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En Colombia, el camino institucional para cumplir cabalmente con el Acuerdo Final de Paz está obstaculizado. Hay ausencia de acciones contundentes para contrarrestar el incremento de prácticas bárbaras, sanguinarias y atroces como las masacres, así como también con el exterminio selectivo y sistemático de campesinos, líderes sociales, personas humildes o cualquiera otra, estudiante o vecino. Dado que estos hechos ocurren frecuentemente, la conclusión es evidente: estamos ante el quebrantamiento del Estado de derecho y ante un gobierno fallido.
Lo anterior, porque la Constitución de 1991 dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. No estamos solamente frente al fracaso de la política de seguridad del gobierno Duque sino ante sus efectos: la vida se está cegando vilmente y se dejó de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Tomando como referente a Nariño, allí se perpetraron las siguientes masacres en lo que va corrido del año: Leiva 5 muertos, 13 de marzo; Tumaco 5 muertos, 5 de mayo; Samaniego 4 muertos, 13 de junio; Samaniego 8 muertos, 15 de agosto; Ricaurte 3 muertos, 17 de agosto; Tumaco 6 muertos, 21 de agosto. Este departamento se ha caracterizado por una prolongada problemática social, derivada del abandono estatal y de la exclusión por parte de los diferentes gobiernos.
Desde Gobierno Duque se ha llegado a estas comunidades del sur del país con estigmatización y negligencia, muestra de ello es atribuir únicamente al narcotráfico la crisis económica y social de sus pobladores. Por eso mismo, las soluciones son igualmente equivocas: enviar tropas y fumigar con glifosato. Pero los males no llegan solos. A las víctimas no las escucha nadie; los congresistas de Nariño, aliados del gobierno de turno, con sus voces opacas y su lánguida gestión, no representan a su pueblo, ellos están atendiendo otros temas acordes con sus propios intereses y renovando su postura de veneración.
En otras entidades territoriales también arrecian las matanzas. Ya se suman 43 masacres en 2020, entre el 11 de enero y el 22 de agosto, 181 víctimas mortales en siete meses y medio, siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo en donde se ha presentado el mayor número de masacres, según contó este diario.
El presidente Iván Duque y sus visitas presurosas, con anuncios carentes de rigor y efectividad, replicados por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, causan malestar en las familias y en los habitantes de las zonas afectadas. La confianza y la esperanza en los gobernantes han huido, porque en casos similares no ha pasado nada y la gente lo sabe. Sin importar el dolor de las víctimas, no es extraño que se acuda a la descalificación de los lideres sociales o que se compare el número de asesinatos ocurridos en ocho años del gobierno anterior con los dos años del actual. Además, afanosamente, se quiere cambiar las denominaciones de masacres por homicidios colectivos, cuando este tipo de crímenes está suficientemente caracterizado.
En conclusión, se pretende esquivar cualquier responsabilidad, como si al señalar que los presuntos perpetradores son los grupos criminales, disidencias de la FARC, narcotraficantes y otras estructuras al margen de la ley, excluyera al Gobierno, Fuerza Pública y autoridades de su deber de protección especialmente para las personas más vulnerables sin distingo político o de otra índole.
No hay ocasión ni voluntad para proteger la vida y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno y el Congreso de la República están ocupados en la toma del Ministerio Público, hay afán, pero no en la búsqueda del mejor perfil para proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, eso es lo que menos cuenta. Se dedica mucho tiempo y atención a desprestigiar y atacar a los jueces o haciendo propuestas inoportunas e inconvenientes de reforma constitucional. Es necesario continuar con el proceso de resistencia civil, con la denuncia, la solidaridad y finalmente hacer un acto de reflexión que permanezca en la memoria sobre la necesidad de votar a conciencia.