El campo en Colombia ha cambiado dramáticamente en las últimas tres décadas. Donde antes vivían familias campesinas, ahora solo se observan extensas zonas afectadas por el residuo de la minería de carbón o maquinaria petrolera. Sabanas con bosques o selvas tropicales preservados por comunidades indígenas o afrodescendientes se han convertido en grandes extensiones de monocultivos de palma y cereales, o megacriaderos de cerdos.
La situación es tan dramática que cuando alguna de esas comunidades logra que un juez o un tribunal le reconozca el derecho a la propiedad de la que fueron desplazados con violencia, ya no queda nada de lo que fue su tierra. Después de tantos años sin que los jueces o las autoridades solucionen sus demandas, el territorio en el que quedaban sus fincas ha cambiado radicalmente y ahora se encuentra en medio de algún megaproyecto, con afectaciones ambientales.
No pueden regresar a vivir en medio de una mina, un cultivo de palma o un criadero de cerdos. No les queda otro camino que quedarse en las ciudades o cascos urbanos de los municipios, a donde fueron expulsados, y en donde sus hijos ya han olvidado cómo es la vida rural.
Vivimos en un país en el que sistemáticamente se ha exterminado la vida campesina y de las comunidades étnicas para montar unos negocios que solo favorecen a un puñado de empresarios, pero que se vende bajo el discurso del progreso de la nación. Indígenas, pueblos afros y pequeños agricultores han sido señalados de ser un estorbo para esa idea de desarrollo, que además no ha parado de destruir los ecosistemas.
Eso sí, todo ha sido posible por la participación activa del Estado, que a diferentes niveles se ha valido de todo su poder para “concretar” esos negocios. Desde los militares, que en conjunto con los grupos paramilitares produjeron éxodos masivos, como el del Bajo Atrato, para desocupar las fincas que luego se llenaron de palma, hasta notarios y funcionarios de Instrumentos Públicos, del Incora y del Incoder, que se prestaron para legalizar ese despojo desde los años ochenta.
En muchos casos han sido funcionarios de alto nivel los que han terminado de “concretar” este proceso, abriendo el camino para que grandes empresarios lleguen a establecer sus negocios en esas tierras, desde la dirección de políticas nacionales. Todos los gobiernos desde hace décadas han promovido grandes negocios agroindustriales y mineros en las tierras que va dejando la violencia, sin tener en cuenta el daño ambiental y social que sufren las comunidades.
Presidentes, ministros, directores de agencias ambientales y otros funcionarios han movido sus fichas en favor de estos proyectos, y en algunos casos, han cruzado la famosa ‘puerta giratoria’ para, luego de dejar sus cargos en el Estado, convertirse en directivos de las empresas privadas que se lucran con las tierras.
Y esas políticas de los gobiernos de turno han estado acompañadas de un discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de las víctimas. Líderes campesinos y étnicos que reclaman sus tierras han sido señalados de ser guerrilleros, y han sido asesinados sistemáticamente especialmente desde los sesenta. Desde el establecimiento, empresarios y políticos han insistido, además, en reforzar la idea de que los campesinos, los indígenas y los afros son “vagos”, porque no trabajan la tierra intensivamente.
Estos discursos de odio no cuentan que estas comunidades han coexistido y cuidado por siglos las selvas y otros ecosistemas que van desapareciendo con la llegada de ese “progreso”. Tanto la minería y el petróleo como los monocultivos agroindustriales de palma y cereales tienen un alto consumo de agua y una producción de residuos químicos que afectan los ecosistemas inevitablemente.
¿Cómo puede ser mejor para una sociedad reemplazar un bosque tropical con enorme tapete de palma aceitera? ¿Cómo un valle con diversas fuentes de agua, lleno de vida que se mueve entre serranías, puede ser mejor para un país si se convierte en un enorme basurero de desechos mineros?
Todo esto pasa sin que pase mucho. Aunque hay algunas leyes a las que acuden las víctimas para exigir sus derechos, la inercia a favor del desarrollo de estos proyectos, empujada por el mismo Estado es tan fuerte que ya no hay mucho que hacer en varios casos.
Si las decisiones dependen de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la revisión de los casos están a cargo de funcionarios asignados a dedo por los gobiernos de turno. Si depende de la justicia de restitución de tierras, las solicitudes pasan primero por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que es una entidad que controla el gobierno. Y si algún reclamo logra pasar a un juez o tribunal de tierras, que finalmente decide devolverle esta tierra a los reclamantes, en muchos casos, ya no queda nada de lo que fue el hogar de las víctimas.
Varios campesinos, cansados de la violencia y del desgaste, prefieren recibir un dinero que no compensa la pérdida de su tierra e irse a comenzar una nueva vida en una ciudad, dejando atrás su vida en el campo.
Toda esta historia hace parte de la serie ¿Cómo nos quitan la tierra?, cuya dirección editorial fue el último trabajo de nuestra compañera y amiga Yamile Salinas Abdala, que murió en agosto pasado. El proyecto fue producido por Rutas del Conflicto, con el apoyo de la Heirich Böll y Pax Christi.
La serie es un esfuerzo por contar estas historias a un país cada vez más urbano y más ajeno a la vida que llevan los campesinos y las comunidades étnicas. Es clave entender las consecuencias de las políticas públicas al servicio de los poderes económicos en las zonas rurales del país. El exterminio de la vida rural continúa y es importante saber quiénes se benefician con esta situación.
Los invito a ver la serie y entender cómo nos quitan la tierra. Aquí, el primer capítulo: