20 años después de la masacre, Bojayá sigue sin enterrar sus dolores

La voz de Domingo Chalá parecía crujiendo cuando hablaba, ronca como un barranco de piedras que se desmorona. Chalá, viejo sepulturero del pueblo, se convirtió en un personaje típico de Bojayá, o de Bellavista más bien, pues ese es el verdadero nombre del municipio a orillas del Atrato que el 2 de mayo del 2002 fue el escenario de uno de los peores horrores de la guerra colombiana.

Los reporteros perseguían a Chalá en la víspera de cada conmemoración, año tras año, para que volviera a contarles las mismas escenas. Que los paramilitares se atrincheraban atrás de la iglesia y que los guerrilleros dieron la orden de lanzar la bomba que mató a 79 personas. Que él vio salir personas vivas y ensangrentadas de la iglesia en ruinas, otras completamente ilesas, pero tan rotas y heridas como las demás, y que desde entonces hacen parte de toda una comunidad fracturada para siempre. Que lo buscaron para sepultar a los muertos y metió mano a la faena durante varias jornadas bebiendo viche, mientras oía los lamentos de las víctimas.

Allá, con la pala entre las manos y al pie de la fosa común que años más tarde la Fiscalía iba a exhumar -en un proceso de reparación lento, tortuoso y accidentado- fue donde lo encontró el reportero español Paco Gómez Nadal. Fue el primer periodista que consiguió llegar a Bellavista después de la masacre, junto al fotógrafo Jesús Abad Colorado, en una caravana encabezada por los sacerdotes y religiosas de la Diócesis de Quibdó. Los enfrentamientos proseguían en los alrededores y Paco anotó de la siguiente manera aquel episodio en su libro ‘Los muertos no hablan’:

“La historia de Bellavista fue relatada mil y una veces en los diarios colombianos. Se pudo leer cómo parte de los supervivientes se echaron a la ciénaga; cómo el padre Janeiro estuvo tres días perdido en la selva y apareció vivo y enfermo de paludismo; cómo la población que se quedó en el casco urbano salió con banderas blancas hasta el muelle y remando a mano consiguió huir a Vigía del Fuerte en varios botes; cómo murieron veintiún personas de la misma familia; cómo se tuvo que pagar en plata y en alcohol a los pocos hombres que en los días siguientes sacaron cadáveres y miembros humanos del amasijo de cascotes y sangre en que quedó convertida la capilla; cómo se enterró a toda esa humanidad en una fosa común de cinco metros de profundidad y cinco metros de ancho a orillas del río Bojayá; cómo siguieron los combates durante 72 horas; cómo los paramilitares ametrallaron desde el cielo con un helicóptero que más tarde fue derribado por la Fuerza Aérea; cómo los aviones OV-10 y los Mirage del Ejército colombiano aterrorizaron a la población que se hacinaba en Vigía; cómo el presidente Andrés Pastrana apareció en escena para hacer uno de sus últimos actos dramáticos en el que las gentes del Chocó se sintieron más abandonadas que nunca...”

Bojayá, con sus cifras desproporcionadas de víctimas y violencia, y más tarde con la lucha de su gente por lograr justicia, verdad y reparación, acabó convirtiéndose en una suerte de miniatura del país. Las consecuencias de la explosión de una pipeta bomba sobre una iglesia repleta de civiles se dilataron en el tiempo, impregnando a toda la población que empezó por desplazarse masivamente abandonando el viejo pueblo de Bellavista.

Más de 4.000 personas huyeron, contó el misionero alemán Uli Kollwitz, quien estuvo entre los primeros en atender aquella tragedia, aunque cree que podrían haber sido más si los sacerdotes y religiosas de la iglesia del Chocó no hubieran “acompañado a las poblaciones”, alentándolas para que no abandonaran sus territorios.

Hasta la fecha, el Comité de Víctimas de Bojayá asume que el número de personas fallecidas asciende a 98, contando a los niños no nacidos que estaban en el vientre de sus madres durante la masacre, así como a familiares y sobrevivientes que murieron luego por enfermedades y secuelas causadas por los hechos.

(Lea también: En Bojayá, los jóvenes indígenas se quitan la vida ante el temor a la violencia)

El viejo pueblo de Bellavista quedó desolado y como medida de reparación el Gobierno Nacional construyó uno nuevo, cuatro kilómetros al sur, entregado oficialmente en 2007 a las víctimas por el presidente Álvaro Uribe, que llegó al municipio luciendo un sombrero aguadeño y un poncho blanco sobre el hombro derecho. “La Fuerza Pública no va a abandonar este pedazo de Colombia”, dijo Uribe en el discurso que dio en ese momento, una referencia ineludible a las omisiones que el Estado había cometido cinco años antes cuando permitió que la confrontación entre paramilitares y guerrilleros escalara hasta los niveles más horrorosos que ha conocido el país.

Al nuevo pueblo que Uribe inauguró los habitantes lo bautizaron jocosamente “Se verá”, por las incontables promesas incumplidas del Gobierno en la región. Cuando a los vecinos de Bojayá les hablaban de los grandes proyectos e inversiones que el Gobierno Nacional tenía proyectados para la zona solían responder con sorna y duda: “se verá”. Uribe había prometido en esa oportunidad la interconexión eléctrica para Bojayá en un plazo de un año. Han pasado 15 desde su visita y la interconexión no ha llegado.

Hoy el Nuevo Bellavista es una rareza exótica clavada en la selva chocoana: tiene unas calles pavimentadas con alamedas, sardineles y hasta palmeras, por donde probablemente nunca van a cruzar carros, porque no hay ninguna carretera en cientos de kilómetros a la redonda y la única manera de llegar al municipio es navegando el río o en helicóptero. El pueblo además cuenta con polideportivo y casas de material, otra rareza en el Chocó, casas lejos del río, algo inusual en cualquier población del Atrato, pues se rompe la conexión vital con el agua, en torno a la cual giran casi todas las actividades de la vida diaria.

“La verdad es fundamental”

No obstante, lo que más siguen esperando las víctimas es que se cuente toda la verdad. “No se ha podido establecer la responsabilidad de todas las personas involucradas”, asegura Byron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado las denuncias por este caso. “Bojayá no puede verse como un hecho aislado, sino con la situación que venía presentándose desde 1996 con el ingreso del paramilitarismo a la zona. Eso sólo se pudo hacer con el apoyo de la Fuerza Pública”, concluye el abogado.

José de la Cruz Valencia, líder del Comité de Víctimas, es más conciso: “hemos estado abiertos para quien se acerque conversar: la verdad es fundamental”.

Las Farc han reconocido su responsabilidad en los hechos y fueron el primer actor armado que voluntariamente y sin que mediara una orden judicial realizó un acto público a finales de 2015 para asumir su responsabilidad en el crimen. Un perdón que no todas las víctimas estuvieron dispuestas a conceder.

Sin embargo, desde el principio la Organización de Naciones Unidas señaló la responsabilidad tripartita en los hechos, pues la masacre ocurrió en medio de una confrontación en la que también intervenían los paramilitares y la Fuerza Pública.

La historia de penetración paramilitar por el río Atrato en colaboración con la Policía y el Ejército comenzó con la célebre ‘Operación Génesis’ en el Urabá y el norte del Chocó, luego quedó documentada en sentencias de Justicia y Paz como la proferida en contra de Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, aunque es mejor escucharla de boca de quienes la sufrieron, como el misionero Uli Kollwitz.

“En mayo del 97 llegaron los paramilitares al Medio Atrato, de repente aparecieron en Vigía, en Bellavista, fue una sorpresa total para la gente. La guerrilla aumentó su presencia aquí y empezó a hostigar a los paramilitares”, cuenta Kollwitz. “Durante casi tres años los paramilitares fueron los amos y señores, hasta que en marzo de 2000 la guerrilla se tomó a Vigía”., afirma. Esa toma se hizo con una avanzada que desde Mandé movilizó combatientes y armamentos en caravanas de mulas siguiendo el río Arquía, en Antioquia, y aún es recordada por la enorme violencia que suscitó.

(Le puede interesar: ¿Van a tapar el sol con un dedo?)

Las advertencias de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas sobre la inminencia de una confrontación que podría escalar a consecuencias desastrosas se amontonaban en los despachos oficiales anunciando la futura e inevitable crisis humanitaria. También lo hicieron las cartas que el sacerdote Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista, envió desde 1997 a sus superiores en la Diócesis de Quibdó y al entonces presidente Ernesto Samper.

Mazo no alcanzó a acompañar a su gente el día de la masacre: fue asesinado por órdenes de Carlos Castaño la noche del 18 de noviembre de 1999, cuando arribaba a Quibdó en un bote junto al cooperante vasco Íñigo Egiluz. El máximo jefe de las Autodefensas les cobró con la vida haberse opuesto al bloqueo que sus hombres impusieron sobre el río Atrato, por donde prohibieron el transporte de alimentos que, según ellos, iban destinados a la guerrilla.

Las copias de las cartas del padre Mazo fueron entregadas por la misma comunidad en mayo de 2002, después de la masacre, al reportero Nelson Fredy Padilla quién las publicó en El Espectador.

“Los paramilitares salieron de sus escondites [después de la masacre], se quitaron sus uniformes, entraron a las casas de Bellavista y las saquearon para ponerse la ropa de los civiles y cruzaron a Vigía del Fuerte”, recuerda Kollowitz y agrega que “los niños fueron los primeros en descubrir eso cuando decían ‘este viene con la camisa de mi tío’ o ‘este tiene las chanclas de mi papá’. La gente se asustó mucho, fueron donde el Ejército y recibieron la respuesta cínica de que ellos no sabían quién era guerrillero o quién era paramilitar”, relata.

La violencia, ¿un bucle interminable?

Organizaciones de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad siguen reclamando que se juzgue al general Mario Montoya como responsable, y no solamente a los miembros de las Farc y del paramilitarismo, contra quienes ya hay procesos judiciales y sentencias. Montoya hizo presencia en el pueblo pocos días después de los combates acompañado de paramilitares vestidos de civil.

“La justicia es un proceso en donde las comunidades pueden disfrutar de sus derechos”, dice Leyner Palacios, líder social y víctima de la masacre. Una treintena de sus familiares murieron en la explosión de la iglesia. Hoy funge como comisionado en la Comisión de la Verdad.

(También lea: Desplazamiento, confinamientos e inundaciones: la situación en Bojayá, Chocó)

Esta ha sido la apuesta de la comunidad bojayaceña después de la masacre: intentar reconstruir ese tejido social dañado por la guerra con procesos de memoria, como la recuperación de los alabaos y cantos tradicionales, apostándole a la reconciliación.

“Yo viví todo el fenómeno de la guerra por la avanzada paramilitar y la presencia de las Farc en estos territorios”, dice Leyner. “Había un bloqueo económico, había violación sistemática de derechos, todos los días mataban tres o cuatro personas, los picaban, los metían en costales y a muchos los tiraban al fondo del Atrato”, afirma.

Leyner fue amenazado de muerte en enero del 2020, presuntamente por las Agc o Clan del Golfo, cuando era una de las voces que con mayor firmeza denunciaba la reconfiguración del conflicto armado en el Chocó. “Bojayá ha sido un símbolo de la desgracia, todos llegan con su discurso de que van a proteger las comunidades, pero son las comunidades las que mueren”, sentencia Palacios.

En septiembre de 2019, después de casi dos décadas de exámenes de laboratorio y controversias jurídicas, la Fiscalía hizo la entrega de los cuerpos exhumados a las familias, para que tuvieran un entierro digno con alabaos y rezos, como mandan las tradiciones del pueblo negro del Atrato.

Aquel acto reparador ocurría al tiempo que comenzaba una nueva penetración paramilitar hacia Bojayá y el Medio Atrato, encabezada por las Agc, que en la disputa con el Eln aún hoy provocan confinamientos, amenazas y asesinatos de civiles en la región durante los últimos años, como si la historia de violencia fuera un bucle interminable.

A Domingo Chalá lo buscaron de nuevo los reporteros en 2019 durante la entrega de los cuerpos exhumados por la Fiscalía. Querían que cantara porque su voz ronca se aclaraba con cualquiera de los alabaos y tonadas que compuso en todos los años que pasaron después de la masacre.

“La Farc lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia”, comenzaba su melodía que varios periodistas escuchaban atentos: “lo que hicieron con mi pueblo, por Dios no tiene sentido, matar tantos inocentes sin haber ningún motivo… Recuerdo que el dos de mayo, fecha que no olvidó yo, pasó un caso en Bellavista, al mundo entero conmovió”.

Bojayá podría ser un resumen de Colombia. Un lugar que concentra la brutalidad sin límites y a la vez la lucha incansable de una comunidad que sólo quiere vivir en paz.

La voz de Domingo Chalá parecía crujiendo cuando hablaba, ronca como un barranco de piedras que se desmorona. Chalá, viejo sepulturero del pueblo, se convirtió en un personaje típico de Bojayá, o de Bellavista más bien, pues ese es el verdadero nombre del municipio a orillas del Atrato que el 2 de mayo del 2002 fue el escenario de uno de los peores horrores de la guerra colombiana.

Los reporteros perseguían a Chalá en la víspera de cada conmemoración, año tras año, para que volviera a contarles las mismas escenas. Que los paramilitares se atrincheraban atrás de la iglesia y que los guerrilleros dieron la orden de lanzar la bomba que mató a 79 personas. Que él vio salir personas vivas y ensangrentadas de la iglesia en ruinas, otras completamente ilesas, pero tan rotas y heridas como las demás, y que desde entonces hacen parte de toda una comunidad fracturada para siempre. Que lo buscaron para sepultar a los muertos y metió mano a la faena durante varias jornadas bebiendo viche, mientras oía los lamentos de las víctimas.

Allá, con la pala entre las manos y al pie de la fosa común que años más tarde la Fiscalía iba a exhumar -en un proceso de reparación lento, tortuoso y accidentado- fue donde lo encontró el reportero español Paco Gómez Nadal. Fue el primer periodista que consiguió llegar a Bellavista después de la masacre, junto al fotógrafo Jesús Abad Colorado, en una caravana encabezada por los sacerdotes y religiosas de la Diócesis de Quibdó. Los enfrentamientos proseguían en los alrededores y Paco anotó de la siguiente manera aquel episodio en su libro ‘Los muertos no hablan’:

“La historia de Bellavista fue relatada mil y una veces en los diarios colombianos. Se pudo leer cómo parte de los supervivientes se echaron a la ciénaga; cómo el padre Janeiro estuvo tres días perdido en la selva y apareció vivo y enfermo de paludismo; cómo la población que se quedó en el casco urbano salió con banderas blancas hasta el muelle y remando a mano consiguió huir a Vigía del Fuerte en varios botes; cómo murieron veintiún personas de la misma familia; cómo se tuvo que pagar en plata y en alcohol a los pocos hombres que en los días siguientes sacaron cadáveres y miembros humanos del amasijo de cascotes y sangre en que quedó convertida la capilla; cómo se enterró a toda esa humanidad en una fosa común de cinco metros de profundidad y cinco metros de ancho a orillas del río Bojayá; cómo siguieron los combates durante 72 horas; cómo los paramilitares ametrallaron desde el cielo con un helicóptero que más tarde fue derribado por la Fuerza Aérea; cómo los aviones OV-10 y los Mirage del Ejército colombiano aterrorizaron a la población que se hacinaba en Vigía; cómo el presidente Andrés Pastrana apareció en escena para hacer uno de sus últimos actos dramáticos en el que las gentes del Chocó se sintieron más abandonadas que nunca...”

Bojayá, con sus cifras desproporcionadas de víctimas y violencia, y más tarde con la lucha de su gente por lograr justicia, verdad y reparación, acabó convirtiéndose en una suerte de miniatura del país. Las consecuencias de la explosión de una pipeta bomba sobre una iglesia repleta de civiles se dilataron en el tiempo, impregnando a toda la población que empezó por desplazarse masivamente abandonando el viejo pueblo de Bellavista.

Más de 4.000 personas huyeron, contó el misionero alemán Uli Kollwitz, quien estuvo entre los primeros en atender aquella tragedia, aunque cree que podrían haber sido más si los sacerdotes y religiosas de la iglesia del Chocó no hubieran “acompañado a las poblaciones”, alentándolas para que no abandonaran sus territorios.

Hasta la fecha, el Comité de Víctimas de Bojayá asume que el número de personas fallecidas asciende a 98, contando a los niños no nacidos que estaban en el vientre de sus madres durante la masacre, así como a familiares y sobrevivientes que murieron luego por enfermedades y secuelas causadas por los hechos.

(Lea también: En Bojayá, los jóvenes indígenas se quitan la vida ante el temor a la violencia)

El viejo pueblo de Bellavista quedó desolado y como medida de reparación el Gobierno Nacional construyó uno nuevo, cuatro kilómetros al sur, entregado oficialmente en 2007 a las víctimas por el presidente Álvaro Uribe, que llegó al municipio luciendo un sombrero aguadeño y un poncho blanco sobre el hombro derecho. “La Fuerza Pública no va a abandonar este pedazo de Colombia”, dijo Uribe en el discurso que dio en ese momento, una referencia ineludible a las omisiones que el Estado había cometido cinco años antes cuando permitió que la confrontación entre paramilitares y guerrilleros escalara hasta los niveles más horrorosos que ha conocido el país.

Al nuevo pueblo que Uribe inauguró los habitantes lo bautizaron jocosamente “Se verá”, por las incontables promesas incumplidas del Gobierno en la región. Cuando a los vecinos de Bojayá les hablaban de los grandes proyectos e inversiones que el Gobierno Nacional tenía proyectados para la zona solían responder con sorna y duda: “se verá”. Uribe había prometido en esa oportunidad la interconexión eléctrica para Bojayá en un plazo de un año. Han pasado 15 desde su visita y la interconexión no ha llegado.

Hoy el Nuevo Bellavista es una rareza exótica clavada en la selva chocoana: tiene unas calles pavimentadas con alamedas, sardineles y hasta palmeras, por donde probablemente nunca van a cruzar carros, porque no hay ninguna carretera en cientos de kilómetros a la redonda y la única manera de llegar al municipio es navegando el río o en helicóptero. El pueblo además cuenta con polideportivo y casas de material, otra rareza en el Chocó, casas lejos del río, algo inusual en cualquier población del Atrato, pues se rompe la conexión vital con el agua, en torno a la cual giran casi todas las actividades de la vida diaria.

“La verdad es fundamental”

No obstante, lo que más siguen esperando las víctimas es que se cuente toda la verdad. “No se ha podido establecer la responsabilidad de todas las personas involucradas”, asegura Byron Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado las denuncias por este caso. “Bojayá no puede verse como un hecho aislado, sino con la situación que venía presentándose desde 1996 con el ingreso del paramilitarismo a la zona. Eso sólo se pudo hacer con el apoyo de la Fuerza Pública”, concluye el abogado.

José de la Cruz Valencia, líder del Comité de Víctimas, es más conciso: “hemos estado abiertos para quien se acerque conversar: la verdad es fundamental”.

Las Farc han reconocido su responsabilidad en los hechos y fueron el primer actor armado que voluntariamente y sin que mediara una orden judicial realizó un acto público a finales de 2015 para asumir su responsabilidad en el crimen. Un perdón que no todas las víctimas estuvieron dispuestas a conceder.

Sin embargo, desde el principio la Organización de Naciones Unidas señaló la responsabilidad tripartita en los hechos, pues la masacre ocurrió en medio de una confrontación en la que también intervenían los paramilitares y la Fuerza Pública.

La historia de penetración paramilitar por el río Atrato en colaboración con la Policía y el Ejército comenzó con la célebre ‘Operación Génesis’ en el Urabá y el norte del Chocó, luego quedó documentada en sentencias de Justicia y Paz como la proferida en contra de Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, aunque es mejor escucharla de boca de quienes la sufrieron, como el misionero Uli Kollwitz.

“En mayo del 97 llegaron los paramilitares al Medio Atrato, de repente aparecieron en Vigía, en Bellavista, fue una sorpresa total para la gente. La guerrilla aumentó su presencia aquí y empezó a hostigar a los paramilitares”, cuenta Kollwitz. “Durante casi tres años los paramilitares fueron los amos y señores, hasta que en marzo de 2000 la guerrilla se tomó a Vigía”., afirma. Esa toma se hizo con una avanzada que desde Mandé movilizó combatientes y armamentos en caravanas de mulas siguiendo el río Arquía, en Antioquia, y aún es recordada por la enorme violencia que suscitó.

(Le puede interesar: ¿Van a tapar el sol con un dedo?)

Las advertencias de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas sobre la inminencia de una confrontación que podría escalar a consecuencias desastrosas se amontonaban en los despachos oficiales anunciando la futura e inevitable crisis humanitaria. También lo hicieron las cartas que el sacerdote Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista, envió desde 1997 a sus superiores en la Diócesis de Quibdó y al entonces presidente Ernesto Samper.

Mazo no alcanzó a acompañar a su gente el día de la masacre: fue asesinado por órdenes de Carlos Castaño la noche del 18 de noviembre de 1999, cuando arribaba a Quibdó en un bote junto al cooperante vasco Íñigo Egiluz. El máximo jefe de las Autodefensas les cobró con la vida haberse opuesto al bloqueo que sus hombres impusieron sobre el río Atrato, por donde prohibieron el transporte de alimentos que, según ellos, iban destinados a la guerrilla.

Las copias de las cartas del padre Mazo fueron entregadas por la misma comunidad en mayo de 2002, después de la masacre, al reportero Nelson Fredy Padilla quién las publicó en El Espectador.

“Los paramilitares salieron de sus escondites [después de la masacre], se quitaron sus uniformes, entraron a las casas de Bellavista y las saquearon para ponerse la ropa de los civiles y cruzaron a Vigía del Fuerte”, recuerda Kollowitz y agrega que “los niños fueron los primeros en descubrir eso cuando decían ‘este viene con la camisa de mi tío’ o ‘este tiene las chanclas de mi papá’. La gente se asustó mucho, fueron donde el Ejército y recibieron la respuesta cínica de que ellos no sabían quién era guerrillero o quién era paramilitar”, relata.

La violencia, ¿un bucle interminable?

Organizaciones de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad siguen reclamando que se juzgue al general Mario Montoya como responsable, y no solamente a los miembros de las Farc y del paramilitarismo, contra quienes ya hay procesos judiciales y sentencias. Montoya hizo presencia en el pueblo pocos días después de los combates acompañado de paramilitares vestidos de civil.

“La justicia es un proceso en donde las comunidades pueden disfrutar de sus derechos”, dice Leyner Palacios, líder social y víctima de la masacre. Una treintena de sus familiares murieron en la explosión de la iglesia. Hoy funge como comisionado en la Comisión de la Verdad.

(También lea: Desplazamiento, confinamientos e inundaciones: la situación en Bojayá, Chocó)

Esta ha sido la apuesta de la comunidad bojayaceña después de la masacre: intentar reconstruir ese tejido social dañado por la guerra con procesos de memoria, como la recuperación de los alabaos y cantos tradicionales, apostándole a la reconciliación.

“Yo viví todo el fenómeno de la guerra por la avanzada paramilitar y la presencia de las Farc en estos territorios”, dice Leyner. “Había un bloqueo económico, había violación sistemática de derechos, todos los días mataban tres o cuatro personas, los picaban, los metían en costales y a muchos los tiraban al fondo del Atrato”, afirma.

Leyner fue amenazado de muerte en enero del 2020, presuntamente por las Agc o Clan del Golfo, cuando era una de las voces que con mayor firmeza denunciaba la reconfiguración del conflicto armado en el Chocó. “Bojayá ha sido un símbolo de la desgracia, todos llegan con su discurso de que van a proteger las comunidades, pero son las comunidades las que mueren”, sentencia Palacios.

En septiembre de 2019, después de casi dos décadas de exámenes de laboratorio y controversias jurídicas, la Fiscalía hizo la entrega de los cuerpos exhumados a las familias, para que tuvieran un entierro digno con alabaos y rezos, como mandan las tradiciones del pueblo negro del Atrato.

Aquel acto reparador ocurría al tiempo que comenzaba una nueva penetración paramilitar hacia Bojayá y el Medio Atrato, encabezada por las Agc, que en la disputa con el Eln aún hoy provocan confinamientos, amenazas y asesinatos de civiles en la región durante los últimos años, como si la historia de violencia fuera un bucle interminable.

A Domingo Chalá lo buscaron de nuevo los reporteros en 2019 durante la entrega de los cuerpos exhumados por la Fiscalía. Querían que cantara porque su voz ronca se aclaraba con cualquiera de los alabaos y tonadas que compuso en todos los años que pasaron después de la masacre.

“La Farc lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia”, comenzaba su melodía que varios periodistas escuchaban atentos: “lo que hicieron con mi pueblo, por Dios no tiene sentido, matar tantos inocentes sin haber ningún motivo… Recuerdo que el dos de mayo, fecha que no olvidó yo, pasó un caso en Bellavista, al mundo entero conmovió”.

Bojayá podría ser un resumen de Colombia. Un lugar que concentra la brutalidad sin límites y a la vez la lucha incansable de una comunidad que sólo quiere vivir en paz.