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Una de las banderas de campaña del actual presidente Gustavo Petro fue su apuesta de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y virar de forma más ágil hacia la transición energética en el país. Sin embargo, resulta curioso el cambio que ha tenido su discurso con la realidad materializada en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento en el que se reconocen apuestas importantes para tal fin, pero que deja varias incertidumbres sobre la manera en que se implementará el enfoque de transición justa en el país.
Al contrario de los planteamientos de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la aceleración de la transición energética, el Plan habla de una estrategia ordenada, con metas de mediano plazo y basada en el análisis técnico de la demanda y la oferta de combustibles. Adicionalmente, plantea la importancia de abordar asuntos como la seguridad y la justicia energética, la incorporación de procesos locales a la dinámica de consumo de energía y la priorización de fuentes alternativas como el hidrógeno verde a través de la figura de comunidades energéticas. Por último, le da importancia al diálogo vinculante como mecanismo para visibilizar las apuestas sobre estos temas desde los territorios.
La apuesta de participación desde el territorio, reflejada, además, en la hoja de ruta para la transición energética, es una estrategia innovadora en el sector extractivo, caracterizado por la toma de decisiones concentrada en el Gobierno nacional. A pesar de ello, hay varias dudas sobre su implementación y alcance real. Un precedente cercano fueron los diálogos vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales carecieron de diálogo y del carácter vinculante. En este sentido, atendiendo los errores recientes, se debe pensar el diálogo como un proceso con garantías, metodologías lúdicas, incluyentes y favorables para la discusión de elementos cruciales y problemáticos de la transición, con el fin de recabar insumos que favorezcan una hoja de ruta acorde con las necesidades ciudadanas y los objetivos gubernamentales.
Por otra parte, varias disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la materia resultan polémicas o contradictorias. Por ejemplo, el artículo 233 reforma el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 para aumentar las transferencias por venta de energía en plantas solares y eólicas del 1% al 6%. Si bien el argumento para motivar este aumento tiene que ver con fuentes de recursos para las comunidades de las zonas donde se encuentran estas plantas, en la práctica termina por ser un desincentivo para el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables.
En cuanto a la disponibilidad de combustibles (hidrocarburos y gas), recientemente la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- publicó el informe sobre las reservas de crudo y gas en el país, con la desesperanzadora noticia de que la proyección es aun menor a la planteada inicialmente por la ministra Irene Vélez, con un periodo de 7,5 años para el crudo y 7,2 años para el gas, siendo este último un recurso fundamental para la transición propuesta por el gobierno nacional.
Ante este panorama, resulta complejo para el gobierno nacional materializar esta transición cuando buena parte de los posibles recursos que servirían para apalancar los costos de la transición a energías renovables, se esperan obtener de la producción de minerales e hidrocarburos. Es decir, con un escenario de reservas probadas para hidrocarburos y gas de 7 años, vuelve a ponerse sobre la mesa la discusión de aceptar nuevos contratos de exploración para ampliar este horizonte.
Ahora bien, no todo es malo en la apuesta del gobierno nacional por implementar la transición. Se debe reconocer asuntos interesantes como las comunidades energéticas para la generación de energía en cabeza de los beneficiarios. Por supuesto, esto tendrá que ser reglamentado de manera muy cuidadosa de manera que no queden vacíos en su ejecución y control. s importante la creación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva (artículo 231) como una iniciativa que permita fortalecer a los pequeños mineros en las regiones para la explotación de minerales estratégicos, al tiempo que sirven para potenciar otras actividades económicas que contemplen las vocaciones productivas de los territorios.
Sin embargo, el gobierno nacional deberá contemplar otros elementos clave para avanzar en una ruta de transición energética justa que, a su vez, aporte a la construcción de paz y la tramitación de conflictos socio-ambientales derivados de la explotación de minerales e hidrocarburos, al igual que por la implementación de proyectos de energías renovables.
La participación de las comunidades y los territorios es fundamental para identificar las oportunidades de implementación de proyectos de energías renovables que estén acordes con las vocaciones y las particularidades sociales, ambientales, económicas, etc. de los territorios, así como para la explotación de minerales estratégicos. Es decir, no se pueden repetir los problemas históricos asociados a la explotación de minerales e hidrocarburos caracterizados por la exclusión de las comunidades tanto en la concertación como en su vinculación a estos proyectos.
También resulta importante, además de potenciar apuestas de diversificación productiva, fortalecer los procesos e instrumentos de planificación territorial para que sea un proceso organizado, claro y transparente en el que todos los actores tengan acceso a la información al respecto.
Para ello, los principios de coordinación y concurrencia serán estructurantes para armonizar el relacionamiento entre nación y territorios para propiciar un diálogo y concertación constante que subsane los errores pasados donde se imponían decisiones en los territorios tomadas desde el nivel nacional lo cual ha generado conflictos y resistencias sociales dadas las dinámicas de exclusión de las comunidades y la falta de garantías para participar. Por ejemplo, recientemente la empresa Enel ha decidido suspender la construcción del parque eólico Windpeshi en la Guajira por los retrasos en su ejecución debido a las constantes protestas de las comunidades desde el año 2021.
Por último, es necesario generar estímulos para que el sector privado asuma compromisos e inversiones en la consolidación de la transición energética. Si bien, el aumento en la tasa de transferencia por venta de energía se percibe como un retroceso en estos estímulos, habrá que pensar en otras alternativas que incentiven la inversión en nuevos proyectos acompañado de procesos de reentrenamiento y apoyo laboral.
Es un panorama complejo que implica atender bastantes desafíos.
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