Traición a la apertura democrática

Por: Jesús Santrich

La ausencia de garantías democráticas y el carácter terrorista del régimen político colombiano ha sido una causalidad histórica perenne que acicateó el conflicto social político armado y ha impedido hasta ahora la consolidación de una auténtica democracia en nuestro país. Guerra sucia a la oposición, obstaculización permanente a la posibilidad de constituir alternativas políticas por fuera de los partidos tradicionales y sus nuevas mutaciones, represión a la protesta social, políticos y campañas electorales prepagos, corrupción rampante en todas las ramas del poder, y ausencia de representación de la diversidad étnica, social y territorial del país, son apenas aspectos relevantes de un sistema político labrado por y para la guerra y la exclusión, y que por ello fue tema central de la Mesa de La Habana para construir la paz.

El Acuerdo de Participación Política: Apertura democrática para construir la Paz, no versa sobre el accionar político de FARC, sino de las medidas generales que deben beneficiar al conjunto de partidos políticos, movimientos sociales y ciudadanía en general para el ejercicio de sus derechos políticos. En La Habana, fuimos enfáticos en plantear que nuestro ingreso a la política legal no solo requería las medidas excepcionales consagradas en el acuerdo de Reincorporación Política, sino que exigía la transformación de las causas estructurales que nos habían impedido hacer política legal, y que de estos cambios de las reglas del juego político y electoral para todos dependía nuestra irrupción como nuevo partido.  Estas garantías reales nunca se dieron, pero aun así nuestro compromiso por la paz nos ha hecho insistir en esta impronta por forjar una alternativa política, pese a obstáculos tan evidentes como la expoliación de más de 5 mil millones de nuestra campaña electoral por parte del CNE y el Banco Agrario, la muerte de más de 50 excombatientes, el mantenimiento en prisión de más de 600 de nuestros militantes y la continuidad de la celada judicial liderada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, que entre otras pretende impedir mi posesión como parlamentario y ha puesto en grave riesgo el ejercicio legislativo de toda nuestra bancada, empezando por la de nuestra cabeza de lista al Senado, Iván Márquez .

Así, para forjar una real “Apertura democrática para construir la paz”, el Acuerdo del punto 2 abordó tres grandes temáticas: a) Garantías para el ejercicio de la política; b) Participación ciudadana y protesta social; y c) Reformas político-electorales. Quedaron ausentes otros temas claves para la democratización como la reforma a las fuerzas militares, a la banca central, entre otras,  que se pueden apreciar en las 14 salvedades respecto a este punto del Acuerdo consignadas como Delegación de Paz de las FARC-EP.

Sin embargo, gracias a la enredadera jurídica prácticamente todas las normas relacionadas con el punto 2 estaban obligadas a surtir el viacrucis legislativo en que se convirtió el “fast track”, cuando la Corte Constitucional en su sentencia C-332/17 y coincidiendo con el fin de la dejación de armas, le otorgó al Congreso la posibilidad de modificar y desmembrar articulados de los proyectos de la implementación de la paz. De las cuatro normas derivadas del Acuerdo de Apertura Democrática, se aprobó un muy formal Estatuto de Oposición que había sido mandatado desde la Constitución de 1991, hace más de un cuarto de siglo, aunque con importantes mutilaciones presionadas por la gran prensa y el alto gobierno. Las otras tres normas (Ley de Participación Ciudadana, Reforma Política y Circunscripciones Especiales de Paz) naufragaron en la mezquindad de la clase política y de la burocracia del ejecutivo.

La ley de Participación Ciudadana y de Garantías de la Protesta, luego de un proceso participativo que aunque insuficiente logró recoger reivindicaciones fundamentales para las organizaciones sociales y los derechos civiles, no pudo ser consensuada en CSIVI por negativas desde los diversos ministerios y sectores empresariales a las propuestas hechas desde la sociedad civil. La iniciativa ni siquiera fue radicada en el Congreso, donde no le auguraba mejor futuro en medio de oposiciones del Congreso gremial, las FFMM, las mineras y los supuestos tecnócratas del mismo Gobierno. No les gustaron las Consultas Populares que protegían el agua y la vida, no les gustó la descriminalización de la protesta, no les gusta una visión de la democracia más allá del voto.

El Acto Legislativo de Reforma Política, se hundió en el Senado, luego de haber sido trasformado por los congresistas en un abominable Frankenstein.  Es apenas obvio que quienes han ganado las elecciones con las reglas propias de un régimen corrupto y clientelar, se opusieran a que éstas se alteraran, para poder repetir en este marzo la opereta tragicómica de cada 4 años y con los mismos previsibles resultados. Valió un bledo lo pactado en La Habana, las propuestas técnicas elaboradas por la Misión Electoral Especial y la insalvable crisis de legitimidad del sistema político colombiano, cuando en andanada una piara de congresistas politiqueros destrozaron el proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política, vital para la apertura democrática.  Papel protagónico en esta violación del Acuerdo de Paz  tuvo la bancada del Partido Cambio Radical, -del que es fundador y militante el fiscal que me tiene hoy privado de libertad-, que al parecer no se sentía cómodo con los topes a la financiación privada a las campañas electorales que se consagraba en este proyecto de reforma. Quieren así mantener la prostitución de la política a manos de los grandes consorcios que compran y venden campañas, muchos de ellos representados legalmente por el bufete Martínez Neira Abogados.

Para cerrar la traición con este punto, se hundieron también las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El Acuerdo Final definía crear 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes por 8 años para 16 territorios especialmente golpeados por la guerra y la miseria. No se le quitaba un escaño a ningún partido ni departamento, no se le robaba un voto a ningún político. 167 municipios olvidados que sumaban el 12% de la población del país iban a tener a partir de este año el 8% de una de las dos Cámaras del Congreso. Pero esto fue inadmisible para la clase política. Bajo el sofisma de que eran curules para las FARC, -que teníamos prohibido doblemente participar en estas circunscripciones en el mismo texto del Acto Legislativo-, se inició imponiendo unas limitaciones antidemocráticas a la participación de todas las cabeceras municipales, para luego restringirlas aún más a quienes tuvieran la certificación del caduco registro de víctimas de la UARIV, mandado a reformar por el mismo Acuerdo de Paz. Pero no contentos con reducirlas a su mínima impresión los politiqueros mezquinos hundieron el acto legislativo no violando ya la ética, sino la matemática misma. Para poder dejar sin curules a estos territorios olvidados, definieron que la mitad de 99 era 52 y con el guiño del Consejo de Estado declararon no aprobada la reforma.

La ausencia de garantías democráticas para hacer política, el hermetismo del régimen y su compulsión represora, la baja participación de las amplias mayorías, corrupción y clientelismo como piedras angulares de los partidos tradicionales, la crisis de legitimidad y de representación política territorial, étnica y de clase, han sido causalidades históricas del conflicto social político armado. Si se mantienen inalteradas estas condiciones, a favor de ambiciones de los que siempre han usufructuado la política, no habrá verdadera paz. La tarea de la apertura democrática no puede darse por cancelada por la traición del Acuerdo de La Habana. No más perfidia para la ciudadanía que quiere resignificar la política y apoyar nuevas alternativas políticas; no más perfidia para las comunidades que quieren participar decisivamente en sus territorios; no más perfidia para los que pedimos garantías reales para la oposición social y política, y para el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles y políticos; no más perfidia para los pobladores de la Colombia profunda y las gentes del común que quieren una voz propia en el parlamento. Señores del Estado colombiano: PACTA SUNT SERVANDA. Lo pactado se cumple.
 

*Por el valor histórico que representa en la implementación del acuerdo de paz, Colombia2020 de El Espectador publica una serie de siete columnas de opinión de 'Jesús Santrich'.