentes de ingresos complementarias. En la actualidad, con los bajos precios de la pasta base, la ganadería se ha convertido en la fuente principal de ingreso para aquellos campesinos que, bajo ciertas condiciones, lograron sustituir la coca. La ganadería, entonces, parece estar compensando el costo de oportunidad de la coca. Sin embargo, esto no quiere decir que los grupos armados no regulen esta economía. En nuestras visitas a campo encontramos que los GAO manejan esquemas de “impuestos” sobre gran parte de las actividades económicas. En el caso de la ganadería, las disidencias cobran anualmente a los campesinos del sur del Meta $10.000 por cabeza de ganado, otros 10.000 por hectárea, y 7.000 por cabeza en el nororiente del Medio Putumayo.

La minería, por su parte, es la actividad receptora de antiguos raspachines de hoja de coca y también está siendo cada vez más imprescindible para aquellos campesinos que anteriormente obtenían ingresos de la coca y el oro de manera complementaria. En el pasado, algunos campesinos en el Medio Putumayo, por ejemplo, tenían en su finca un área de tierra destinada a la operación de extracción del oro y otra para el cultivo de la coca y su procesamiento como pasta. Ahora, la minería de oro es su única posibilidad de subsistencia. Estos campesinos que trabajan la minería de montaña también están sujetos a la regulación armada de GAO: los grupos presentes cobran “impuestos” en especie que oscilan entre 1 y 2 gramos de oro mensuales, más 25.000 pesos en efectivo adicionales mensuales para un denominado “comité minero”. Los grupos armados, a su vez, también pueden ser dueños de maquinaria y operar directamente entables mineros.

Así, no solo se está transformando una de las economías ilícitas que se ha vinculado de diversas maneras con el conflicto armado en Colombia, sino también sus relaciones con actividades económicas que bajo la normativa actual podrían ser legales. Esto, entonces, está cambiando paisajes y los usos del suelo en varios municipios previamente cocaleros. Las transiciones de una economía intensiva en trabajo, como es la coca, a una economía intensiva en tierra, como es la ganadería, lleva a transformaciones de paisajes, especialmente amazónicos. El aumento de las explotaciones de oro que utilizan mercurio y cianuro están también contaminando las fuentes hídricas.

En este contexto, hacer la paz con la naturaleza será un reto enorme. Las economías campesinas transitan entre la coca, el oro y la ganadería con efectos ambientales que no estamos considerando. La coca y el oro catalizan dinámicas regionales e inyectan recursos en la economía que permiten que nuevos actores, no campesinos, inviertan en grandes extensiones de pastos para ganadería, principal motor de la deforestación amazónica. Pero, en muchos casos, estas inversiones en pastos no aumentan el hato ganadero, lo cual sugiere patrones de acaparamiento. Además, grupos armados inciden en diferentes momentos de las cadenas de valor de estas economías.

Las apuestas ambientales del Gobierno de Gustavo Petro deben atender los conflictos socioambientales producto de los procesos de reconfiguración del conflicto armado que están cambiando económicamente y territorialmente el país. Son múltiples los impactos ambientales que está teniendo la transición de una economía ilícita como la de la coca y la cocaína hacia economías “legales” como la de la ganadería y la del oro.

El Estado colombiano debe ser el que regule las diferentes actividades económicas con estrategias diferenciadas para abordar la economía campesina y atacar la economía criminal. Es necesario empezar por un ordenamiento productivo de la actividad ganadera, implementando sistemas efectivos de identificación y seguimiento a lo largo de toda la cadena de distribución del ganado. Frente a la minería de oro, los esfuerzos de formalización deben también dirigirse hacia áreas que, aunque no se consideran tradicionalmente mineras, actualmente son epicentros de un incremento significativo en este tipo de actividades. Los sistemas de trazabilidad para ambas economías son fundamentales para evitar mayores costos ambientales. De igual manera, las intervenciones asociadas a la infructuosa tarea de reducir la coca deben considerar los efectos ambientales que ocasionan. La sustitución de economías ilícitas debe buscar economías sostenibles alineadas con la vocación socioambiental de los territorios. Si reemplazamos la coca por vacas en territorios importantes en términos de biodiversidad, no habremos hecho ninguna mejora en términos ambientales.