Policía para la ciudadanía y la paz

Es inaplazable estudiar y discutir asuntos como la reestructuración del ESMAD y de la policía, la justicia penal militar, la corrupción, la responsabilidad de los mandos vinculados con escándalos y la comisión de graves delitos.

Un acumulado de necesidades insatisfechas condujo a continuas protestas y exigencias ciudadanas a finales del año 2019 y en 2020, siendo imperioso el abordaje de la problemática a través de mecanismos democráticos de diálogo y concertación; quedó claro que las posiciones inamovibles del Gobierno y las reclamaciones violentas, no son procedimientos idóneos que permitan tratar los conflictos sociales y económicos. Pero la vida con su trasegar, en ocasiones inesperada e insólita, adicionó la pandemia del Covid-19, que continúa agudizando la crisis social y muestra una cruda realidad de desesperación, frente a una precaria subsistencia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los recientes acontecimientos de la muerte del señor Javier Ordoñez y de otras personas, se suma a numerosos abusos de la fuerza de policía con un desenlace trágico, peligrosamente unidos a la insatisfacción y los reclamos de la gente, a las matanzas que día a día se realizan en Colombia, todo ello rodeado de impunidad, sin duda una bomba de tiempo. Desde luego, la consecuente indignación produjo la legitima protesta ciudadana frente a estos actos de brutalidad; para contrarrestar los procedimientos desproporcionados de las autoridades de policía, algunas personas apelaron a conductas violentas, al vandalismo, que afectó la vida y la integridad, además se destruyeron cuantiosos bienes públicos y privados, ciertamente un contrasentido. Lo evidente, lo real, es que se hirió, se cegaron vidas y sueños, se perjudicó a familias -de los particulares y de los policías-, se destruyeron las ciudades; en conclusión, todos perdimos.

No es el momento de atacar a una institución como la policía ni a quienes cumplen con su deber; tampoco de felicitar a nadie con actitudes de poder desafiantes e imprudentes. Asumir la responsabilidad por las conductas realizadas es lo pertinente; aceptar que en la fuerza pública hay problemas de selección, de educación, de formación en las escuelas, de cumplimiento de los protocolos, del uso de la fuerza y de las armas.

Es inaplazable estudiar y discutir asuntos como la reestructuración del ESMAD y de la policía, la justicia penal militar, la corrupción, la responsabilidad de los mandos vinculados con escándalos y la comisión de graves delitos; urge poner sobre la mesa estos temas sin que estén vedados o se asuma como un ataque al gobierno de turno o a la institucionalidad. ¿Por qué se pide una reforma integral a la policía? Las razones saltan a la vista, hoy tenemos una institución castrense, un cuerpo de combate para enfrentar a las estructuras criminales y a las personas inconformes, incumpliendo el mandato constitucional que la define como un “cuerpo armado de naturaleza civil”. La Policía debe separarse del Ministerio de Defensa, se quiere una policía con identidad propia de servicio a la comunidad y guardiana de la convivencia, eminentemente preventiva y no un cuerpo de ataque o choque. Esa sujeción al mando uniformado, personal y jerarquizado es perjudicial, de ello deriva en parte el cumplimiento de órdenes absurdas y violatorias de los derechos humanos, cuya responsabilidad se diluye.

Hay que armonizar el órgano de policía con los momentos y exigencias actuales, se necesita una policía para la paz, cuyos miembros sean garantes de las libertades, profesionales honestos, preparados, sin resentimientos como consecuencia, entre otros factores, del trato degradante que reciben al interior de la propia institución. Un policía - ser humano, reflexivo, que proscriba la discriminación, plural, que acepte la diferencia y proteja los derechos fundamentales, que actúe no por miedo a la sanción sino por convicción; capaz de comprender que el ejercicio de las funciones repercute en la calidad de vida de los individuos y de los ciudadanos en su conjunto, como lo señala la ONU en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Por otro lado, se impone la obligación de censura, denuncia y judicialización a quienes realizan conductas criminales, rechazando las acciones de destrucción y terror. Es menester redoblar esfuerzos para insistir en una educación que forme en competencias ciudadanas y en deberes; inculcando el respeto y apoyo a las autoridades, exaltando lo valioso de la función policial, para cambiar la imagen de arbitrariedad y corrupción que ronda a estos servidores públicos, por la de un funcionario respetuoso y respetable.