¿Qué les pasó en la guerra a las personas con discapacidad?

El fantasma de los falsos positivos vuelve a rondar la realidad colombiana. Con alertas provenientes de medios serios con buena memoria, en otras latitudes, se nos avisa de la expedición de normativas que, en tiempos no muy lejanos, llevaron a prácticas que desencadenaron las peores formas de crueldad del conflicto armado colombiano. 

Los falsos positivos son, desde una perspectiva técnica, ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, esa acepción se queda corta para caracterizar lo que esa práctica, que tuvo un exponencial crecimiento en Colombia entre los años 2002 y 2008, implicó: no fue simplemente la muerte ilegal producida contra un ciudadano por parte de un agente del Estado abusando de su posición de poder. Se trató de la estrategia macabra de obtener beneficios al interior de las fuerzas militares, como vacaciones, ascensos, permisos y bonificaciones económicas por capturas, pero, sobre todo, por bajas de miembros de grupos armados ilegales. Esto llevó a que miembros del Ejército, utilizando engaños, como falsas ofertas de empleo, se aprovecharan de la situación de vulnerabilidad de personas que de buena fe acudieron a su llamado y fueron asesinadas para luego hacer parte de una puesta en escena que los presentaba como miembros de la guerrilla caídos en combate. Existen denuncias por más de tres mil casos de este tipo y expertos calculan que las muertes de estas características pueden ascender a más de cinco mil. 

La peor de las formas que adquirió este crimen de guerra fue el ocasionado contra personas con discapacidad intelectual, cuya condición fue deliberadamente abusada para facilitar el accionar delictivo del Ejército. Así, con mentiras, muchos de ellos fueron ‘reclutados’, ejecutados y contados como botín de guerra para acceder a los perversos beneficios. 

Hace un par de semanas el Instituto de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario expidió un documento sobre Conflicto Armado y Discapacidad, en el cual Colombia constituye el caso particular de estudio. Allí, entre otras vulneraciones a las que las personas con discapacidad han sido sometidas con ocasión del conflicto, se hace expresa referencia al tema de los falsos positivos. Se habla de solo 10 investigaciones penales abiertas por casos de esta naturaleza, 40 documentados por Naciones Unidas y centenas calculados por expertos en el terreno. El reporte de El Espectador del 26 de mayo pasado, sobre el informe de la Fiscalía en relación con los falsos positivos no se refiere a esta población como objetivo deliberado de la práctica a pesar de que existen testimonios y un conocimiento popular -aunque silencioso- de que esto habría ocurrido con frecuencia. Incluso, como parte de nuestra cultura popular, la serie “La Niña” de Caracol TV de hace unos años, presenta un caso de falso positivo contra un joven humilde con discapacidad intelectual a quien habrían atraído ofreciéndole un mango biche. La cruel idea de que personas con discapacidad son prescindibles en la sociedad ha sido una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginalización que se concretan en prácticas como la institucionalización forzada o limpieza social mostrando lo lejos que estamos como sociedad de reconocer en la diversidad un valor que nos enriquece. 

El nivel de vileza que la guerra colombiana logró adquirir bajo el ojo cómplice de muchos de nuestros gobernantes, con el abuso a personas que tienen mayores barreras para acceder a la protección social que el Estado le debe a todos sus ciudadanos, no puede dejar de denunciarse por cuenta del subregistro y tiene que ser parte del relato de nuestra memoria, precisamente en desarrollo de ese objetivo crucial de los procesos transicionales: la no repetición. 

Es preocupante que la falta de masividad, denuncia o pruebas sobre esta práctica, impidan a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, encontrar en estas conductas un ‘patrón’ que pueda documentar en su informe. Es probable que algunos casos no hayan sido denunciados plenamente por las condiciones de marginalidad de las víctimas y sus familias, o que hayan dado lugar a desapariciones forzadas, asunto que debería revisar la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. A su vez, la JEP, en sus pesquisas, necesita reconocer estas particularidades en la comisión de delitos, que deben exigir de quienes se acojan a los beneficios que ofrece, un mayor grado de contribución con la verdad y una reparación diferenciada para las víctimas involucradas. En esta misma línea, habrá que ver si la reciente ‘comisión de expertos’, conformada por el gobierno para analizar que las operaciones militares en el país se desarrollen conforme a los derechos humanos, dará cuenta de este fenómeno y no termine siendo otra fuente más de invisibilización.

El enfoque diferencial de discapacidad que reconocen los Acuerdos de Paz y que debe irradiar los trabajos de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, requiere de una mirada transversal específica que considere las características particulares que la población con discapacidad tiene y el impacto que el conflicto le ha producido y que amplíe los criterios para reflejar desde diversas perspectivas la realidad de nuestro conflicto. Las voces silenciadas de personas con discapacidad tienen que contar como parte del relato sobre las formas más ruines como la guerra se ha hecho en Colombia.