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El pico más alto de violencia en Colombia en los últimos cinco años se alcanzó en 2021. Esta fue una de las conclusiones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dentro del informe Retos Humanitarios 2022, un balance anual que esta organización le hizo a Colombia, teniendo en cuenta las secuelas que la violencia armada y otras vulnerabilidades sociales le han dejado al país.
El CICR le atribuye buena parte estas situaciones a la reconfiguración de distintos actores armados no estatales que buscan control social por medio de disputas territoriales y presiones sobre población civil. “En Colombia hay seis conflictos armados y otros tipos de violencia que afectan drásticamente la vida de las personas”, explica una parte del informe.
Conflictos armados activos, de acuerdo con estudios del CICR:
De acuerdo con el CICR, la pobreza y deficiente presencia estatal en los territorios fueron factores que aumentaron la crisis humanitaria de comunidades que vieron cómo los armados irrumpieron contra sus hogares, escuelas, centros de salud y lugares de culto, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La consecuencia de esto fue un saldo de 884 violaciones al DIH, de las cuales el 59% correspondieron a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculación de niñas, niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual, entre otros hechos graves.
Estos delitos fueron perpetrados, principalmente, en zonas rurales de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
En estos lugares siguieron también latentes dos cuestiones invisibilizadas: las dinámicas de reclutamiento forzado de menores de edad que, según el CICR, se explican por falta de oportunidades, cierres de centros educativos a raíz de la pandemia, incitación por medio del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; y los delitos de violencia sexual, perpetrados no solamente “con el fin de intimidar y castigar a las personas o comunidades, sino también para exhibir poder y demostrar control territorial”.
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Crisis humanitarias al alza
A lo largo de 2021, 486 personas fueron víctimas de artefactos explosivos, un 24% más respecto a 2020 y con el 76% de los casos reportados en cinco departamentos (Arauca, Antioquia, Chocó, Cauca y Norte de Santander). Estas cifras duplican las de 2018 y casi quintuplican las de 2017.
A su vez, los casos de desaparición también se incrementaron. En 2021 hubo un desaparecido cada dos días aproximadamente (168 casos), siete de los cuales fueron menores de edad. La cifra es mayor a la de 2020, cuando hubo 164 desapariciones. El 79 % de los casos de este delito se concentraron en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia.
“En medio de esta tragedia humanitaria está el sufrimiento de los familiares, quienes además de afrontar un dolor indescriptible y un deterioro de la salud mental, siguen enfrentando múltiples obstáculos para acceder a rutas de atención”, dice el informe.
Lea aquí el informe completo:
“Los desafíos para la búsqueda de las personas desaparecidas son múltiples y complejos. Por lo tanto, es fundamental que haya voluntad política para priorizar la atención de la problemática y dar respuesta a las necesidades de los familiares”, se lee en el documento.
Los desplazamientos masivos (categorizados así cuando involucran a 10 o más personas) afectaron a 52.880 colombianos y, en otra cara de la misma moneda -como lo mencionó el CICR- 45.108 colombianos fueron víctimas de confinamiento. En esto último, el 78.5% de los episodios se presentaron en el departamento de Chocó.
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Desplazamientos en los departamentos más afectados:
“Los indicadores de las consecuencias humanitarias evidencian la dura realidad que tuvieron que vivir las comunidades de distintos territorios, estas cifras resultan dolorosas y aun así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia. El año pasado la violencia contra la población civil se agudizó en varias regiones del país y esto generó un sufrimiento indescriptible”, mencionó Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación del CICR en Colombia.
Las misiones médicas tampoco se salvaron del rigor de los violentos. En 2021 hubo 553 agresiones contra personas trabajadoras en asistencia de salud, flagelo que incrementó un 70%, respecto a 2020. Valle del Cauca fue el departamento con las cifras más altas de este tipo, con un 31%; y en el marco del paro nacional, mediante el bloqueo a ambulancias o ataques generalizados, se perpetraron el 56% de estas agresiones. Los grupos armados fueron los autores del 20% de los casos totales.
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¿Hasta dónde legitimar el uso de la fuerza?
Las movilizaciones sociales de 2021 abrieron extensos debates sobre cómo pueden y deben actuar las fuerzas militares y de policía frente a los manifestantes. La desproporcionalidad fue, tal vez, una de las palabras más recurrentes para analizar las jornadas de paro nacional y con ellas estuvieron atadas las normativas internacionales, cumplidas e incumplidas, para responder o no con uso de la fuerza.
En su informe, CICR recalcó que para el futuro próximo de las movilizaciones debe haber mejorías estructurales en las doctrinas operativas de la fuerza pública, una ampliación en los mecanismos de supervisión y un mayor control sobre el uso de la fuerza, poniendo al “diálogo franco” como primera opción ante un suceso de esta clase.
Cárceles y migración, la cara de los olvidados
La baja calidad en servicios esenciales, como los de alimentación, salud y garantías judiciales, fueron factores que se sumaron a la pandemia, para que la vida en centros penitenciarios se complejizara considerablemente, según el CICR.
Ante esto, la organización le sugirió al Estado colombiano analizar alternativas a la prisión como opción para racionalizar el encarcelamiento. Este llamado se hizo en línea con los cierres de penitenciarios que aumentaron las tasas de hacinamiento, reduciendo las condiciones de habitabilidad en estos lugares.
A su turno, sobre migración, la Cruz Roja insistió en la urgencia de dedicarle mayores esfuerzos a la atención de personas en condición de movilidad humana en la costa Pacífica y el tapón del Darién, lugares que son atravesados por migrantes extracontinentales que “pasan por una selva densa, así como por viajes largos, agotadores y peligrosos que podrían costarles la vida”.
Recomendaciones para disminuir la violencia en 2022
La organización compartió sus conclusiones sobre los principales retos que enfrenta la sociedad colombiana ante la persistencia de múltiples problemáticas que se derivan de los conflictos armados y la violencia.
A pesar de lo turbulento que fue el año pasado, prevalece la idea de que el país puede adelantar varios esfuerzos para mitigar el deterioro de las situaciones humanitarias y así velar por el respeto de los derechos de las comunidades. Para ello, se instó al Estado a fomentar mayores espacios de participación para jóvenes en zonas rurales, a fortalecer los mecanismos de protección regional y a fortalecer su capacidad institucional, principalmente dirigida a las víctimas que ha dejado la violencia.
A la Fuerza Pública se le pidió un mayor respeto por las normativas del DIH y a los grupos armados ilegales activos a “considerar su impacto humanitario” y a pensar en las implicaciones que sus acciones pueden tener en la sociedad civil, más que todo en cuestiones de de movilidad y acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.