Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La respuesta es no. Lo venimos diciendo hace décadas desde la sociedad civil que trabaja por una reforma efectiva en las políticas de drogas y, ahora, lo reafirmó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su histórico informe sobre los “Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas”.
El informe, presentado el pasado 20 de septiembre en Ginebra, es el resultado del cumplimiento de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, en la que solicitó a la OACNUDH que lo construyera a partir de información de los Estados, UNODC, otras oficinas de Naciones Unidas y la sociedad civil interesada.
A partir del análisis de más de 100 contribuciones, el informe parte del reconocimiento de que, en el marco de la implementación de políticas orientadas a fiscalizar las drogas, los países han adoptado un enfoque punitivo con medidas represivas, yendo en contravía de los compromisos adquiridos de respeto, protección y promoción de todos los derechos humanos. Además, desarrolla, en clave de desafíos, los principales impactos generados por las políticas de drogas, mencionando concretamente el acceso insuficiente y desigual al tratamiento y los servicios de reducción de daños, la militarización, el excesivo encarcelamiento y el hacinamiento, la pena de muerte y el impacto diferenciado del punitivismo en las y los niños, jóvenes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas y las mujeres.
En cuanto a las recomendaciones, vale la pena destacar que el informe hace un llamado a abandonar los modelos punitivos, a considerar la regulación normativa de sustancias como una alternativa, a tener en cuenta los factores de vulnerabilidad de las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas, a poner fin a las políticas discriminatorias en la aplicación de la ley para las personas afrodescendientes, a incorporar y financiar servicios de reducción del daño, a evitar las fumigaciones aéreas y a colaborar de manera constructiva con las organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
¿Y Colombia qué?
El informe es más oportuno que nunca para Colombia, que prácticamente coincidió con la nueva política de drogas -que regirá durante los próximos 10 años-, recién presentada exitosamente en el Tambo, Cauca, por el Presidente de la República.
Teniendo en cuenta que la nueva política parte del reconocimiento de que no se pueden esperar resultados diferentes si se siguen implementando las mismas estrategias fallidas, la difusión y construcción del Plan de Acción pueden echar mano de las recomendaciones puntuales de la OACNUDH, en la medida en la que será fundamental articular lo ya establecido en la política nacional con lo expuesto por la máxima autoridad en materia de derechos humanos.
Igualmente, de cara a la importancia de retomar el liderazgo internacional en la reforma a la política internacional de drogas, será fundamental que el presidente, Gustavo Petro, la vicepresidenta, Francia Márquez, y quienes tienen funciones relacionadas con la formulación e implementación de políticas de drogas, incluyan en sus discursos el análisis del informe, ya que en sus 22 páginas (en la versión en español) da información suficiente para que afinen sus narrativas y puedan explicar claramente que la política de drogas tiene que ser con enfoque de derechos humanos.