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Una tarea que no da espera de cara al posconflicto es la definición de los mecanismos sociales mediante los cuales se materializará de forma concreta la reinserción de los excombatientes. Esto con el propósito de garantizar el éxito del proceso de paz.
Si no se garantizan las vías adecuadas para la integración en pleno de quienes renunciarán a las armas y se han sumado al pacto social, el resultado final podría ser el recrudecimiento de la intensidad de la violencia urbana, como sucedió luego de la Guerra civil en El Salvador.
La paz no consiste simplemente en tender un pendón de “bienvenidos”, en los edificios de las entidades públicas. No. La paz es la apuesta de construir justicia social con los marginados, con los hijos de nadie, con quienes piensan distinto, y de sepultar para siempre las situaciones sociales que llevaron a un puñado de hombres hace cinco décadas a desafiar el poder del Estado.
¿Quién dijo que la paz sería un lecho de rosas?. Este es el momento crucial en el que el Gobierno debe invertir en asegurar la estabilización del país.
Ya decía Adam Smith que una de las claves del desarrollo económico de una nación se encuentra en el capital humano con el que cuenta. Y esa es precisamente la tarea en Colombia: formar a quienes no pueden acceder al sistema educativo pagando, y al mismo tiempo integrar a quienes dejan la guerra.
Para impulsar el desarrollo del campo, con nuevo enfoque territorial, será clave contar con un capital humano que responda a las necesidades de esta nueva ruralidad: ingenieros capaces de asumir los retos del terreno; médicos para atender las dolencias y enfermedades de los habitantes rurales, más zootecnistas y técnicos para encargarse de los retos del salto tecnológico.Es necesario, además, mejorar las condiciones de trabajo de los docentes que trabajan en las zonas rurales del país para que los mejores estudiantes quieran ser profesores, y que los niños no tengan que atravesar acantilados, filos y abismos para educarse, sino que tengan refrigerios decentes, y rutas de transporte adecuadas a sus necesidades, así como docentes con la mejor formación pedagógica.
Urge propiciar mayores oportunidades para que los estudiantes de las regiones fronterizas puedan acceder a la educación superior y no se conviertan en el carbón que alimenta el fuego del crimen y la violencia en el país. En ese mismo sentido no hay que empezar de cero. La Universidad Nacional ha venido implementando programas como el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) que busca liderar la inclusión social facilitando el ingreso a la educación superior en las sedes andinas.
Una gran apuesta por la educación de esta nueva generación que se formaría en las grandes ciudades y regresaría a sus municipios, poblaciones, localidades o veredas para sepultar –de la mano de la educación– el clientelismo y la corrupción de las mafias regionales, o en el peor de los casos, la avaricia ilustrada de algunos líderes que manejan los recursos públicos como dinero de bolsillo.
El proceso de paz significa la modernización del campo para superar el legado colonial y la renovación de las relaciones políticas dejando atrás los paternalismos, la corrupción y la ausencia de veeduría.
Además, al desaparecer las Farc, uno de los grupos que le disputa el monopolio legítimo de la violencia al Estado, el Gobierno podrá concentrar todo su poder bélico en perseguir a las bandas delincuenciales que azotan las carreteras y extorsionan a los transportadores, comerciantes y viajeros.
La paz es el primer paso para que Colombia use todo el potencial biogeográfico, industrial y el capital humano en beneficio de la humanidad.