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La Constitución de 1991 creó la Defensoría del Pueblo, una institución cuya función es la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos. Caracteriza a la Defensoría del Pueblo la enseñanza de los derechos humanos y su ejercicio, así como la atención y protección de las personas más vulnerables y excluidas. El Defensor del Pueblo carece de funciones sancionatorias, está concebido como un mediador por excelencia, es un servidor público que tiene una alta investidura moral lo que le permite denunciar y opinar con credibilidad.
Luego de la renuncia del defensor del Pueblo Carlos Camargo, se avivó el clamor para que el presidente Gustavo Petro integre una terna con profesionales idóneos, que tengan experiencia y reconocimiento en derechos humanos, con una hoja de vida intachable, sin cuestionamientos ni escándalos, y así superar lo que ocurrió con el señor Camargo.
El Defensor del Pueblo no puede ser el escudero del presidente de la República que lo ternó, ni el encomendero de los representantes a la Cámara que lo eligieron.
El procedimiento previsto en la Constitución para la elección de este alto funcionario del Estado hay que cambiarlo, en especial porque el jefe de un organismo de control debe ser independiente y la Defensoría no puede ser el codiciado botín para pagar favores políticos.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo –SINDHEP- se ha pronunciado sobre el deterioro de la entidad en la administración del señor Camargo.
Develan que no se está cumpliendo con el mandato constitucional de protección de los derechos de las personas; su función se ha desnaturalizando como se puede constatar en los territorios; perdió la capacidad de exigir al gobierno la garantía de los derechos; los informes dejaron de tener la fuerza de la magistratura moral; y les preocupa especialmente el trastocamiento de la misionalidad defensorial.
A lo anterior se suma la abundante contratación y el clientelismo en la designación de funcionarios especialmente para los cargos directivos, tanto en el nivel central como en las regionales, esto no solo lo dice el sindicato, es un secreto a voces.
La gestión del defensor Camargo no se realizó con apropiación institucional sino con sesgo político, dependiendo si el presidente de la República era Iván Duque o Gustavo Petro.
Durante el gobierno del presidente Duque predominó la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza; en el estallido social, por ejemplo, la Defensoría entregó un informe donde no se evidenciaba la real situación de violencia con los y las jóvenes; el Acuerdo de Paz se incumplió y se obstaculizó su implementación; se atacó y descalificó a la Jurisdicción Especial para la Paz; hubo matanza de líderes sociales, reclamantes de tierras y exmiembros de las FARC-EP. El defensor del Pueblo fue lánguido, complaciente, actuó sin contundencia.
En el gobierno del presidente Petro, la posición del defensor del Pueblo cambió. Los pronunciamientos públicos, los comunicados y exigencias desde la Defensoría ante la alteración del de orden público, los diálogos de paz, y las tensiones de derechos, adquirieron otro tono.
Algunos medios de comunicación luego de la renuncia del señor Camargo sirvieron de caja de resonancia respecto a las mencionadas actuaciones, como si se hubiese cumplido con una gran labor. Hay cosas delicadas que van más allá del sensacionalismo, como el manejo peligroso e irresponsable que le dio el defensor del Pueblo a las alertas tempranas, ventilándolas por los medios de comunicación, poniendo en riesgo la vida de las personas en las regiones y a los servidores de la Defensoría que trabajan en esas entidades territoriales.
Este es el momento histórico para que el presidente de la Republica escoja personas idóneas e integre la terna, y el Congreso de la República elija acertadamente. Las voces de los servidores de la Defensoría del Pueblo deben ser escuchadas y las denuncias tramitadas; es la ocasión propicia, dado que dejó de existir ese cerco nudoso de amigos y compañeros de universidad: presidente de la República, defensor del Pueblo, vicedefensor y fiscal General.
Afortunadamente la Defensoría del Pueblo ha contado por muchos años con servidores públicos abnegados, capaces y comprometidos, lo que le permite mantenerse con cierta aceptación, a pesar de la elección decepcionante de algunos defensores del pueblo. Defendamos la Defensoría.