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En la última semana se ha hablado mucho sobre el discurso del presidente Petro en la ONU. Más allá de revisar frase por frase, precisar algunos elementos y licencias casi poéticas que se dio el Presidente, el mensaje fue claro y contundente. Le dijo al mundo que Colombia está asumiendo desproporcionalmente los costos de la guerra contra las drogas y del cambio climático. Por lo tanto, hay que replantear las políticas en ambos temas. El paralelo tiene sentido por esta responsabilidad global y por qué la coca, aunque no es el motor principal de la deforestación, se expande en la selva y la política prohibicionista no resuelve la deforestación. La discusión global es necesaria pero también la discusión nacional.
Actualmente cursan al menos 5 iniciativas legislativas que intentan aterrizar este debate a la política nacional: el Proyecto de Ley 236 de 2020 del ex senador Marulanda del Partido Verde y el ex senador Feliciano Valencia del MAIS para regular la hoja de coca y la cocaína. Este proyecto está en trámite y podría ser votado en segundo debate en el Senado, si la mesa directiva asigna un nuevo ponente; el del representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, quien con el Acto Legislativo 02 de 2022 propone reformar el Artículo 49 de la Constitución para sustraer el cannabis de la prohibición del porte y consumo de estupefacientes; el Acto Legislativo 066 de 2022 del representante Carlos Ardila, del mismo partido, que retoma la iniciativa de Losada y agrega la necesidad de ceder el recaudo que se derive de esta regulación a los entes territoriales; el del representante Daniel Carvalho con el Proyecto de Ley 091 de 2022 que propone proteger los derechos humanos mediante la reglamentación para el consumo responsable y prácticas orientadas a la reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas; el del senador del Partido Comunes, Julián Gallo, con el Proyecto de Ley 055 de 2022 que propone implementar el tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca. Este proyecto pretende que los pequeños productores, incluyendo quienes transforman la coca en pasta base, no incurran en sanciones penales; y el del senador Gustavo Bolívar con el Proyecto 108 de 2022, que propone el marco regulatorio para la producción y comercialización de cannabis de uso adulto.
(Vea: Política de drogas: ¿Cuál sería el impacto de regular la coca y la cocaína?)
Desde el Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas (CESED) invitamos a varios de los congresistas a presentar y discutir sus iniciativas legislativas, para entender el alcance de las mismas y sus desafíos. En esta columna me quiero enfocar en presentar las implicaciones generales de estas iniciativas, si de lo que se trata es de avanzar en una nueva política de drogas.
El proyecto del exsenador Marulanda es quizás el más ambicioso, pues en en principio intenta abordar el nodo central de la prohibición y sus efectos, ya que en Colombia producimos el 68% de la cocaína que consumen 20 millones de personas en el mundo. Mientras que este mercado sea ilegal, los incentivos para los grupos armados y los grupos criminales son demasiados altos. Sin embargo, el mundo aún parece no estar listo para esa conversación y para dar pasos incrementales, yo empujaría la regulación de la hoja de coca, para permitir el desarrollo de un mercado alternativo legal, con usos diferentes a la cocaína. En esa misma línea, el PL del senador Gallo propone implementar un tratamiento diferencial para los cultivadores y procesadores de pasta base que se acojan al programa de sustitución. Este PL abre la puerta a la gradualidad en los programas de transformación territorial, en los cuales NO se exija la erradicación total para recibir los beneficios del programa. Este componente estuvo presente en las discusiones originales del Acuerdo de Paz y quedó olvidado en el camino. Si se trata de mejorarle la calidad de vida a los hogares cultivadores que no controlan el negocio y que el 52.7% están en pobreza multidimensional, la gradualidad permitiría una transición a economías lícitas, sin cortarles la principal fuente de sus ingresos.
El PL de Carvalho por su parte, no se mete en la discusión de la regulación. Pero de manera muy práctica parte de la premisa que el consumo de SPA existe, que este consumo va a continuar con un mercado legal o ilegal, que este consumo en la mayoría de los casos no es problemático, y que el énfasis debe estar en gestionar los riesgos, regulando para que los lugares habituales de consumo tengan lineamientos para promover un consumo responsable. Esto incluye caracterización de sustancias, rutas seguras de atención e información para los consumidores. Este PL se enmarca en el Artículo 14 de la Constitución sobre el libre desarrollo de la personalidad y el reto es que se entienda también como un tema de salud pública, pues está previniendo contextos en los que pueden ocurrir consumos inseguros y riesgosos.
(Le puede interesar: Claves para entender el debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto)
La discusión más álgida está, quizás, alrededor del Acto Legislativo del representante Losada. Para algunos es el paso necesario para poder regular la producción y comercialización del cannabis de uso adulto que propone el PL del Senador Bolívar. Para otros como Aquiles Arrieta, exmagistrado auxiliar y exmagistrado encargado de la Corte Constitucional, este Acto Legislativo es conveniente pero no necesario: “existe un espacio de interpretación muy amplío del Artículo 49. (…) Sin embargo, para la seguridad jurídica es clave tener un texto que esté en sintonía con la política que se está desarrollando” explica Arrieta.
El reto del legislativo está en tramitar estas iniciativas de forma simultánea y en coordinación con el ejecutivo. Buena parte de la nueva política de drogas depende del éxito de estos proyectos. De lo contrario, nos quedaremos con anuncios “poéticos” pero sin cambios concretos en la política nacional.