Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La guerra no es la solución para alcanzar la paz en Colombia. En esta verdad de perogrullo concuerdo con un buen número de compatriotas interesados en cosechar el que es quizá el mayor anhelo de los colombianos y en hacer realidad el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional.
Claro, tampoco creo que el camino sea negociar la majestad del Estado para obtener las migajas de una paz que está más esquiva que nunca. De ahí que mi oposición al proyecto conocido como Paz Total no deviene de su autor, sino de lo irreal e infructuoso de esta iniciativa presidencial con tintes populistas.
Basta con recordar al candidato presidencial Gustavo Petro cuando aseguró que el ELN dejaría de existir tres meses después de que él fuera elegido para ocupar el solio de la Casa de Nariño.
De ahí que vuelva a retomar mis argumentos anti-Paz Total en la hora cero que fijó el ELN para dejar de financiar sus actividades con el secuestro (léase toma de rehenes a la luz del ius in bellum). Debo señalar que no es la primera vez que la organización hace un anuncio similar y al cabo de unos días traiciona su palabra.
Este es el quid del asunto. Si se entiende la paz como aquella realidad opuesta a la guerra, la vigencia absoluta del imperio de la ley se erige cual paradigma que no admite ambages de ninguna naturaleza. La sujeción a la Constitución y a las leyes, la separación de los poderes públicos y el respeto a la autoridad, hacen parte de ese imperio y no son puntos negociables.
La vigencia del imperio de la ley exige del Estado el control total y efectivo del territorio, cosa que no ocurre hoy. El Estado no puede hacer concesiones a ninguna organización o grupo, bien sea armado, pseudo político, social o étnico.
Si en el pasado se condenó la conformación de ejércitos privados como las autodefensas campesinas de los años sesenta o las Convivir en la década de los ochenta –que mutaron en estructuras de corte criminal y mafioso como las Farc y los grupos de Autodefensas–, mal haría nuestra sociedad si aprueba franquicias como las guardias indígenas, campesinas, negras o palenqueras.
Para cumplir con esta obligación mayúscula, el Estado se debe apoyar en los organismos de seguridad constituidos legal y legítimamente. Exigirle al Estado que imponga su majestad sobre los violentos no es atizar la hoguera de la guerra.
En consecuencia, el anuncio que hizo el ELN sobre el secuestro no debería ser considerado como un gran logro de la Paz Total, sino un imperativo ético y una línea roja que jamás deberían cruzar aquellos que se oponen al establecimiento.
Claro que esta “supuesta” suspensión “definitiva” de los secuestros —las comillas son mías— está supeditada a la extensión de las prórrogas del cese al fuego que se susciten en el marco de los próximos ciclos de negociaciones entre el Gobierno y el ELN.
Algo similar sucede con el tráfico de narcóticos derivados de los cultivos de hoja de coca, la marihuana y en menor escala la amapola, actividad ilegal que históricamente ha financiado el aparato bélico de las organizaciones armadas al margen de la ley colombianas.
En vez de disminuir, los sembradíos de hoja de coca crecen sin control. Según Naciones Unidas, estos alcanzaron las 230 mil hectáreas en 2022 y solo resta saber cuánto más crecieron en 2023 una vez salgan las cifras oficiales.
En este histórico crecimiento de los cultivos ilícitos juegan un rol importante las disidencias de las Farc —inmiscuidas de lleno en el ilícito— y sus socios estratégicos, como son los carteles mexicanos de la droga, los combos criminales y las bandas emergentes.
He aquí otro gran vacío entre la realidad en los territorios y la arquitectura de la Paz Total, como quiera que el Gobierno no controla esa Colombia profunda de la que habla y apenas ha logrado sentarse a conversar con el autodenominado Estado Mayor Central de ‘Iván Mordisco’.
Al final del día, la seguridad en las áreas rurales y urbanas se deteriora en grado superlativo, sin que hasta el momento se logren avances significativos de paz en las mesas de diálogo activas, que en los primeros meses de este año esperan el sexto ciclo con el ELN y el cuarto con un tercio de las disidencias farianas. ¡El panorama no es nada alentador!