Un cese al fuego robusto, basta leer

Pactar un cese a fuego no es un asunto menor. Durante las últimas semanas he leído columnas de opinión, notas de prensa y declaraciones que se dirigen a disminuir la importancia del acuerdo del cese al fuego alcanzado con el ELN, como si fuera un asunto de poca monta.

Las apuestas ideológicas, la desconfianza y, lamentablemente, la falta de lectura de lo acordado, han motivado afirmaciones falsas sobre la supuesta ausencia de medidas de protección de la población, de prohibiciones sobre el secuestro y el reclutamiento de menores, o de un mecanismo de monitoreo y verificación. Algunas personas también han señalado que el cese al fuego solo “beneficia” al ELN o que se trata de un acuerdo “inconstitucional”, estirando al extremo lecturas parciales sobre los retos de la paz.

La respuesta a todo lo que se ha dicho está escrita, basta leer. El cese al fuego acordado con el ELN es robusto al menos por tres razones:

Primero, es un cese dirigido a mejorar la situación humanitaria de la población civil y los territorios, lo que incluye bajar la intensidad del conflicto, desarrollar acciones y dinámicas humanitarias, permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz y seguir concretando acuerdos humanitarios. En síntesis, se trata de un cese al fuego que beneficia a la sociedad en su conjunto, incluyendo a las/os combatientes, pues prohíbe las acciones ofensivas entre las partes -lo que inició el 6 de julio- y frena la locomotora de dolor que es el conflicto armado.

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El acuerdo incluye un listado detallado de prohibiciones que van a generar confianza entre las partes, bajo el compromiso de no atacarse, y que protegerán esencialmente a la población civil. En este último caso, el numeral primero del Protocolo de Acciones Específicas remite expresamente a los actos prohibidos en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, lo que incluye, entre otros, el homicidio, la toma de rehenes (secuestro), la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.

Segundo, cuenta con una estructura sólida basada en un acuerdo marco, una declaración (que establece las acciones de la fase de alistamiento), once protocolos y un glosario (que unifica el entendimiento conceptual de las Partes). Todos estos documentos contienen detalles y precisiones dirigidos a evitar incidentes, establecer instancias para tramitar incumplimientos, promover la participación de la sociedad en la observación del cese y generar condiciones para detener por 180 días, como plazo inicial, el conflicto armado.

Tercero, cuenta con un sólido Mecanismo de Monitoreo y Verificación que tendrá una instancia nacional, nueve instancias regionales y veintidós instancias locales, con una conformación amplia que incluye, además del Gobierno Nacional (Fuerzas Militares y de Policía) y del ELN, a la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia y la Conferencia Episcopal.

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Este mecanismo recibirá la información de cualquier persona, incluyendo aquellas organizadas en forma de veeduría social. Luego verificará cada hecho y, conforme con las prohibiciones acordadas entre las Partes, lo calificará como incidente que incumple, o no, el cese al fuego. Además, como evidencia de la confianza en el proceso de paz, la participación de la ONU contará, nada más ni nada menos, con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, instancia encargada de mantener la paz y seguridad en el mundo.

Por estas breves razones, entre otras, el cese al fuego pactado con el ELN es cualitativamente superior al de 2017 y, como lo he señalado, contiene elementos para mejorar las condiciones humanitarias de la población.

Parar la locomotora de la guerra requiere un cese de acciones ofensivas, que se está llevando a cabo desde el 6 de julio, y un cese al fuego robusto que iniciará el 3 de agosto y estará vigente, en su fase inicial, hasta el 29 de enero de 2024. Si alguien tiene dudas sobre lo que se ha acordado, solo debería acceder a los documentos. Los acuerdos y protocolos son públicos. Están disponibles para consulta en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz.

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Esta es entonces una invitación a leer. A evitar los falsos cantos de sirena que buscan cautivar incautos, soportados en una desconfianza exacerbada, y a conocer de primera mano los avances del proceso de paz con el ELN. Es una invitación a ser parte, es decir, a participar del proceso. La cualidad de este proceso, en el que cada acuerdo una vez suscrito se va implementando, es que la sociedad podrá conocer cada documento y observar las condiciones de su cumplimiento.

*Por transparencia aclaro que he asesorado jurídicamente a la delegación del Gobierno Nacional en el proceso de paz con el ELN.

Pactar un cese a fuego no es un asunto menor. Durante las últimas semanas he leído columnas de opinión, notas de prensa y declaraciones que se dirigen a disminuir la importancia del acuerdo del cese al fuego alcanzado con el ELN, como si fuera un asunto de poca monta.

Las apuestas ideológicas, la desconfianza y, lamentablemente, la falta de lectura de lo acordado, han motivado afirmaciones falsas sobre la supuesta ausencia de medidas de protección de la población, de prohibiciones sobre el secuestro y el reclutamiento de menores, o de un mecanismo de monitoreo y verificación. Algunas personas también han señalado que el cese al fuego solo “beneficia” al ELN o que se trata de un acuerdo “inconstitucional”, estirando al extremo lecturas parciales sobre los retos de la paz.

La respuesta a todo lo que se ha dicho está escrita, basta leer. El cese al fuego acordado con el ELN es robusto al menos por tres razones:

Primero, es un cese dirigido a mejorar la situación humanitaria de la población civil y los territorios, lo que incluye bajar la intensidad del conflicto, desarrollar acciones y dinámicas humanitarias, permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz y seguir concretando acuerdos humanitarios. En síntesis, se trata de un cese al fuego que beneficia a la sociedad en su conjunto, incluyendo a las/os combatientes, pues prohíbe las acciones ofensivas entre las partes -lo que inició el 6 de julio- y frena la locomotora de dolor que es el conflicto armado.

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El acuerdo incluye un listado detallado de prohibiciones que van a generar confianza entre las partes, bajo el compromiso de no atacarse, y que protegerán esencialmente a la población civil. En este último caso, el numeral primero del Protocolo de Acciones Específicas remite expresamente a los actos prohibidos en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, lo que incluye, entre otros, el homicidio, la toma de rehenes (secuestro), la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.

Segundo, cuenta con una estructura sólida basada en un acuerdo marco, una declaración (que establece las acciones de la fase de alistamiento), once protocolos y un glosario (que unifica el entendimiento conceptual de las Partes). Todos estos documentos contienen detalles y precisiones dirigidos a evitar incidentes, establecer instancias para tramitar incumplimientos, promover la participación de la sociedad en la observación del cese y generar condiciones para detener por 180 días, como plazo inicial, el conflicto armado.

Tercero, cuenta con un sólido Mecanismo de Monitoreo y Verificación que tendrá una instancia nacional, nueve instancias regionales y veintidós instancias locales, con una conformación amplia que incluye, además del Gobierno Nacional (Fuerzas Militares y de Policía) y del ELN, a la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia y la Conferencia Episcopal.

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Por estas breves razones, entre otras, el cese al fuego pactado con el ELN es cualitativamente superior al de 2017 y, como lo he señalado, contiene elementos para mejorar las condiciones humanitarias de la población.

Parar la locomotora de la guerra requiere un cese de acciones ofensivas, que se está llevando a cabo desde el 6 de julio, y un cese al fuego robusto que iniciará el 3 de agosto y estará vigente, en su fase inicial, hasta el 29 de enero de 2024. Si alguien tiene dudas sobre lo que se ha acordado, solo debería acceder a los documentos. Los acuerdos y protocolos son públicos. Están disponibles para consulta en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz.

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Esta es entonces una invitación a leer. A evitar los falsos cantos de sirena que buscan cautivar incautos, soportados en una desconfianza exacerbada, y a conocer de primera mano los avances del proceso de paz con el ELN. Es una invitación a ser parte, es decir, a participar del proceso. La cualidad de este proceso, en el que cada acuerdo una vez suscrito se va implementando, es que la sociedad podrá conocer cada documento y observar las condiciones de su cumplimiento.

*Por transparencia aclaro que he asesorado jurídicamente a la delegación del Gobierno Nacional en el proceso de paz con el ELN.