Presiones políticas a los jueces ¿democracia?

Son varias las características del Estado de derecho, entre ellas está la supremacía de la ley, la que obliga a gobernantes y gobernados a estar bajo su imperio; la división de poderes, para evitar la concentración de las atribuciones en un solo órgano o funcionario; las elecciones populares libres e incluyentes; la independencia de los jueces, para que la imparcialidad de la justicia esté garantizada; los controles jurídicos y políticos sobre los funcionarios del Estado; y desde luego, la garantía de los derechos fundamentales, razón de ser de la existencia del Estado y presupuesto de legitimidad.

El presidente Duque ha asumido posiciones con respecto a los jueces que contrarían el respeto a la institucionalidad y desbordan sus funciones. No son nuevos sus embates a la JEP, sin que se pueda diferenciar si provienen del candidato a la presidencia o del presidente de la República que funge hace dos años. Estos cuestionamientos se utilizan como estrategia para llamar la atención de la opinión pública, una válvula de escape frente al descontento social en aumento, mientras la aceptación del Gobierno decrece. El mandatario parece no identificar la justicia transicional, ni su diferencia con la justicia ordinaria; el derecho penal del enemigo dista de la justicia restaurativa inserta en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición conforme al Acuerdo de Paz. Es necesario que el presidente, su partido y los detractores de la JEP se informen que este componente de justicia lleva funcionando solamente dos años y medio; que cuenta con más de doce mil quinientas personas sometidas; siete macrocasos abiertos en temas muy sensibles y delicados, incluido el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños, lo que involucra a miles de víctimas; que ha adoptado más de veintinueve mil decisiones judiciales; para citar algunas actuaciones y cifras. Es inaudito que se olvide el antecedente de cinco décadas de conflicto armado y que las investigaciones, juzgamiento y sanciones de los crímenes correspondía a la justicia ordinaria; pero evitar esas atrocidades, fue y será responsabilidad del Gobierno. No es lógico que se pida resultados y celeridad a la JEP, cuando el presidente obstaculizó la entrada en vigencia de la ley estatutaria durante varios meses; tampoco es aceptable exigir prontas condenas cuando hay un debido proceso que se debe respetar, eso no es “sofisticación” se llama acatamiento de la Constitución y la ley. Como se dice popularmente, está viendo la paja en el ojo ajeno, cuando el cumplimiento en la implementación del Acuerdo marcha a paso lento y la matanza de líderes sociales y excombatientes de las FARC, va a paso acelerado, sin que haya ninguna respuesta satisfactoria y eficaz.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, medida tomada ante posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que lo involucran. Lo consecuente en un Estado democrático es que se acate y respete la decisión, interponiendo los recursos previstos en la ley si no se está de acuerdo con lo resuelto; ello obliga a dotar de todas las garantías procesales al senador Uribe para que se defienda, las mismas con las que cuentan los aforados, los congresistas, entre ellas la doble instancia. Ello obliga a que no se pueda ejercer presiones políticas ni amedrentamiento contra los magistrados de la Corte Suprema; lamentablemente ya se escucharon las voces engoladas, con carga de vendetta proponiendo que se eliminen las cortes, incluida la JEP, vía

asamblea constituyente; solo en los sistemas absolutistas o en las autocracias hay concentración de poderes, permanencia indefinida en los cargos, soberanos o caudillos salvadores a los que no los toca la ley. La Corte Suprema está enviando un mensaje de independencia y de apego al derecho, está recuperando su prestigio salpicado por la corrupción de algunos magistrados. Total respaldo al comunicado de los presidentes de las altas cortes; ciertamente hay que confiar en la acción de los jueces, no se puede emitir providencias motivadas por presiones políticas, de opinión, religiosas, o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico.