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A veces resulta complicado saber si la ‘Paz total’ que ha propuesto el presidente Petro está avanzando, retrocediendo o simplemente postergándose estáticamente en el tiempo.
No se trata de criticar de entrada la intención de apaciguar la violencia que tantos dolores trae y ha traído, sino más bien de reconocer que la ambición del proyecto es tal, que difícilmente se podrán sacar conclusiones prontas. La incertidumbre va, vuelve y aparece el riesgo de quedarnos en la parálisis. Para la muestra está el reciente ataque del ELN en el Catatumbo, que dejó nueve soldados muertos.
El país está a la expectativa de cómo continuarán los diálogos después de semejante remezón. Sin embargo, si nos centramos en lo que el Gobierno y ELN ya habían definido, hace apenas días, en el llamado ‘Pacto de México’, sí llama la atención de manera positiva que la participación de la ciudadanía, por lo menos, esté tomando un lugar central en las discusiones. En los seis puntos definidos con la intención de cesar el conflicto, aparece “la participación de la ciudadanía en la construcción de paz” como flamante punto número 1.
El documento habla del diseño de un modelo de participación vinculante y diverso desde lo territorial, lo temático y lo sectorial. También afirma que ese diseño deberá fortalecer la participación de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas y discriminadas como los adultos mayores, los pueblos étnicos, el campesinado y la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Por eso, que dicha intención haya sido puesta en el primer lugar de la lista da una idea de lo importante que puede ser que el nuevo punto de partida no esté en lo meramente militar. No obstante, más allá de esta declaración de intenciones y de la tensión actual derivada del atentado en Catatumbo, la gran pregunta que se abre es por el cómo de ese modelo de participación.
Hoy podemos decir que esta intención solo sería exitosa si, justamente, la sociedad civil sale fortalecida. De algo tienen que haber servido las enseñanzas del pasado, en especial la de 2016, cuando se pretendió refrendar popularmente el acuerdo con las Farc sin que su pedagogía fuera suficiente y sin que la apropiación de su contenido por parte de la gente pudiera desmarcarse del debate bélico y judicial.
No quiero decir que en las conversaciones de La Habana no hubieran estado representantes de la sociedad civil, sino que, entre todas las controversias, su presencia lució –en ocasiones– como un asunto netamente ornamental. Las voces de los territorios más afectados por los rigores de la violencia no pudieron ganar relevancia entre la tormenta de polarización y desinformación que siguió a la construcción del primer acuerdo. Ahora vemos que al proceso con las FARC le faltó participación, una lección que debemos honrar siendo proactivos desde sociedad civil ante la política de ‘Paz total’.
No obstante, sabemos que la ciudadanía se ha ganado un lugar que antes no tenía. El despertar con las marchas de 2019 y la consistencia que mostraron en 2021, son una prueba de que hoy su fuerza es mayor que hace siete años. El cambio de gobierno y las reformas que hoy hacen curso en el Congreso –en buena medida, pedidos que venían desde las calles– confirman que la ciudadanía está empoderada. De la impresión, entonces, de que su tolerancia a la frustración ahora es menor y ya veremos cómo reacciona a las reformas del nuevo gobierno. Reformas que inevitablemente han tenido que convertirse en cambios menos profundos que los prometidos en campaña debido a consensos.
Sin embargo, en materia de paz, el reto que se abre es enorme. Consistirá en encontrar los mecanismos efectivos para que los aportes de la ciudadanía sean verdaderamente integrados a las negociaciones, que haya garantías y calidad de participación de las comunidades en los territorios afectados por la violencia. Solo de esta manera podrán ser apropiados por la sociedad civil y sostenibles en el tiempo, entendiendo a la vez que las participaciones pueden venir desde muchos puntos de vista, y gozar de relevancia en los escenarios de toma de decisión.
A favor de este esfuerzo, hoy contamos con herramientas tecnológicas que, de entrada, podrían llevar la participación de la ciudadanía a gran escala y servir para amplificar sus voces teniendo en cuenta la diversidad de liderazgos. Dichas herramientas tendrán que servir, además, para incentivar la veeduría ciudadana, así como ser vehículos de estrategias de comunicación y movilización que puedan reaccionar oportunamente a lo que vaya arrojando el proceso, ya sea para apoyar iniciativas u oponerse a ellas. Lo valioso de estos mecanismos es que trascenderán las negociaciones y serán un activo para que las capacidades de las comunidades se vean fortalecidas en el futuro.
Aunque la ‘Paz Total’ todavía luzca un tanto ecléctica y sin cuerpo definido, no es exagerado decir que la construcción de este modelo de participación sí podría ser escalable a las negociaciones que puedan venir, aunque en unos casos sirva para el cese de conflictos políticos armados y en otros, para el desmonte consensuado de estructuras criminales. La ciudadanía y sus aportes siempre deberían estar en el primer plano como testimonio de quienes viven las realidades que se pretenden cambiar, porque es ella la que permanece mientras los gobiernos van y vienen. Recuerdo ahora el testimonio de una mujer firmante del Acuerdo de Paz quien, quejándose de la indiferencia del Estado, insistía en que su firma no había sido para el gobierno, sino para la ciudadanía.
Acuerdos sin inclusión e igualdad de voces de la sociedad civil ya no lucen posibles. En este sentido, la tecnología y sus canales se perfilan como grandes aliados. Ya una pista nos dio el reciente llamado de ‘Libertad y Orden’ que varios gobernantes locales usaron en redes para manifestarse contra la violencia y la falta de seguridad en sus territorios. Un hashtag bien posicionado demostró que está en capacidad de generar respuestas prontas por parte del Gobierno y de poner a debatir a la ciudadanía sobre lo adecuado o inadecuado de este tipo de iniciativas. Ese ya podría ser un avance y una señal para un futuro con debates más saludables.
*Juliana Uribe es CEO de Movilizatorio.