2019, el año con más agresiones a líderes sociales en una década
El más reciente informe del Programa Somos Defensores, que se presentará el próximo martes, registró 844 agresiones contra esa población durante el año pasado. A pesar de ello, particularmente los asesinatos se redujeron en un 24%, con 124 casos registrados. El documento, titulado La Ceguera, denuncia negacionismo del Gobierno frente a la crisis de los líderes y defensores de derechos humanos.
Colombia2020 / @EEColombia2020
El año 2019 fue un año trágico para los líderes sociales. Los niveles de violencia en su contra, entre asesinatos, atentados, amenazas y hostigamientos no dieron tregua durante el año pasado y lo consolidan como el año más violento para esa población en la última década. Así lo registra el Programa Somos Defensores en su más reciente informe sobre la situación de los líderes sociales, que dará a conocer el próximo martes. Las cifras son lamentables: entre enero y diciembre del año pasado, esa organización registró 844 agresiones contra líderes y defensores, un 5% más que en 2018, cuando se presentaron 805 casos.
(Lea: Las exigencias de los líderes sociales al Gobierno en medio de la pandemia)
A pesar de la oleada violenta, el documento, que lleva por nombre La Ceguera – pues señala una actitud que considera negacionista y evasiva del Gobierno respecto a la situación de los líderes –, también registró que en particular los asesinatos contra esa población sí disminuyeron. Se pasó de 155 casos en 2018 a 124 homicidios en 2019, lo que representa una disminución del 24%. Sin embargo, la cifra sigue estando por encima de lo registrado en 2016 (80 casos) y 2017 (106 asesinatos).
Pero mientras los asesinatos se redujeron, otros tipos de agresión contra líderes siguieron aumentando. Es el caso específico de las amenazas, que pasaron de 583 en 2018 a 628 en 2019, lo que representa un aumento de cerca del 8%. Igualmente, aumentaron también los atentados, que alcanzaron la cifra de 52 casos, frente a 34 registrados en 2018, lo cual significa un aumento del 34%.
Dentro de los hallazgos del documento sobresale que la mitad de las agresiones ocurrieron en tan solo cinco departamentos. Cauca es el que de lejos encabeza el listado, con 237 agresiones reportadas. Le siguen Antioquia, con 60; Arauca, con 52; Valle del Cauca, con 42; y La Guajira, con 41 casos.
(Le puede interesar: El secretario de ONU para la prevención de genocidios pretende visitar Colombia)
La peor parte de la arremetida violenta, reporta Somos Defensores, la llevó el liderazgo indígena: 271 líderes de esa población fueron agredidos, de los cuales 148 lo fueron en Cauca, principalmente en el norte y oriente del departamento. En La Guajira también ocurrió una parte importante de las agresiones a líderes indígenas, con 22 casos. Es tan crítica la situación con esta población que en 2019 registra la cifra de homicidios más alta en los últimos 10 años, con 32 líderes o autoridades indígenas asesinados, respecto a 24 casos que se habían reportado en 2018.
De acuerdo con el informe, de la totalidad de las agresiones a líderes sociales registradas en 2019, el 47% provino de estructuras paramilitares. En el 34% de los casos no se pudo identificar el responsable y el 13% pertenece a acciones de las llamadas disidencias de las extintas Farc.
En relación con los 124 asesinatos ocurridos en 2019, la mitad se concentró en apenas tres departamentos: Cauca, con 34 homicidios; Antioquia, con 16; y Caquetá, con 10 asesinatos. Le siguen también Nariño (9 casos) y Arauca (8 asesinatos).
Gobierno, dedicado a controvertir las cifras
El documento denuncia férreamente que, frente a la situación de los líderes sociales, evidenciada también por entidades como la Defensoría del Pueblo, el Gobierno asumió una actitud de confrontación y se concentró en rebatir las cifras. Así, resaltó en varias oportunidades una disminución del 25% en los asesinatos de líderes en 2019 respecto a 2018, que concuerda con lo encontrado por Somos Defensores. Sin embargo, el documento sostiene que “para el Gobierno Nacional solo existe una agresión contra personas defensoras de derechos humanos y esa es el asesinato”. Desconociendo de esa manera el resto de agresiones (amenazas, atentados, hostigamientos), que siguen en aumento.
(Le recomendamos: Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus)
Según el documento, muestra de ese negacionismo es la postura que asumió el gobierno de Iván Duque frente al informe del relator especial de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst. Según él mismo denunció, por trabas del Gobierno no le fue posible regresar al país durante 2019 para culminar con su reporte que había iniciado tras una visita entre noviembre y diciembre de 2018. Luego, el Gobierno controvirtió lo que expresó el relator sobre la situación de Colombia en varios temas, como el del esclarecimiento en los asesinatos a líderes sociales.
En eso, dice Somos Defensores, la Fiscalía ha jugado un papel más “mediático y efectista” que efectivo. Ha sostenido que los niveles de esclarecimiento en los casos de defensores alcanzan casi el 60%, cuando el mismo informe del relator Forst, con base en el número de sentencias, habla de niveles apenas por encima del 10%.
El informe resalta que si bien las herramientas para frenar esa violencia están contempladas en el Acuerdo de Paz, las plataformas de derechos humanos del país accedieron a entablar un diálogo con el Gobierno para la formulación de una política pública integral para defensores y líderes sociales. Eso tampoco llegó a buen puerto, pues el movimiento social sintió ser instrumentalizado por el Gobierno y al no ver intenciones reales de implementar lo relacionado con garantías de seguridad estipulado en el Acuerdo, rompió la interlocución con la institucionalidad. El Gobierno ha dicho que a más tardar en agosto estará lista esa política, pero al parecer no contará con la venia de la sociedad civil.
El año 2019 fue un año trágico para los líderes sociales. Los niveles de violencia en su contra, entre asesinatos, atentados, amenazas y hostigamientos no dieron tregua durante el año pasado y lo consolidan como el año más violento para esa población en la última década. Así lo registra el Programa Somos Defensores en su más reciente informe sobre la situación de los líderes sociales, que dará a conocer el próximo martes. Las cifras son lamentables: entre enero y diciembre del año pasado, esa organización registró 844 agresiones contra líderes y defensores, un 5% más que en 2018, cuando se presentaron 805 casos.
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A pesar de la oleada violenta, el documento, que lleva por nombre La Ceguera – pues señala una actitud que considera negacionista y evasiva del Gobierno respecto a la situación de los líderes –, también registró que en particular los asesinatos contra esa población sí disminuyeron. Se pasó de 155 casos en 2018 a 124 homicidios en 2019, lo que representa una disminución del 24%. Sin embargo, la cifra sigue estando por encima de lo registrado en 2016 (80 casos) y 2017 (106 asesinatos).
Pero mientras los asesinatos se redujeron, otros tipos de agresión contra líderes siguieron aumentando. Es el caso específico de las amenazas, que pasaron de 583 en 2018 a 628 en 2019, lo que representa un aumento de cerca del 8%. Igualmente, aumentaron también los atentados, que alcanzaron la cifra de 52 casos, frente a 34 registrados en 2018, lo cual significa un aumento del 34%.
Dentro de los hallazgos del documento sobresale que la mitad de las agresiones ocurrieron en tan solo cinco departamentos. Cauca es el que de lejos encabeza el listado, con 237 agresiones reportadas. Le siguen Antioquia, con 60; Arauca, con 52; Valle del Cauca, con 42; y La Guajira, con 41 casos.
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De acuerdo con el informe, de la totalidad de las agresiones a líderes sociales registradas en 2019, el 47% provino de estructuras paramilitares. En el 34% de los casos no se pudo identificar el responsable y el 13% pertenece a acciones de las llamadas disidencias de las extintas Farc.
En relación con los 124 asesinatos ocurridos en 2019, la mitad se concentró en apenas tres departamentos: Cauca, con 34 homicidios; Antioquia, con 16; y Caquetá, con 10 asesinatos. Le siguen también Nariño (9 casos) y Arauca (8 asesinatos).
Gobierno, dedicado a controvertir las cifras
El documento denuncia férreamente que, frente a la situación de los líderes sociales, evidenciada también por entidades como la Defensoría del Pueblo, el Gobierno asumió una actitud de confrontación y se concentró en rebatir las cifras. Así, resaltó en varias oportunidades una disminución del 25% en los asesinatos de líderes en 2019 respecto a 2018, que concuerda con lo encontrado por Somos Defensores. Sin embargo, el documento sostiene que “para el Gobierno Nacional solo existe una agresión contra personas defensoras de derechos humanos y esa es el asesinato”. Desconociendo de esa manera el resto de agresiones (amenazas, atentados, hostigamientos), que siguen en aumento.
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Según el documento, muestra de ese negacionismo es la postura que asumió el gobierno de Iván Duque frente al informe del relator especial de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst. Según él mismo denunció, por trabas del Gobierno no le fue posible regresar al país durante 2019 para culminar con su reporte que había iniciado tras una visita entre noviembre y diciembre de 2018. Luego, el Gobierno controvirtió lo que expresó el relator sobre la situación de Colombia en varios temas, como el del esclarecimiento en los asesinatos a líderes sociales.
En eso, dice Somos Defensores, la Fiscalía ha jugado un papel más “mediático y efectista” que efectivo. Ha sostenido que los niveles de esclarecimiento en los casos de defensores alcanzan casi el 60%, cuando el mismo informe del relator Forst, con base en el número de sentencias, habla de niveles apenas por encima del 10%.
El informe resalta que si bien las herramientas para frenar esa violencia están contempladas en el Acuerdo de Paz, las plataformas de derechos humanos del país accedieron a entablar un diálogo con el Gobierno para la formulación de una política pública integral para defensores y líderes sociales. Eso tampoco llegó a buen puerto, pues el movimiento social sintió ser instrumentalizado por el Gobierno y al no ver intenciones reales de implementar lo relacionado con garantías de seguridad estipulado en el Acuerdo, rompió la interlocución con la institucionalidad. El Gobierno ha dicho que a más tardar en agosto estará lista esa política, pero al parecer no contará con la venia de la sociedad civil.