3.000 mujeres en resistencia frente a 3.000 hombres armados en el Bajo Cauca

Para 3.000 hombres armados que quieren controlar el territorio, otras 3.000 mujeres se pusieron en pie de resistencia. Eso es lo que quieren dejar claro las mujeres que desde distintas partes del país llegaron este jueves a Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, para elevar un grito contra la guerra que se recrudece en esa región y que tiene cercadas las vidas y los cuerpos de las mujeres que la habitan.

Así lo hicieron este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la que también se cumplieron los 25 años de la Ruta Pacífica de Mujeres, un movimiento feminista, pacifista y antimilitarista que ha luchado por una salida negociada al conflicto armado y por visibilizar los impactos desproporcionados que tiene la guerra en las mujeres. En Caucasia, la ruta quiso poner sobre la mesa que hoy, como en 1996 cuando fue creada, la violencia en esta región no da tregua sobre la mujer.

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Y eso lo sabe bien Teresa Aristizábal, coordinadora en Antioquia de la ruta, que fue la instancia que impulsó la movilización a Caucasia. “Esto es un acto de hermandad, de acompañamiento, de resistencia y de amor con las mujeres del Bajo Cauca”, sostiene. Por ese rol, dice que ha sido testigo del recrudecimiento de los desplazamientos masivos en Tarazá, Cáceres, Nechí o El Bagre, y ha visto salir a las mujeres con sus enceres colgados al hombro y con sus hijos detrás porque los armados les dieron la orden o porque el sonido de los combates les taladra los oídos por las noches.

“Son las mujeres a las que les toca salir con su prole cuando hay desplazamientos. Son ellas las que padecen el reclutamiento de sus hijos e hijas; las lideresas reciben amenazas permanentemente”, cuenta Aristizábal, quien le hace acompañamiento permanente a las mujeres de esa región.

Las amenazas a las mujeres lideresas y que defienden los derechos humanos se cumplen. Según cifras del Programa Somos Defensores, de las 682 personas defensoras asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, 92 eran mujeres. Una de ellas fue Linda Díaz Romero, asesinada a tiros en Cáceres en enero de este año. Meses antes, en agosto de 2020, en el municipio de Tarazá, también en esta región, la víctima fue Sandra Banda Meneses, presidenta de una Junta de Acción Comunal.

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Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres, no quiere seguir registrando el asesinato de una nueva lideresa en el Bajo Cauca. Por eso, explica, la movilización de este jueves quiso dejar claro que el territorio se lo disputan sin tregua cinco grupos armados sin que el Estado tenga una presencia efectiva. Gallego se refiere a la presencia en la zona de las Agc o Clan del Golfo, los Caparrapos, el Eln y dos disidencias de las Farc.

“Esos contextos militarizados tienen impactos en las vidas de las mujeres: estamos hablando de violencia sexual, de reclutamiento, y del control de las mujeres y sus cuerpos”, explica Gallego.

A esos contextos militarizados, las mujeres quieren anteponerles los entornos protectores. Ese es precisamente el corazón del Pacto Humanitario para la Protección de las Mujeres Lideresas del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia que se firmó en medio de la movilización en Caucasia. Se trata de un documento con seis exigencias que construyeron las mujeres en movilización.

La primera es que se reconozca la labor que ejercen las lideresas en el territorio y que esa tarea las pone en una situación de riesgo extremo y vulnerabilidad encabeza las peticiones. Segundo, que se adopte el decreto 1314 de 2016, que creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y defensoras de derechos humanos. Allí, quedó establecida la obligatoriedad que tienen las instituciones nacionales y locales de brindar protección especial a las mujeres lideresas y sus familias.

La tercera exigencia es que los gobiernos locales y el gobierno departamental asuman una “inquebrantable voluntad” por la protección de las lideresas. Una voluntad que se exprese en acciones concretas en la fase de prevención de las violencias, más allá de las medidas tradicionales de seguridad. Acciones que apunten a la inversión social que requiere el territorio, al estímulo a la participación y al cuidado de los recursos y el medio ambiente, cuya defensa ejercen las mujeres lideresas, en una región atravesada por los ríos Cauca y Nechí.

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Como cuarto punto, el pacto incluyó la implementación integral del Acuerdo de Paz en esa región del país y en concreto de las disposiciones que tratan sobre los derechos de las mujeres. Según el Instituto Kroc, las 130 disposiciones con enfoque de género incluidas en el acuerdo marchan a paso más lento que las 578 disposiciones del acuerdo en general. A septiembre de 2021, mientras la implementación en general cuenta con un 15% de disposiciones no iniciadas, en el caso del enfoque de género, el 22% de las disposiciones no han iniciado a implementarse. Y, mientras la implementación general alcanza el 30% de las disposiciones implementadas por completo, el enfoque de género tiene apenas 12% de sus disposiciones con implementación completa.

El quinto punto del pacto exige que se busque una salida negociada con los diferentes grupos que están en la región. En el caso de los grupos sucesores del paramilitarismo, el llamado ha sido a fortalecer un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, que se convierta en una alternativa real para esos grupos, más allá de los sometimientos individuales al Estado.

Y, por último, las mujeres movilizadas en Caucasia piden construir “hermanamientos entre organizaciones de mujeres y feministas colombianas y del mundo. Nos comprometemos a hermanarnos frente a la protección de las mujeres, buscamos que lo que le pase a una, se convierta en una causa de todas”.

Hasta el momento, el pacto lo han firmado oficialmente los alcaldes de Caucasia, Valdivia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza, Nechí; la delegada de la Defensoría del Pueblo para los derechos de las mujeres y asuntos de género, el defensor del pueblo regional del Bajo Cauca, la defensora del pueblo regional Antioquia y la coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres.

Para 3.000 hombres armados que quieren controlar el territorio, otras 3.000 mujeres se pusieron en pie de resistencia. Eso es lo que quieren dejar claro las mujeres que desde distintas partes del país llegaron este jueves a Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, para elevar un grito contra la guerra que se recrudece en esa región y que tiene cercadas las vidas y los cuerpos de las mujeres que la habitan.

Así lo hicieron este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en la que también se cumplieron los 25 años de la Ruta Pacífica de Mujeres, un movimiento feminista, pacifista y antimilitarista que ha luchado por una salida negociada al conflicto armado y por visibilizar los impactos desproporcionados que tiene la guerra en las mujeres. En Caucasia, la ruta quiso poner sobre la mesa que hoy, como en 1996 cuando fue creada, la violencia en esta región no da tregua sobre la mujer.

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Y eso lo sabe bien Teresa Aristizábal, coordinadora en Antioquia de la ruta, que fue la instancia que impulsó la movilización a Caucasia. “Esto es un acto de hermandad, de acompañamiento, de resistencia y de amor con las mujeres del Bajo Cauca”, sostiene. Por ese rol, dice que ha sido testigo del recrudecimiento de los desplazamientos masivos en Tarazá, Cáceres, Nechí o El Bagre, y ha visto salir a las mujeres con sus enceres colgados al hombro y con sus hijos detrás porque los armados les dieron la orden o porque el sonido de los combates les taladra los oídos por las noches.

“Son las mujeres a las que les toca salir con su prole cuando hay desplazamientos. Son ellas las que padecen el reclutamiento de sus hijos e hijas; las lideresas reciben amenazas permanentemente”, cuenta Aristizábal, quien le hace acompañamiento permanente a las mujeres de esa región.

Las amenazas a las mujeres lideresas y que defienden los derechos humanos se cumplen. Según cifras del Programa Somos Defensores, de las 682 personas defensoras asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, 92 eran mujeres. Una de ellas fue Linda Díaz Romero, asesinada a tiros en Cáceres en enero de este año. Meses antes, en agosto de 2020, en el municipio de Tarazá, también en esta región, la víctima fue Sandra Banda Meneses, presidenta de una Junta de Acción Comunal.

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Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres, no quiere seguir registrando el asesinato de una nueva lideresa en el Bajo Cauca. Por eso, explica, la movilización de este jueves quiso dejar claro que el territorio se lo disputan sin tregua cinco grupos armados sin que el Estado tenga una presencia efectiva. Gallego se refiere a la presencia en la zona de las Agc o Clan del Golfo, los Caparrapos, el Eln y dos disidencias de las Farc.

“Esos contextos militarizados tienen impactos en las vidas de las mujeres: estamos hablando de violencia sexual, de reclutamiento, y del control de las mujeres y sus cuerpos”, explica Gallego.

A esos contextos militarizados, las mujeres quieren anteponerles los entornos protectores. Ese es precisamente el corazón del Pacto Humanitario para la Protección de las Mujeres Lideresas del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia que se firmó en medio de la movilización en Caucasia. Se trata de un documento con seis exigencias que construyeron las mujeres en movilización.

La primera es que se reconozca la labor que ejercen las lideresas en el territorio y que esa tarea las pone en una situación de riesgo extremo y vulnerabilidad encabeza las peticiones. Segundo, que se adopte el decreto 1314 de 2016, que creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y defensoras de derechos humanos. Allí, quedó establecida la obligatoriedad que tienen las instituciones nacionales y locales de brindar protección especial a las mujeres lideresas y sus familias.

La tercera exigencia es que los gobiernos locales y el gobierno departamental asuman una “inquebrantable voluntad” por la protección de las lideresas. Una voluntad que se exprese en acciones concretas en la fase de prevención de las violencias, más allá de las medidas tradicionales de seguridad. Acciones que apunten a la inversión social que requiere el territorio, al estímulo a la participación y al cuidado de los recursos y el medio ambiente, cuya defensa ejercen las mujeres lideresas, en una región atravesada por los ríos Cauca y Nechí.

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Como cuarto punto, el pacto incluyó la implementación integral del Acuerdo de Paz en esa región del país y en concreto de las disposiciones que tratan sobre los derechos de las mujeres. Según el Instituto Kroc, las 130 disposiciones con enfoque de género incluidas en el acuerdo marchan a paso más lento que las 578 disposiciones del acuerdo en general. A septiembre de 2021, mientras la implementación en general cuenta con un 15% de disposiciones no iniciadas, en el caso del enfoque de género, el 22% de las disposiciones no han iniciado a implementarse. Y, mientras la implementación general alcanza el 30% de las disposiciones implementadas por completo, el enfoque de género tiene apenas 12% de sus disposiciones con implementación completa.

El quinto punto del pacto exige que se busque una salida negociada con los diferentes grupos que están en la región. En el caso de los grupos sucesores del paramilitarismo, el llamado ha sido a fortalecer un proceso de sometimiento colectivo a la justicia, que se convierta en una alternativa real para esos grupos, más allá de los sometimientos individuales al Estado.

Y, por último, las mujeres movilizadas en Caucasia piden construir “hermanamientos entre organizaciones de mujeres y feministas colombianas y del mundo. Nos comprometemos a hermanarnos frente a la protección de las mujeres, buscamos que lo que le pase a una, se convierta en una causa de todas”.

Hasta el momento, el pacto lo han firmado oficialmente los alcaldes de Caucasia, Valdivia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza, Nechí; la delegada de la Defensoría del Pueblo para los derechos de las mujeres y asuntos de género, el defensor del pueblo regional del Bajo Cauca, la defensora del pueblo regional Antioquia y la coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres.