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El 6 de septiembre de 1979 llegó a Buenos Aires, Argentina, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita cuyo propósito era documentar, de primera mano, las miles de denuncias que había recibido sobre prácticas de terrorismo de Estado en ese país desde la instauración de la dictadura militar en cabeza de Jorge Videla en 1976 e incluso antes.
La visita fue el producto de una negociación secreta entre el gobierno argentino y el norteamericano el cual, bajo el mando de Jimmy Carter, condicionó la adjudicación de un crédito al país austral, a la realización de la visita del organismo internacional. Aunque se había anunciado con casi un año de anticipación, fue aplazada por varios meses y se desarrolló en una tensa calma diplomática, como resultado de la puesta en escena que hizo el gobierno militar para enmascarar la realidad de lo que estaba ocurriendo en toda la nación argentina.
En efecto, el tiempo de preparación previo a la visita lo usó el gobierno para realizar lo que se ha llamado una “reforma quirúrgica” deliberada de los centros clandestinos de detención para dar a la Comisión una idea distinta de lo que estaba sucediendo. Particularmente, la Escuela Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, ubicada en el barrio Núñez de Buenos Aires y en cuyo casino se perpetraban los peores crímenes dentro del complejo ‘educativo’ de 17 hectáreas, incluyendo torturas, robo de bebés, violencia sexual contra detenidas y eventuales ‘traslados’ que terminaban en los famosos viajes de la muerte, fue especialmente adecuada y sus ocupantes reubicados para la visita. El propósito era que las instalaciones de los lugares que la Comisión visitaría, no coincidieran con las descripciones que los detenidos liberados o fugados habían dado, para desvirtuar sus denuncias.
Durante su estancia en Argentina, la CIDH montó espacios específicos en diversas ciudades del país para recibir denuncias y la gente, a pesar del peligro que representaba, se atrevió a presentar su información a la Comisión. Testimonios de víctimas dicen que los delegados de la Comisión les decían a las personas que declaraban, que no levantaran la cabeza para que los funcionarios del gobierno no pudieran leerles los labios. Inspeccionaron cárceles, hablaron con autoridades judiciales y de policía, con empresarios, se reunieron con organizaciones sociales, de derechos humanos y obreras, con expresidentes y ex funcionarios públicos.
Con toda la información recabada, la Comisión, lejos de caer en el juego que se pretendió, en contra de los cálculos del gobierno militar y, en un acto de verdadero heroísmo, presentó un demoledor informe en 1980 en el que documentó el horror de los actos de terrorismo que el Estado practicaba, su modus operandi, su dimensión y su gravedad. El informe resultó ser un golpe al corazón de la dictadura y hoy en día se sigue considerando el principal antecedente del desmonte de ese gobierno y el mecanismo que le permitió al mundo conocer lo que pasaba en el país que, convenientemente, acababa de ganar el Mundial de Fútbol de 1978.
Argentina es un país que sigue estando atravesado por esa tragedia. La semana pasada, se realizaron en ese país diversos actos en conmemoración de los cuarenta años de la visita histórica de la CIDH. Además de la instalación de una muestra temporal en el Museo de la Memoria de la ESMA sobre dicha visita en 1979, la Comisión, de visita oficial en el país, lanzó su informe anual y otros informes temáticos y de paso, adelantó actividades académicas y pedagógicas con universidades de varios países, para insistir en realzar la lucha por los derechos humanos y mantener en la agenda el tema de la memoria y la verdad como herramientas indispensables para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en ese período aterrador.
Aunque se perciben señales de distancia del gobierno saliente frente a este tipo de temas, en un país crítico y deliberante como lo es Argentina, es necesario que el llamado a no olvidar sea parte de los miles de debates que a diario ocurren en ese país. El innegable nivel cultural de la sociedad argentina y su progresismo, con el que tantos otros países quisiéramos contar, debería llevarlo a seguir trabajando porque las nuevas generaciones se miren en el espejo de su historia y de los errores de esos que los antecedieron, para continuar avanzando sin desconocer su pasado. Y a que asuman, como hasta ahora ha ocurrido, la herencia de lucha y resistencia de tantos también anteriores a ellos, a quienes deben en buena medida la libertad y los privilegios que hoy dan por sentados.
Los vientos reformistas que pretenden limitar la acción de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y, particularmente de la Comisión, necesitan urgentemente del contrapeso de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil manifestándose en contra de agendas opresoras, estigmatizantes y excluyentes que pretenden ignorar el pasado y dejar de vigilar el presente.
La CIDH es una gran aliada de movimiento de derechos humanos en toda la región que, a pesar de los ataques e intentos de acabarla, ha podido mantenerse en pie y seguir denunciando abusos y violaciones de derechos humanos en toda América. La resistencia de la Comisión y su determinación por continuar por ese camino, deben reconocerse y abrazarse, pues, pese a estar lejos de ser una organización perfecta, es la que ha dado voz a organizaciones y personas que no encuentran en sus países el espacio que deberían tener para reclamar la garantía y protección de sus derechos.