Una reforma política incluyente

El proyecto de reforma política que actualmente cursa en el Congreso, que ha generado amplia polémica en el país, es uno de los ejes centrales de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, dado que una de las causas de nuestro conflicto armado (algunos dirán que a su vez es consecuencia) es justamente la falta de participación política que tienen las comunidades campesinas y étnicas y las mujeres en las decisiones que les afectan, punto esencial del acuerdo de paz firmado. 

Dado que esa reforma es trascendental para el futuro de nuestro país y la generación del cambio social necesario para realmente hablar de terminación del conflicto, las organizaciones de mujeres seguimos muy de cerca lo que ocurre en el debate en la Comisión Primera de la Cámara.  Vemos, por ejemplo, que hay medidas incluidas en el proyecto tendientes a promover la participación política de las mujeres en espacios como el Congreso, los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales. Hay propuestas radicadas que buscan reglamentar la forma en que los partidos incluyen a las mujeres en sus listas electorales al momento de las elecciones y la manera en cómo invierten los recursos que llegan a sus arcas, haciendo obligatorio que inviertan en la promoción del liderazgo de las mujeres.

Sin embargo, a pesar de la apuesta política de la reforma hay tres aspectos importantes que aún siguen pendientes y se deben resolver para garantizar una participación real y efectiva de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones:

1. En varios de los artículos del actual proyecto de reforma política se menciona la garantía de los principios de paridad, alternancia y universalidad. Sin embargo, estos artículos hasta el momento no desarrollan el procedimiento bajo el cual se llevará a cabo la incorporación de mujeres a los distintos cargos de elección popular y dentro de la nueva institucionalidad.

2. Para incentivar la participación política de las mujeres, es necesario partir por reconocer que, a diferencia de los varones, las mujeres tienen mayores obstáculos para el ejercicio de la participación y representación política, lo cual debe ser objeto de medidas y estrategias para fortalecer las organizaciones de mujeres y sus liderazgos.

3. La reforma política debe contribuir a la inclusión de los sectores de la sociedad que se han excluido de los escenarios de toma de decisiones por las dinámicas de violencia, conflicto armado y falta de legitimidad y reconocimiento. Esto implica transformar las formas de hacer política y contrarrestar las grandes maquinarias en las regiones para darle paso a una participación más amplia y plural, donde la ciudadanía sea el eje fundamental en las decisiones y deliberaciones de los asuntos públicos.

Estas medidas, más allá de ser necesarias para garantizar la ampliación de la democracia, son esenciales para que se cumplan los compromisos que el Estado Colombiano adquirió cuando firmó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Más conocida como CEDAW). Allí el país se comprometió a tomar medidas concretas para facilitar que las mujeres pudieran estar presentes y tener incidencia real en los espacios de toma de decisiones.

Si bien el proyecto de reforma política que hace curso en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tiene aspectos polémicos que merecen un análisis que ameritaría una columna entera, consideramos que no es posible aplazar la aplicación de las medidas incluidas en la reforma, que, además de dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, buscan empezar a resolver un problema estructural de ausencia de las mujeres en los espacios de poder.

La Corte Constitucional tendrá en sus manos la reforma política una vez salga del Congreso, y deberá corregir cualquier defecto sustantivo que tenga, o falta de conexidad con el Acuerdo de Paz. Esa será la oportunidad para el debate técnico detallado que requiere la reforma política. Las discusiones políticas internas que se den en el Congreso no pueden ser un obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz, ni para implementación de medidas que son absolutamente necesarias para las mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

A la sociedad civil le corresponde pedirle al Congreso aprobar la reforma política en este momento clave y participar activamente en el debate que se dé ante la Corte Constitucional.  Es esencial que no se pierda la oportunidad de tener una reforma que nos permita tener unas elecciones más justas con las mujeres en 2018.

Por: Diana Alejandra Quigua y Alejandra Coll Agudelo*