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Por Esteban Linares
La coyuntura de transición histórica que estamos viviendo como país, condensada en una transformación de quiénes asumen la dirección del Estado y matizada por los hallazgos de la Comisión de la Verdad (CEV), abre la puerta para optar por nuevas alternativas en la forma en que se enfrenta y comprende a los narcotraficantes. Lógicamente, uno pensaría que un gobierno para el cambio debería intentar una estrategia distinta.
La estrategia y los antecedentes
Lo que ha predominado ante los grupos narcotraficantes es el todo o nada; son dados de baja o son capturados y extraditados automáticamente a una cárcel de Estados Unidos. Esto implica al menos dos problemas graves reconocidos en el informe de la CEV: por un lado, que no se logra desmontar el negocio del narcotráfico, dado que el mismo se recicla en nuevos cabecillas y en nuevas estructuras cada vez más dispersas; y por el otro, grietas en la soberanía judicial, limitando las posibilidades del esclarecimiento de los graves crímenes mientras se obstruye el derecho a la verdad y la posibilidad de usar las rentas para reparar a las víctimas.
La CEV también problematiza la forma en que se entienden los narcotraficantes, si bien estos grupos no están ideologizados, como si lo están las insurgencias, y su principal motivante son los beneficios económicos, es fundamental comprender que han sido protagonistas en el desarrollo histórico de los conflictos políticos del país.
Los narcotraficantes, concluye la CEV, se involucraron de forma muy cercana con las élites económicas, el poder político y los operadores de justicia para hacer más fácil el lavado de activos y blindarse lo más posible de la persecución y la cárcel. Así mismo, se relacionaron con todos los actores armados en el conflicto: en un primer momento, la relación se centró en ser promotor y financiador directo de los paramilitares e indirecto de las guerrillas mediante el pago por los cultivos y laboratorios, posteriormente, la relación con los actores armados mutó al control de corredores y rentas del narcotráfico, y finalmente, al control de la cadena de producción y tráfico. Son actores políticos en la medida en que disputan el territorio, incursionan en las instituciones, cooptan la fuerza pública, entre otras actuaciones.
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Estas relaciones llevaron a que los narcotraficantes se vieran asociados con graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que se pueden contar: despojo de tierras, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, desapariciones y masacres. Pero también, en lo que fue un reemplazo de la reforma agraria, brindando una oportunidad para el ascenso social en las zonas marginalizadas por el Estado.
Actualmente, luego de 30 años de intentar lo mismo por parte de los gobiernos, los narcotraficantes exportan cocaína sin muchas trabas: están consolidados territorialmente, cuentan con un amplio control poblacional y la resistencia que puede hacer la fuerza pública es superficial. Las Agc (Clan del Golfo, como es referido desde el gobierno), por ejemplo, ha sido capaz de desplegar su organización territorialmente, bloquear 11 departamentos, asesinar civiles y policías y confinar comunidades sin que haya oposición real del Estado.
El cambio de estrategia
Luego de la segunda vuelta presidencial una esperanza de cambio desbordó los sentires de una gran parte de la población. Sorprendentemente, la esperanza también se esparció hasta lo más profundo y clandestino de Colombia, allá en donde se produce cocaína y se saca a sangre y fuego. El 21 de julio apareció en redes una carta donde grupos de narcotraficantes exponían su disposición de construir un acuerdo para la “paz con justicia social”. El domingo, las Agc anunciaban el cese al fuego como muestra de su voluntad de diálogo, mientras que Gustavo Petro, en su posesión presidencial, hablaba de convocar a todos los actores armados a dejar las armas y a buscar soluciones a través de la razón, y la negociación.
Aunque a muchos les parezca una locura esta posibilidad, y crean que no hay nada que negociar, se tiene mucho que pactar con los narcotraficantes. De lo contrario, la construcción de una paz efectiva puede resultar más que difícil. Lo expuesto por la CEV es una muestra de los alcances que ha tenido el narcotráfico en la degradación de la guerra y su persistencia.
En un escenario de transición, el poder establecer un diálogo con los narcotraficantes permitiría avanzar en destapar una de las ollas podridas más grandes. Necesitamos saber quiénes son los que tras bambalinas se han beneficiado del narcotráfico y han pisoteado la dignidad de las personas más vulnerables. Es necesario que las víctimas tengan la oportunidad de un proceso de reparación y verdad integral, uno que incluya los aprendizajes de la CEV y la Jurisdicción Especial de Paz.
La ‘guerra contra las drogas’ hace rato fue ganada por las drogas, y, como en cualquier guerra, al final la única salida es el diálogo. Lastimosamente estas no pueden sentarse a negociar, por lo que hay que buscar acercamientos con los narcotraficantes. Empezar a sentar las bases de una regulación va a resultar imposible si el Estado no les quita efectivamente el negocio, y con este panorama, es claro que no lo van a ceder por la fuerza.