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Por María Clara Zea Gallego
Era una noche de fiesta. Recuerdo la emoción de anticipar un buen rato con mis amigos en una discoteca en Bogotá; el empezar a sentir la libertad del cuerpo moviéndose y el hilo de las conversaciones. Sin embargo, en un instante de quiebre, esa felicidad se diluyó en un escenario de miedo para mí. En algún punto quedé sola y me comencé a sentir desorientada e incómoda, pero logré llegar a mi amiga a tiempo y pedirle que nos fuéramos del establecimiento. Ella no titubeó, me navegó entre el mar de gente y me sacó de ahí, descubriendo al otro día que no recordaba nada y tenía problemas de visión, entre otros síntomas de la Escopolamina en el cuerpo.
Como esta historia hay muchas, tantas, que se han venido normalizando prácticas de cuidado como no dejar las bebidas o alimentos sin supervisar o ir en grupo a todas partes. Más allá de lo que cada una puede hacer, se necesita incluir dentro de las apuestas unas de reducción de riesgos y daños con enfoque de género, desde distintas iniciativas que confronten la inseguridad de ciertos espacios para mujeres y disidencias sexuales en aras de vivir una vida libre de violencias. Esto se debe hacer desde una protección institucional integral que no se aborde como una política de las “sustancias” sino de las personas.
Una propuesta que logró llamar la atención de los medios a comienzos del 2021 fue la campaña ¡Pregunta por Angela! de Asobares, que está inspirada en International Nightlife Association (I.N.A.) de Reino Unido. Esta apuesta por el cuidado colectivo busca “promover comportamientos de protección a la mujer en espacios nocturnos abiertos al público que reduzcan los riesgos y situaciones de vulnerabilidad ante cualquier evento de acoso y/o violencia física o sexual”.
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Los objetivos son capacitar a propietarios y personal de los establecimientos nocturnos en estrategias de atención a personas en situación de vulnerabilidad, así como articularse con autoridades locales activando un código. Este consiste en preguntarle a alguien del lugar por ‘Ángela’, un sinónimo de acción inmediata ante posibles violencias. Aunque suena como una apuesta creativa y que reconoce la urgencia de las situaciones a las que muchas mujeres y disidencias tienen que enfrentar en su cotidianidad, sigue siendo una apuesta de papel.
Al escribirle a Asobares preguntando por el estado de la iniciativa respondieron que apenas están en fase de sensibilización en algunos establecimientos nocturnos de la ciudad y, por tanto, aún no tienen mediciones de impacto. Esto refleja que la campaña todavía no cumple con la celeridad que ameritan las violencias. A pesar de que se celebra que existan estas apuestas, no se pueden quedar como elefantes blancos que promocionan una atmósfera de seguridad en bares y discotecas sin que esto se vuelva algo concreto, o que se priorice el interés lucrativo de estos negocios sobre el bienestar y seguridad de quienes estamos ahí.
Otra propuesta es la del “Sello Seguro” de la Alcaldía de Bogotá promulgada en el Decreto 372 de 2018, que incluye beneficios a establecimientos que tengan campañas de corresponsabilidad, de autorregulación y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Sobre esto, es importante que se articule con estrategias de reducción de riesgos y daños (RRD) en bares frente al consumo, se amplíe la veeduría sobre el alcohol adulterado y se creen protocolos de seguridad que vayan más allá de las cartillas que cuelgan en las paredes como adornos.
Este tema también ha llegado a las campañas electorales y, a pocos días de saber quién será el nuevo presidente, es fundamental conocer cuáles son sus propuestas encaminadas a fomentar espacios libres de violencias. En Elementa DDHH, al analizar las variables de género y consumo/RRD en sus programas encontramos diferencias sustanciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
En el primero, la prioridad del tema es alta. Habla de “la erradicación de todas las violencias contra las mujeres y la población LGBTIQ+” desde un enfoque generacional e intercultural para superar la desigualdad, el estigma y enfrentando todas las formas de violencia y discriminación” (pág. 11, 36). Para hacerlo, Petro propone un programa nacional de ciudades seguras libres de violencias contra las mujeres y disidencias sexuales desde el Ministerio de la Igualdad con protocolos de atención integral. No obstante, falta especificidad en las propuestas para visualizar el enfoque de género en el consumo de sustancias, como en sus “programas de salud preventiva y de reducción de riesgo y daño” (pág. 31).
En Hernández, por otro lado, la prioridad es baja. Aborda las violencias de género en el ámbito intrafamiliar, dejando de lado otros escenarios de riesgo. Él propone capacitar a los funcionarios para la aplicación de la ruta de atención a la mujer, sin incluir a las disidencias sexuales; tampoco tiene enfoque diferencial o interseccional, ni contempla rutas de acción frente a violencias y consumo de sustancias que incluyan RRD.
Con esto, se espera que quién llegue a la Casa de Nariño junto con Alcaldía, policía y bares cumplan con la urgencia frente a la atención, prevención y acompañamiento a las violencias de género para que nadie más tenga que pasar un mal trago en los lugares que habita.
*Integrante de Elementa DD. HH., organización que trabaja en política de drogas en México y Colombia