Una reforma tributaria concertada en medio de la tensión social

Finalmente, el presidente retiró del Congreso la Ley de Solidaridad Sostenible. No era necesaria la acción desproporcionada de la policía nacional y las fuerzas militares contra la población que ha venido movilizándose, tampoco las decenas de muertos, personas desaparecidas y capturadas ilegalmente. Tan sólo se requería un mínimo de sentido común, de empatía y de apertura al diálogo. Tres principios de difícil comprensión para un mandatario que desde hace más de un año se convirtió en un presentador de televisión, alejado y a espaldas de la realidad nacional, sin el liderazgo, conocimiento ni capacidad para propiciar respuestas certeras a la crisis, y que su actitud hacia la voz de la ciudadanía, agobiada por la pandemia y la pobreza, sea con represión, arrogancia y autoritarismo.

La reforma, su desenlace y la renuncia del Ministro Carrasquilla, artífice del desastre, deja en evidencia la fractura democrática que vive el país, producto de un modelo de gobierno que desprecia los derechos humanos, sustentado en un discurso de violencia y exclusión, ligado a la corrupción, la compra de votos, con una visión corporativista del Estado que concentra la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la sociedad, y en especial, la población joven, que exige cambios y transformaciones, nuevos liderazgos y oportunidades de desarrollo.

Ante la presión de la movilización el presidente ha planteado un diálogo nacional con el propósito de construir un texto nuevo de reforma tributaria. De las decisiones que tome dependerá si recompone algo de su mediocre gestión, o si pasa a la historia como un mandatario que le dio la espalda a la sociedad colombiana en el momento que más lo necesitaba. Los retos que enfrenta no son menores. Por un lado, debe cambiar su estilo de gestión incluyendo el diálogo social abierto, participativo y transparente. En el pasado esto no se ha dado, por ello, una parte significativa de la ciudadanía se mantiene en las calles. Por otro lado, tiene que detener la represión policial y la estigmatización a la protesta pacífica y colaborar con los organismos judiciales para sancionar a los responsables. Adicionalmente, el país espera que el presidente se desligue del discurso autoritario de Álvaro Uribe, una figura política en decadencia que busca incendiar el país para su propio beneficio. En el Congreso, no la tiene fácil, algunos partidos políticos por convicción rechazan las actuaciones del gobierno; otros se han comenzado a alejar del presidente por cálculos electorales.

Adicionalmente, como mínimo debe tener en cuenta cuatro temas que han sido planteados por sectores sociales, políticos y las universidades para el diálogo. En primer lugar, la sociedad entiende que la pandemia generó la crisis económica más importante de la historia en Colombia, con una recesión de -9% en el 2020, según datos del DANE trayendo como consecuencia un déficit acumulado de 94 billones en las cuentas del Estado. Además, es comprensible que se requieren ingresos adicionales para garantizar la continuidad de los programas sociales, con cargo al presupuesto público nacional. Lo que no se entiende es la insistencia en ahorcar a los hogares pobres y de clase media, paradójicamente, los más afectados por la pandemia y, mantener al mismo tiempo los privilegios de los grandes capitales.

En estas condiciones, es impostergable la eliminación de las exenciones tributarias al capital especulativo, aumentar la tasa de renta y mantener el impuesto al patrimonio para las personas naturales con mayores ingresos, gravar las utilidades de las grandes empresas e incluir un cargo para las pensiones más altas del país. Por esta vía el país puede obtener entre 7 y 10 billones de pesos en los próximos años.

En segundo lugar, el presidente no puede pedirle a la sociedad esfuerzos adicionales para salir de la crisis mientras que la corrupción, la evasión y la elusión son factores comunes del sistema tributario nacional. Estudios y análisis realizados por el propio Ministerio de Hacienda señalan que estas prácticas le representan entre 11 y 15 billones de pesos anuales menos al país. Ante esta realidad, un apartado importante es el fortalecimiento de los sistemas de información, cooperación interinstitucional e internacional para rastrear los recursos que están en paraísos fiscales o que no declaran impuestos en el país. A ello se suma, la modernización y la autonomía de la DIAN como principal autoridad tributaria en Colombia; actualmente está adscrita al Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, en un acto de responsabilidad, el gobierno debe reducir los gastos inoficiosos en un escenario de recesión económica, entre ellos, la compra de aviones de combate por 16 billones de pesos, la renovación de las camionetas para el ejecutivo y la contratación de personas en las entidades del Estado por cumplir pactos y acuerdos políticos.

En tercer lugar, es importante desmontar el IVA. Este impuesto aumenta el valor de los bienes de primera necesidad para la población con menos ingresos. Ello no significa crear un hueco fiscal. Existen otras alternativas menos regresivas. Desde hace años se habla del impuesto a las bebidas azucaradas que además ayudaría a reducir la carga que ocasionan estos bienes en el sistema de salud. También está la intervención del Banco de la República en la liquidez de la economía, a través de procesos de garantía, financiación e inversión en sectores productivos para mejorar su capacidad de generar empleo y la emisión de moneda para apoyar los programas sociales del Estado, tal como se está haciendo en gran parte del mundo. Otra alternativa es incluir impuestos a la concentración de la tierra y la propiedad de inmuebles urbanos. Esta situación es una de las principales causas del vergonzoso lugar que tiene el país como el segundo más desigual en América Latina, después de Brasil.

Por otro lado, se requiere de manera urgente un esquema tributario diferencial para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas agobiadas por la crisis económica. El gobierno tiene que entender que las pequeñas y medianas empresas generan el 80% del empleo en el país. Si no cuentan con un apoyo real del Estado, seguramente el impacto tendrá como consecuencia mayor desempleo y empobrecimiento de este sector. Además, teniendo en cuenta que en estas empresas ocupan a la mayor proporción de población vulnerable, como las mujeres, los jóvenes y la población desplazada, entre otros, aumentará las brechas de género y la exclusión social, y como efecto rebote, la informalidad continuará incrementándose, con tasas superiores al 50%.

Finalmente, el cambio en la estructura tributaria tiene que llevar a una transformación de la política social implementada por el Estado para atender a cerca de 8 millones de hogares pobres, según datos recientes del DANE. En el país existe una variedad de transferencias monetarias que no han demostrado ser eficientes en materia de capital humano. Además, en su mayoría, son iniciativas utilizadas para el clientelismo, la corrupción y la politiquería. Como medida de choque 50 congresistas en la pasada legislatura propusieron unificar los subsidios públicos para destinarlos a una renta básica girada a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Esto costaría entre 5 y 7 billones de pesos al año que se pueden financiar con la eliminación de las exenciones a las empresas multinacionales. A esto se suma la necesidad de mantener el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) e implementar la educación universitaria como medidas complementarias.

Colombia requiere con urgencia un amplio diálogo social para discutir muchos asuntos que agobian a la gran mayoría de la población y que en la coyuntura de la pandemia se han agudizado. El proyecto de reforma tributaria y otras reformas deben construirse con la diversidad de actores del país, no se puede excluir a ningún sector así no sea del afecto del gobierno nacional.

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