Sin armas, pero contra el reloj

Por Fernanda Barbosa*.

El tránsito de excombatientes de las Farc a la vida civil ha presentado avances reconocidos internacionalmente, principalmente en la llamada reincorporación temprana. Es decir, en los procesos realizados justo después de la entrega final de las armas, el 15 de agosto de 2017. Entre ellos están la acreditación de los excombatientes por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la atribución de cédulas, de cuentas en banco, de afiliaciones a salud y pensión y de dos ayudas económicas: una asignación única de dos millones de pesos y la renta básica, un pago mensual de 740 mil pesos, por 24 meses.

También comenzó el diseño del programa de reincorporación a largo plazo, en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). La institución, que tiene miembros tanto del Gobierno como de la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político), es responsable por decidir las rutas para la vida civil de los más de 13 mil excombatientes acreditados.

Pero, ahora, la formulación de soluciones sostenibles se da contra el reloj: en el día 15 de agosto empieza a vencer la renta básica para aquellos que la empezaron a recibir en el mismo mes de 2017 –pueden mantenerla los que estén estudiando. Además, termina la vigencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Hay más dudas que respuestas, aunque el gobierno haya garantizado que no va a haber un cambio brusco. Componentes de la Farc y del Gobierno en el CNR se reunieron la semana pasada para pactar directrices sobre el tema y, por ahora, el consenso es estabilizar 14 de los 24 espacios, pero aún quedan diez por definir.

En esos espacios, que empezaron como 26 para el proceso de desarme y luego fueron reducidos a 24, los predios no han sido comprados, y esa es una de las críticas de excombatientes: sin la tierra garantizada, ¿cómo adelantar un proyecto productivo sostenible? La necesaria salida económica y las  garantías de seguridad se presentan como los dos principales desafíos para el éxito de la reincorporación.  

Al menos 128 excombatientes fueron asesinados desde la firma del acuerdo hasta abril de este año, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Los dos últimos casos conocidos muestran un panorama complejo: el bebé Samuel David González, de 7 meses, murió el 13 de abril en La Guajira tras un ataque con disparos de arma de fuego al lugar donde estaban sus padres, ambos excombatientes del espacio territorial de Tierra Grata, en el César; nueve días después, el exmiliciano Dimar Torres fue asesinado en el Catatumbo, y se investiga la responsabilidad de militares por el hecho.

El Gobierno afirma que los esquemas de protección solicitados están activos, y que hay seguridad en los ETCR, pero los excombatientes no están restrictos a esos espacios. Además, los reincorporados sienten la violencia simbólica del estigma por haber pertenecido a una organización armada, lo que se siente hasta en trámites cotidianos, como la dificultad en abrir una cuenta en banco.

El otro gran desafío, la reincorporación económica, también se revela en los números. Solamente 1.044 excombatientes recibieron el desembolso para el proyecto productivo, menos de 8% de los acreditados. Ese beneficio corresponde a los 8 millones de pesos que cada reincorporado tiene derecho para invertir en una salida sostenible, por ejemplo, un cultivo o un negocio. Más allá de la demora institucional para su aprobación, los proyectos han enfrentado dificultades en su formulación: se exigen propuestas con planes de negocio y un lenguaje técnico que es ajeno la mayoría de los excombatientes.

El último proyecto con el visto bueno del CNR, por ejemplo, un café restaurante en Bogotá, llevó un año y medio para ser formulado. Con este, son 145 las propuestas aprobadas, siendo 24 de ellas colectivas y, la gran mayoría, 121, individuales. Aun es poco para garantizar la sostenibilidad de la reincorporación de más de 13 mil personas.