2018, el año más violento contra los líderes sociales en Colombia
El más reciente informe del Programa Somos Defensores registra 805 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos durante el año pasado, de las cuales 155 fueron asesinatos. Indicadores sin precedentes en el país. El documento denuncia falta de voluntad política del Gobierno Nacional para frenar el fenómeno.
Colombia2020/ @EEColombia2020
Los niveles de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos alcanzados en el país durante 2018 no tienen precedentes. Los indicadores en asesinatos, amenazas, hostigamientos y otros hechos violentos se dispararon en relación con años anteriores y la respuesta estatal fue, en todo momento, ineficiente.
Así lo revela el más reciente informe del Programa Somos Defensores que se lanza este martes y que hace un análisis de la situación de líderes sociales en 2018. La publicación, en su conjunto, evidencia un crítico panorama durante el último semestre de gobierno de Juan Manuel Santos y peor aún para los primeros meses de Iván Duque en la Presidencia.
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En total, el documento reporta 805 agresiones a líderes y defensores durante el año pasado, en su mayoría amenazas. Respecto a 2017, el aumento es de casi 44% pues ese año se registraron 560 casos. Pero la situación es más alarmante particularmente con relación a los asesinatos pues se pasó de 106 en 2017 a 155 en 2018, es decir, un aumento de más del 46%. Así mismo, el número de amenazas registradas alcanzó 583, luego de haberse presentado 370 en 2017.
Para el Programa Somos Defensores, entre los factores determinantes para el incremento de todos los indicadores en esta materia está, por un lado, la no implementación efectiva de lo pactado en La Habana, sobre todo en materia de seguridad, y por otro, la reconfiguración del mapa de actores armados ilegales en los territorios que antes estuvieron dominados por las Farc.
Un mapa que hoy incluye entre sus actores a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Puntilleros, los Pachenca, los Caparrapos, el Frente Oliver Sinisterra, Los Pachely, el Eln y el Epl, entre muchos otros. La diversificación de los grupos armados ilegales dificulta, además, la identificación de los responsables de las agresiones a líderes.
En ese sentido, el informe reporta que el 55% de las 805 agresiones contra líderes fueron cometidas por grupos paramilitares, en el 33% de los casos no se ha identificado el responsable, el 5% fueron cometidas por disidencias de las Farc, 4% por la Fuerza Pública y menos del 2% por el Eln.
Respecto a las zonas del país en las que se han registrado las agresiones, la publicación encuentra que el fenómeno afecta alrededor del 87% del territorio nacional, pues se registraron casos en 28 de los 32 departamentos. Sin embargo, la mayor ocurrencia de estas agresiones se presenta en zonas que tienen alguna o varias de estas características: hay cultivos de uso ilícito o son rutas de narcotráfico, hay presencia de grupos paramilitares, son zonas militarizadas, hay actividades extractivas como la minería y hay procesos sociales fuertes. De igual forma, tienen influencia también las zonas aledañas a los espacios de reincorporación de las Farc (hay 24 en todo el país) y suelen ser zonas priorizadas para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) estipulados en el Acuerdo de Paz.
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La respuesta ineficiente del Estado
Según el informe, al no priorizar esta situación y considerarla secundaria en sus preocupaciones, el gobierno de Iván Duque asumió una posición contraria a su deber de ofrecer garantías de seguridad para los líderes y defensores. “Duque está gobernando de frente a la economía y de espaldas a la paz”, sentencia la publicación al evidenciar el exagerado interés que el mandatario ha mostrado por la economía naranja, donde ha centrado su discurso.Le puede interesar: Las violencias contra las lideresas son más crueles que contra los líderes: Codhes
Pero, además, lo que resulta preocupante para el programa respecto al actual gobierno es que haya frenado o reemplazado la implementación de los mecanismos que estipula el Acuerdo para la protección de lideres y defensores de derechos humanos. Es el caso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, entre otros.
De forma paralela a estos mecanismos, el gobierno puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO), que ya ha sido fuertemente criticado por plataformas de derechos humanos por tener un enfoque primordialmente militarista.
“La realidad es que es un plan insuficiente, pues no considera el desmantelamiento de los grupos armados en los territorios, la lucha estructural contra el crimen organizado y el mejoramiento del bienestar de las comunidades, que son situaciones que alimentan el círculo de las violencias; por el contrario, el PAO utiliza viejas fórmulas desde un enfoque coercitivo”, dice el documento. De acuerdo con la política del gobierno, hoy la Comisión Nacional de Garantías – cuyo mandato era crear la política pública para el desmonte del crimen organizado y hacerle seguimiento – “es una comisión menor subordinada al PAO, una instancia consultiva, sin funciones claras”.
En medio de la oleada violenta contra líderes sociales y defensores de derechos humanos durante 2018, la sociedad civil se organizó y respondió de manera masiva. El 6 de julio se llevó a cabo una velatón para repudiar esta violencia, justo en el mes en el que más se registraron agresiones (119). Le siguen mayo con 112, agosto con 109 y junio con 77.
La otra respuesta ineficaz, dice el informe, ha venido desde la Fiscalía General, que, aunque a nivel discursivo dice haber alcanzado niveles históricos en esclarecimiento estos no se materializan en la práctica. Para el programa, el problema está en que el órgano investigador presenta como casos esclarecidos aquellos en los que hay cualquier tipo de avance, mientras que un esclarecimiento real implica que se haya producido una sentencia. En ese sentido, mientras la Fiscalía habla de niveles de esclarecimiento cercanos al 50% de los casos, para Somos Defensores esos niveles no han superado el 10%.
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Sin embargo, la publicación destaca también la gestión de dos entidades del Estado que han mostrado un compromiso importante para frenar la ola de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Primero, la Procuraduría, que ha puesto en el centro de sus prioridades este fenónemo. “Se debe decir que el Procurador Fernando Carrillo ha sido un funcionario crítico de la situación de agresión contra personas defensoras de derechos humanos y parte de su agenda institucional así lo refleja”.
Por otro lado, destaca la gestión de la Defensoría del Pueblo y su papel para posicionar en la agenda pública el tema de la violencia contra líderes. En particular, resalta la alerta temprana 026 de marzo de 2018, emitida por esta entidad en la que advierte el alto riesgo y vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el país.
Los niveles de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos alcanzados en el país durante 2018 no tienen precedentes. Los indicadores en asesinatos, amenazas, hostigamientos y otros hechos violentos se dispararon en relación con años anteriores y la respuesta estatal fue, en todo momento, ineficiente.
Así lo revela el más reciente informe del Programa Somos Defensores que se lanza este martes y que hace un análisis de la situación de líderes sociales en 2018. La publicación, en su conjunto, evidencia un crítico panorama durante el último semestre de gobierno de Juan Manuel Santos y peor aún para los primeros meses de Iván Duque en la Presidencia.
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En total, el documento reporta 805 agresiones a líderes y defensores durante el año pasado, en su mayoría amenazas. Respecto a 2017, el aumento es de casi 44% pues ese año se registraron 560 casos. Pero la situación es más alarmante particularmente con relación a los asesinatos pues se pasó de 106 en 2017 a 155 en 2018, es decir, un aumento de más del 46%. Así mismo, el número de amenazas registradas alcanzó 583, luego de haberse presentado 370 en 2017.
Para el Programa Somos Defensores, entre los factores determinantes para el incremento de todos los indicadores en esta materia está, por un lado, la no implementación efectiva de lo pactado en La Habana, sobre todo en materia de seguridad, y por otro, la reconfiguración del mapa de actores armados ilegales en los territorios que antes estuvieron dominados por las Farc.
Un mapa que hoy incluye entre sus actores a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Puntilleros, los Pachenca, los Caparrapos, el Frente Oliver Sinisterra, Los Pachely, el Eln y el Epl, entre muchos otros. La diversificación de los grupos armados ilegales dificulta, además, la identificación de los responsables de las agresiones a líderes.
En ese sentido, el informe reporta que el 55% de las 805 agresiones contra líderes fueron cometidas por grupos paramilitares, en el 33% de los casos no se ha identificado el responsable, el 5% fueron cometidas por disidencias de las Farc, 4% por la Fuerza Pública y menos del 2% por el Eln.
Respecto a las zonas del país en las que se han registrado las agresiones, la publicación encuentra que el fenómeno afecta alrededor del 87% del territorio nacional, pues se registraron casos en 28 de los 32 departamentos. Sin embargo, la mayor ocurrencia de estas agresiones se presenta en zonas que tienen alguna o varias de estas características: hay cultivos de uso ilícito o son rutas de narcotráfico, hay presencia de grupos paramilitares, son zonas militarizadas, hay actividades extractivas como la minería y hay procesos sociales fuertes. De igual forma, tienen influencia también las zonas aledañas a los espacios de reincorporación de las Farc (hay 24 en todo el país) y suelen ser zonas priorizadas para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) estipulados en el Acuerdo de Paz.
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La respuesta ineficiente del Estado
Según el informe, al no priorizar esta situación y considerarla secundaria en sus preocupaciones, el gobierno de Iván Duque asumió una posición contraria a su deber de ofrecer garantías de seguridad para los líderes y defensores. “Duque está gobernando de frente a la economía y de espaldas a la paz”, sentencia la publicación al evidenciar el exagerado interés que el mandatario ha mostrado por la economía naranja, donde ha centrado su discurso.Le puede interesar: Las violencias contra las lideresas son más crueles que contra los líderes: Codhes
Pero, además, lo que resulta preocupante para el programa respecto al actual gobierno es que haya frenado o reemplazado la implementación de los mecanismos que estipula el Acuerdo para la protección de lideres y defensores de derechos humanos. Es el caso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, entre otros.
De forma paralela a estos mecanismos, el gobierno puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO), que ya ha sido fuertemente criticado por plataformas de derechos humanos por tener un enfoque primordialmente militarista.
“La realidad es que es un plan insuficiente, pues no considera el desmantelamiento de los grupos armados en los territorios, la lucha estructural contra el crimen organizado y el mejoramiento del bienestar de las comunidades, que son situaciones que alimentan el círculo de las violencias; por el contrario, el PAO utiliza viejas fórmulas desde un enfoque coercitivo”, dice el documento. De acuerdo con la política del gobierno, hoy la Comisión Nacional de Garantías – cuyo mandato era crear la política pública para el desmonte del crimen organizado y hacerle seguimiento – “es una comisión menor subordinada al PAO, una instancia consultiva, sin funciones claras”.
En medio de la oleada violenta contra líderes sociales y defensores de derechos humanos durante 2018, la sociedad civil se organizó y respondió de manera masiva. El 6 de julio se llevó a cabo una velatón para repudiar esta violencia, justo en el mes en el que más se registraron agresiones (119). Le siguen mayo con 112, agosto con 109 y junio con 77.
La otra respuesta ineficaz, dice el informe, ha venido desde la Fiscalía General, que, aunque a nivel discursivo dice haber alcanzado niveles históricos en esclarecimiento estos no se materializan en la práctica. Para el programa, el problema está en que el órgano investigador presenta como casos esclarecidos aquellos en los que hay cualquier tipo de avance, mientras que un esclarecimiento real implica que se haya producido una sentencia. En ese sentido, mientras la Fiscalía habla de niveles de esclarecimiento cercanos al 50% de los casos, para Somos Defensores esos niveles no han superado el 10%.
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Sin embargo, la publicación destaca también la gestión de dos entidades del Estado que han mostrado un compromiso importante para frenar la ola de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Primero, la Procuraduría, que ha puesto en el centro de sus prioridades este fenónemo. “Se debe decir que el Procurador Fernando Carrillo ha sido un funcionario crítico de la situación de agresión contra personas defensoras de derechos humanos y parte de su agenda institucional así lo refleja”.
Por otro lado, destaca la gestión de la Defensoría del Pueblo y su papel para posicionar en la agenda pública el tema de la violencia contra líderes. En particular, resalta la alerta temprana 026 de marzo de 2018, emitida por esta entidad en la que advierte el alto riesgo y vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el país.