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En Putumayo se ha consolidado el enclave cocalero Puerto Vega-Teteyé y, a diferencia de Guaviare y Caquetá, su modelo económico gira en torno a la coca y el petróleo. Mientras tanto la coca y la ganadería siguen siendo las actividades centrales del triángulo fronterizo entre Caquetá, Meta y Guaviare, en el foco de conflictividad de la deforestación y ocupación de Parques Nacionales.
Lo que comparten estas regiones amazónicas es la fragmentación de organizaciones sociales y el surgimiento de nuevas, a raíz del desgaste político de las plataformas nacionales o departamentales que se quisieron impulsar antes de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. La crisis de la implementación del punto 4 (Política de Drogas) y las erradicaciones constantes a las que fueron sometidos los campesinos del Putumayo quebraron el poder de acción de los viejos liderazgos y surgieron nuevos, con reivindicaciones que anclaron fuertemente en los proyectos organizativos de la población. Esto provocó fuertes movilizaciones en el marco de las protestas nacionales, pero también un constante enfrentamiento frente a frente de campesinos contra el Estado colombiano en medio de las erradicaciones de coca.
La transformación rural integral, compromiso del punto 4 del Acuerdo Final, no se hace evidente en la región a pesar de la enorme inversión. Hasta febrero de 2022, según datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se invirtieron poco más de $40.000 millones en proyectos terminados, estructurados y por estructurar, principalmente en el municipio de Valle de Guamuez y San Miguel, cuyos ejecutores fueron la Unión Temporal Guanga ($17.000 millones), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ($8.000 millones) y el PNUD ($3.000 millones).
Los tres proyectos terminados más costosos fueron una alianza para establecer y sostener cacao en solo dos veredas de Valle del Guamuez y solo una vereda en el municipio de Leguízamo, además del mejoramiento de la vía rural de 10 inspecciones en Puerto Guzmán por la Unión Temporal Guanga.
Sobre esta matriz de reivindicación, inconformismo y movilización social se traslapó la fractura dentro de las FARC-EP tras la firma de los acuerdos que redundó en una serie de actores que siguieron en armas, unos firmantes que volvieron a armarse y otros desertores y milicianos que encontraron la manera de reencaucharse y obtener mando. Desde el 2020 en Putumayo, las denuncias de las organizaciones sociales como la Red de DD. HH. del Putumayo y Movicaap se teje la violencia de la política antidrogas, la de la estigmatización sobre las organizaciones sociales, la confrontación política armada y los ajustes de cuentas del tráfico de cocaína.
Después de la firma de los acuerdos, estuvieron presentes cuatro actores claves en la región: la brigada de la selva n.° 27, que se ha encargado de las erradicaciones, La Constru —un grupo de traficantes de cocaína en la frontera con control hasta hace unos meses de las áreas urbanas de esta región—, el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) y los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano (CdF-EB).
La presencia del EMC en el mapa amazónico se puede traslapar con los principales núcleos de deforestación entre el Meta, Guaviare y Caquetá, que constituyen puntos de avance de frontera colonizadora de la selva amazónica que sigue abriendo camino hacia el sur. Ellos han perpetrado enorme violencia sobre la población, como la masacre del resguardo de Bellavista de 2021, que en ese momento denunciaron los CdF-EB. Después en un reportaje de la Liga Contra el Silencio se supo que el frente Carolina Ramírez asesinó a siete personas de la comunidad acusándolas de “paracos”; también se les acusa de minar las regiones.
Por su parte, las Red de DD. HH. del Putumayo ha acusado a los Comandos de Frontera de estigmatización a su organización, al señalarlos como interlocutores políticos del frente Carolina Ramírez. Este escenario llega a un punto culmen con la masacre del Alto Remanso perpetrada por el Ejército Nacional, que se hizo pasar por el frente Carolina Ramírez para atacar a los CdF-EB.
Tras la declaración de la propuesta por la paz total, en una emboscada del Carolina Ramírez cayeron 23 miembros de los Comandos de Frontera, cuyos cuerpos fueron expuestos en un video. Hasta hace unas semanas, había operativos del Ejército contra los CdF-EB en el Putumayo.
Todos los actores trafican con cocaína, a pesar de que la responsabilidad solo recaiga en estos últimos, a los que se les acusó de una alianza con La Constru, lo que ellos rechazan. A finales del año se enfrentaron y desarticularon esa organización de tráfico.
La preocupación territorial es que las erradicaciones persisten y que el Gobierno colombiano avanza en la definición de territorios del cese de fuego con el EMC de las FARC-EP, mientras no avanza en la mesa de negociación con los Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano.
El reto que se plantea ahora es que mientras el Gobierno delimita áreas de influencia del EMC de las disidencias, lo hace sin tener en cuenta qué ocurre con los otros actores, lo que puede detonar nudos insalvables en lo que queda de la paz total.
A su vez, se hacen talleres participativos para la construcción de política de drogas por parte del Ministerio de Justicia y la queja de Movicaap es que no están siendo convocados. Lo que se evidenció en estos espacios en Putumayo es que están siendo ocupados por personas del Cauca y hay señales preocupantes de usar a las organizaciones cultivadoras de coca, marihuana y amapola para introducir agendas de paz total, como fue el último compromiso que firmó el Gobierno en Villagarzón, que acepta trasladar la solicitud de reconocimiento como gestores de paz a dos personas capturadas en medio de una operación contra las disidencias de FARC-EP en el Cauca.
*Investigadora de A la Orilla del Río.