La conflictividad urbana en Colombia viene deteriorándose de manera acelerada. Hechos de violencia cometidos por diversas organizaciones armadas en el territorio nacional, así como propaganda alusiva a las disidencias de las FARC-EP en ciudades como Cali y Bogotá, tienen arrinconados a los mandatarios locales y en medio de la zozobra a la sociedad en general.
El reciente asesinato de una patrullera de la policía en Neiva, las 7 masacres en lo que va corrido del año en Barranquilla, la oleada de homicidios y fleteos de gran impacto en Bogotá, como el ocurrido en la Carrera Séptima por una banda de criminales; tienen a la ciudadanía agobiada (El Espectador 2023; Pallares 2023; Toro, 2023).
En estos y otros casos, han dejado en evidencia las dificultades en las competencias subnacionales para atender la seguridad que sigue estando centralizada en el Gobierno Nacional. La Alcaldía de Bogotá acaba de radicar en el congreso dos proyectos de ley en la dirección de fortalecer las competencias locales contra el delito: el primero se trata de la creación de una Policía Local y el segundo un proyecto de ley para que equipos territoriales de Convivencia impongan comparendos (Vargas, 2023).
El proceso de mutación de las estructuras criminales del campo a la ciudad terminó siendo un efecto colateral al incumplimiento del Proceso de Paz de La Habana. La expansión de los cultivos ilícitos y la débil implementación de los acuerdos, produjo el aumento de la producción de clorhidrato de cocaína y la expansión del mercado interno (UNODC, 2022). Esto ha dada como resultado un aumento por la disputa de las rutas de exportación de la droga y un crecimiento del microtráfico en las zonas urbanas.
El crecimiento de las cifras relacionadas con hechos de violencia, delincuencia e inseguridad, en particular, de la extorsión, hurtos y masacres son muestras de la toma del territorio de estas organizaciones criminales. Cada una de estas expresiones violentas o delincuenciales han sobrepasado las capacidades de alcaldes y gobernadores. A lo que se suma, la ausencia de instrumentos adecuados para el combate de estructuras criminales complejas, quedando en la mitad de una guerra por el control de rentas ilícitas.
En medio de esta compleja situación, la apuesta de la Paz Total no ha tenido en cuenta una política pública que brinde respuestas a esta compleja situación, en particular qué hacer con las estructuras criminales que se están consolidando en los escenarios urbanos. Lo acontecido en Neiva fue atribuido a las disidencias de las FARC que lo asumen como una acción militar, por no estar en ningún cese al fuego. En el caso de Barranquilla las bandas criminales de Digno Palomino y Castor declararon un cese al fuego -sobre todo frente a la extorsión- para pedir su entrada a dicha política. ¿Qué pasará si no son recibidos? ¿se recrudecerán sus acciones delictivas?
Expertos como Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo han alertado sobre los posibles incentivos negativos que puede estar generando las negociaciones de paz en el incremento de la conflictividad urbana, en el entendido, que las estructuras intermedias, en las ciudades buscarían con acciones violentas posicionarse en las eventuales negociaciones (Trejos & Badillo, 2023).
Por otro lado, según la más reciente encuesta realizada por INVAMER publicada el pasado 9 de agosto 2023, demuestra que la seguridad y el orden público han vuelto a ser el tema de preocupación de las y los colombianos llegando a un 26%, teniendo en cuenta que desde el segundo gobierno de Juan Manuel Santos no se habían registrado porcentajes por encima del anteriormente mencionado, desplazando a otros temas como la economía y el desempleo.
¿Qué se puede hacer? Por un lado, crece en la ciudadanía y algunos mandatarios respuestas populistas a problemáticas complejas y diversas. Sobre todo, las ligadas a la represión, donde se aclama por el uso de la fuerza excesiva como por ejemplo sacar el ejército a las calles o autorizar el porte de armas, que son “paños de agua tibia”, que busca transmitir a la ciudadanía una falsa sensación de autoridad y control de la situación por parte de los dirigentes de turno. Sobre este tipo de políticas, no olvidemos el caso de México donde ocurrió una experiencia no muy grata con estas respuestas de choque y la llamada “militarización”. Al final se exacerbó el conflicto y se le echó gasolina a un incendio ya generalizado (Pérez, 2021). Organizaciones como WOLA han advertido de esta situación y sobre todo en la pérdida de confianza en la fuerza pública y el alto nivel de violación de los derechos humanos.
También, otras voces piden respuestas en la lógica del enfoque de la seguridad desde las causas objetivas, es decir, por la falta de respuestas sociales por parte del Estado. Las cuales son un elemento importante, pero que no terminan de explicar del todo la problemática.
¿En medio de las elecciones se puede pensar en proponer enfoques más integrales y que respondan de manera más efectiva a la diversa realidad de nuestras ciudades? Por lo tanto, desde FORO hacemos un llamado para que los futuros alcaldes y alcaldesas conformen estrategias con enfoque en seguridad pública, alimentaría, diversificar las ofertas en educación y uso del tiempo libre no solo para para jóvenes, niños y niñas, sino, también, para adultos y familias, oportunidades de estudios superiores y fuerza pública. La propuesta es clara, el enfoque de seguridad no debe ser militarista, sino una donde la vida de la ciudadanía esté en el centro.
*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).