El costo humano de la crisis en Buenaventura

Marcelo, un artista y líder social juvenil que vivía en el barrio los Pinos en Buenaventura, fue asesinado por sicarios el 9 de mayo. El 22 de mayo, tres miembros del Proceso de Comunidades Negras fueron atacados con armas de fuego por hombres desconocidos en la misma ciudad. Dos de ellos, Duván de 24 años y Jhony de 23 años, se encuentran heridos de gravedad. Hasta hace pocas semanas el Gobierno Nacional veía en Buenaventura el primer laboratorio de la Paz Total. Hoy los habitantes de la ciudad están una vez más atrapados en medio del escalamiento de la violencia entre dos bandas, las Shottas y los Espartanos, que atemorizan esta ciudad portuaria.

Resistencia a través de la música

Marcelo hacía parte del grupo Activos y Pendientes Buenaventura, desde el cual usaba la música y el baile para acompañar a jóvenes y adultos mayores de la comuna 10. Era conocido por toda Buenaventura por el amor que le tenía al territorio y su incansable lucha por mejorar la vida de jóvenes como él. Las razones de su asesinato son desconocidas. Su muerte refuerza en Buenaventura el miedo a trabajar por el territorio y la desesperanza que aumenta día a día con la violencia.

“Queremos defender el derecho a la vida” es uno de los versos de la canción “Yurumanguí un territorio de paz” del grupo Matachindé, quienes a través de la música y de cantos tradicionales hacen denuncias sociales sobre la realidad que se vive y que no se cuenta. Al igual que el resto del Pacifico, en Buenaventura se hace resistencia a través de la música. Los sentimientos sólo pueden ser transmitidos a través de un bombo, un cununo y unas voces que recuerdan que se vive porque se resiste.

Líderes sociales y músicos tradicionales le han apostado a la construcción de paz desde el arte. Entre ellos Duván y Jhonny, nativos de la comunidad negra del Río Yurumanguí, quienes con su música preservan y transmiten las tradiciones culturales del Pacífico. Al momento de escribir esta columna, Duván se encuentra en el hospital luchando por su vida. Atacar un líder social es también un intento de acallar las voces de resistencia y los cantos de realidad expresados en el repicar de su cununo y su bombo. Es inexpresable la zozobra que se siente en este momento. Cada día en la ciudad se prenden velas con la esperanza de volver a ver a Duván tocando con la alegría que lo caracteriza. La vida de los líderes sociales está en constante peligro y no se sabe cuántas víctimas más debe dar el territorio para que cese la guerra.

Los retos del laboratorio de la paz

Según la Fundación Indepaz, Marcelo es el líder social número 61 que ha sido asesinado en Colombia en lo corrido del año. Su muerte refleja el complejo panorama que enfrenta la política de la Paz Total en Buenaventura. Desde el pasado 2 de octubre, la ciudad fue el escenario de una tregua entre las dos mayores bandas criminales que se disputaban el dominio de la zona urbana, los Shottas y los Espartanos. Promovida por la Diócesis de la ciudad, la tregua fue recibida con alivio por los bonaverenses. Aunque ésta no solucionaba las décadas de violencia y abandono estatal, trajo consigo la suspensión--aunque temporal--de los toques de queda y las balaceras habituales de los últimos meses.

Además de estas bandas urbanas, en Buenaventura existen otros grupos que producen violencia y temor. En la zona rural se enfrentan dos disidencias de las FARC: la columna Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia. Además, como ocurre en muchas partes del Pacífico, el ELN se disputa el territorio con las Autodefensas Gaitanistas. Según las denuncias de comunidades rurales, el cese al fuego decretado por el Gobierno Nacional en 2022 terminó favoreciendo a estos grupos armados. Su gobernanza se tradujo en otras formas de control, como las restricciones de la movilidad. Como respuesta a la agudización de la crisis, el pasado 22 de marzo nueve consejos comunitarios y comunidades indígenas marcharon para denunciar la situación de confinamiento y violencia que viven.

Les recomendamos: El cartel de los embargos que dejó a Buenaventura al borde de la quiebra

Según cifras oficiales, después de la tregua en la zona urbana de Buenaventura transcurrieron 85 días sin homicidios. Sin embargo, en abril el asesinato de uno de los voceros de los Shottas involucrado en la mesa de diálogo llevó a la reactivación de las confrontaciones. Similar a lo ocurrido en la zona rural, según la Fundación Paz y Reconciliación, la tregua pudo haber llevado al fortalecimiento de ambos grupos. La suspensión de hostilidades permitió el ingreso de sus miembros a zonas anteriormente inaccesibles, donde su control se expresa a través de prácticas como el cobro de extorsiones y las amenazas. Por esta razón, es preocupante la posibilidad de que el rompimiento de la tregua desemboque en un nuevo ciclo de violencia, alimentado por el fortalecimiento económico de los grupos y por conflictos internos para escalar la cadena de mando.

Buenaventura es un microcosmos del complejo panorama que debe abarcar la política de la Paz Total. En el proceso ha habido aciertos, como los esfuerzos por avanzar simultáneamente en los diálogos con organizaciones rivales que compiten por el control territorial en una misma región. Asimismo, es un acierto por parte del gobierno priorizar la desarticulación de estructuras criminales y no la captura de líderes puntuales. Sin embargo, esta estrategia también ha sido costosa, pues la Oficina del Alto Comisionado no tiene los recursos institucionales -en términos de personal en las regiones, información y capacidad logística- que son necesarios para avanzar de manera coordinada en los diálogos de diferentes regiones del país. Así, en los últimos meses se han inaugurado múltiples mesas de diálogo, pero éstas carecen de protocolos y mecanismos de verificación que permitan medir sus avances. La consecuencia son acuerdos frágiles, que -como en Buenaventura- dependen de la buena voluntad de los grupos armados participantes.

Lo ocurrido en Buenaventura también refleja los riesgos de avanzar en los diálogos con los actores armados sin haber establecido un marco jurídico que establezca con claridad el sistema de incentivos que enfrentarán al someterse. Los meses a la espera de la Ley de Sometimiento sin duda han desgastado la voluntad de paz de los grupos armados. Sus miembros, además, enfrentan incentivos muy heterogéneos para acogerse a la ley. Para los jefes, que ya se encuentran en la cárcel o con procesos penales avanzados, puede resultar atractiva la posibilidad de acceder a penas alternativas.

En cambio, los mandos medios podrían ver este escenario como una oportunidad para reemplazar a estos jefes en la jerarquía del grupo y así aumentar su acceso a las rentas ilegales que ellos controlaban. Los líderes de estos grupos no necesariamente comandan la obediencia de miembros de menor rango, por tanto difícilmente podrán ofrecer garantías sobre la no reincidencia de estos individuos. Entre tanto, mientras el gobierno continúa ajustando su política de seguridad y el Congreso sigue debatiendo un Proyecto de Ley de Sometimiento, en Buenaventura jóvenes como Marcelo pagan el tiempo de espera con sus vidas.