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Se suele definir la soberanía como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Desde la doctrina clásica, la soberanía del Estado posee un poder absoluto, superior y no sujeto a control, que le permite adoptar normas jurídicas para regir a la sociedad con sentido político; esto es, aquella donde hay gobernantes y gobernados. La soberanía es un atributo, predicado y también elemento del Estado.
Las opacas respuestas del presidente Duque y la canciller Ramírez, respecto a las recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la visita de trabajo a Colombia realizada en junio de 2021, prendió las alarmas del Gobierno para salir en defensa de la soberanía del Estado colombiano. El mensaje para los ciudadanos, así como para la comunidad internacional es lamentable.
Pareciera que el presidente no leyó el documento. Y si lo leyó, no lo comprendió, pues la CIDH condena todas las formas de violencia y recomienda: “Investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas”. La canciller desestimó los compromisos internacionales del Estado de Colombia en el Sistema Interamericano y la importancia que tiene el trabajo de la CIDH, respecto a la defensa y promoción de los derechos humanos. Las recomendaciones tienen un contenido ético y son vinculantes porque provienen de un órgano internacional independiente, que actúa conforme al derecho internacional de los derechos humanos, de ahí su especial valía.
La recomendación de separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa exacerbó al Gobierno. “La Policía se queda en el Ministerio de Defensa”, respondieron el presidente Duque y el ministro de esa cartera, Diego Molano. Pero la reforma a la Policía Nacional se ha pedido por amplios sectores de la sociedad, es una necesidad urgente, así lo percibió también la CIDH. Sin embargo, este tema no se puede tocar, es un inamovible. El presidente Duque, respecto al informe ONU (año 2019) sobre la situación de derechos humanos en Colombia, consideró una intromisión en la soberanía del país la recomendación de transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior.
En una entrevista a tres generales retirados de la Policía Nacional, para analizar si es conveniente sacar la Policía del Ministerio de Defensa como lo recomienda la CIDH, el general Héctor Darío Castro, exsubdirector de la Policía y presidente del Colegio de Generales, dijo: “En tres oportunidades muy concretas se ha pedido la salida de la Policía del Ministerio de Defensa, el primero que lo pidió fue Pablo Escobar en los años noventa; los segundos que lo pidieron fueron los de las FARC en la mesa de la Habana (Cuba) y los terceros que lo han pedido son los del Comité de Paro”. Con estos niveles de estigmatización y las graves conductas en la protesta, la reforma a la Policía es ineludible.
El respeto a la soberanía de los estados, utilizada por gobiernos de izquierda y de derecha en nuestro continente para descalificar el trabajo de la CIDH, es una fórmula populista que encierra confusión. “El gobernante tiene poder en el Estado, pero nunca posee el poder del Estado”, señaló Hermann Heller en su libro de Teoría del Estado. No se puede confundir el Estado con su gobierno y el poder del Estado con el poder del gobierno. El cumplimiento de los compromisos internacionales no son una afectación a la soberanía; por el contrario, el Estado como sujeto internacional honra lo pactado y asume su responsabilidad.
La CIDH actuó conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomienda, un proceso nacional de diálogo genuino, incluyente, en especial con “aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”. El documento de recomendaciones y observaciones de la CIDH está bien estructurado, es riguroso y equilibrado.
Adenda: El Gobierno pidió a las autoridades de Cuba respetar el derecho a la protesta pacífica y garantizar la libertad de expresión del pueblo, ciertamente, derechos inderogables y necesarios para contrarrestar las dictaduras y el autoritarismo. Un gobierno que predica, pero no aplica.