Una reforma rural que no arranca

Por Ana Jimena Bautista Revelo*

El punto uno del Acuerdo Final relacionado con la reforma rural integral es, tal vez, el aspecto más relevante del Acuerdo en términos de sus posibilidades de transformación de la desigualdad en Colombia; punto que además se dirige hacia los habitantes del campo en donde tiene un papel relevante el campesinado, quien ha sido el más afectado por el conflicto armado.

El 28 de agosto la Procuraduría General de la Nación (PGN) radicó ante el Congreso de la República un importante informe sobre el seguimiento a la política pública del Acuerdo Final. Al considerar de la mayor relevancia algunos de sus hallazgos, quiero llamar la atención sobre tres alertas hechas por la PGN frente a su cumplimiento, las cuales permiten afirman que la reforma rural no arranca. Dichos aspectos están relacionados con los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, el fondo de tierras y los planes nacionales de la reforma rural integral.

Desde 2017 la Agencia Nacional de Tierras planteó modificar la manera como esperaba atender la necesidad de tierras en el país, así se propuso no concentrar su actuación a partir de las demandas de las personas que requieren acceder a tierra y, por el contrario, actuar por oferta en zonas focalizadas mediante la metodología de barrido predial a través de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.

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En el marco del cumplimiento del Decreto Ley 902 de 2017, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) focalizó 43 municipios para la elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). De acuerdo con el informe de la PGN, 12 planes ya están aprobados y solo uno se encuentra en fase de implementación (Ovejas, Sucre). La ANT reporta que se tiene planeado focalizar un municipio más para la vigencia 2019. Sin embargo, de los 12 POSPR formulados y aprobados, 7 se encuentran suspendidos desde hace un año por razones de orden público y temas presupuestales.

Si se tienen en cuenta las categorías de ruralidad trabajadas en 2014 por la Misión para la Transformación del Campo, en Colombia existen al menos 691 municipios que son catalogados como municipios rurales y rurales dispersos, en consecuencia, es posible afirmar que al menos en estos municipios debería darse el proceso de barrido predial a través de los POSPR. Con lo que los avances realizados en la materia son del todo insuficientes, lo cual incide en los bajos resultados en materia de acceso y formalización de tierras.

Con relación al Fondo Nacional de Tierras, es importante recordar que, de acuerdo con las metas trazadas en la política pública del acuerdo final, el Fondo tendrá 3 millones de hectáreas para ser adjudicadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

De acuerdo con el informe de la PGN, a 31 de marzo de 2019, al Fondo de Tierras habían ingresado un total de 546.700 hectáreas que representarían el 18% del total de tierras que se espera ingresen al fondo. No obstante, es importante tener en cuenta que no toda la tierra que ingresa al fondo podrá ser adjudicada, es decir, al fondo tendrán que entrar mucho más de tres millones. La mayor parte de tierra reportada (39%) proviene de predios del inventario de bienes del antiguo Fondo Nacional Agrario y el 57,9% restante, de baldíos.

Sobre este punto llaman la atención varios aspectos. Primero, los bienes hasta ahora ingresados corresponden a rezagos de predios que ya existían al momento de la creación del Fondo, es decir,

no son resultado del trabajo de la ANT para la consecución de tierra disponible para adjudicación con posterioridad a la firma del Acuerdo, lo que además evidencia la baja gestión de la Agencia en cuanto al trámite de procesos agrarios de recuperación de tierras. Segundo, los bienes que provienen del Fondo Nacional Agrario están en proceso de saneamiento, es decir, en etapa de caracterización e identificación física de los predios, lo que significa que no se encuentran aún disponibles para adjudicación. Tercero, no existe claridad sobre cuántos de los bienes ingresados al Fondo cumplen con los requisitos que exige la ley agraria y ambiental para que estén disponibles para ser adjudicados; así, por ejemplo, predios ingresados al Fondo en las Islas del Rosario no pueden ser adjudicados.

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Es importante aclarar que el Fondo de Tierras espera alimentarse de tierras y de recursos monetarios, sobre este último aspecto el informe de Auditoria de la Contraloría sobre la implementación de la Reforma rural, muestra que el Fondo de Tierras no cuenta con recursos monetarios ya que no tiene un rubro específico en los presupuestos de inversión de la ANT, situación que dificulta aún más el arranque de la reforma rural integral, pues no se estarían haciendo los esfuerzos fiscales necesarios para cumplir con dicho propósito.

En este mismo sentido preocupa el lento avance del RESO, el nuevo registro que se dispuso para que quienes aspiran a tierra puedan acceder a ella. A marzo de 2019 solo el 7,4 % de quienes habían diligenciado los formularios para el ingreso a dicho registro había sido inscritos, requisito indispensable para que quienes requieren tierra puedan continuar con el trámite para lograr en algún momento su objetivo.

Por último, los avances de los Planes Nacionales para la reforma Rural Integral son aún más críticos. Con los planes se busca superar la pobreza y desigualdad en el campo y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, son la gran apuesta por erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza rural en un 50%. Pese a esto, de los 16 planes con los que se espera dotar de bienes y servicios y fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria, solo dos están formulados, correspondientes al Plan Nacional de Vías para la Integración Regional y el Plan Nacional de Electrificación Rural, los otros 14 debieron haber sido formulados en 2018.

En este escenario, es preocupante que luego de más de un año y medio de implementación del Acuerdo Final, el punto uno no arranca. Los principales avances se encuentran en desarrollos normativos, pero en materia de distribución de la tierra y de acceso a servicios y bienes públicos en la ruralidad no existen progresos relevantes. Las y los campesinos continúan esperando mejores condiciones de vida en el campo.

*Investigadora de Dejusticia