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En medio de la audiencia nacional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las medidas cautelares para los excombatientes de las Farc, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de esa justicia (UIA), presentó un detallado estudio que reveló algunos elementos que contradicen las principales hipótesis tejidas hasta ahora sobre los asesinatos a los firmantes del Acuerdo de Paz, incluso, algunas que han sostenido funcionarios del Gobierno Nacional. (Lea: Cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz: estos son los 242 excombatientes asesinados)
El informe presentado ante los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, realizado por la UIA, arrojó una cifra de homicidios de excombatientes mayor a la que registra el propio partido FARC. Según Álvarez, son 249 los exguerrilleros que fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, entre noviembre de 2016 y el 15 de noviembre de 2020. Contando el asesinato de Bryan Steven Montes, el pasado 19 de noviembre en Puerto Caicedo (Putumayo), y el de Paula Andrea Osorio, este martes 24 de noviembre en el Atrato (Chocó), serían 251 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados a la fecha.
De continuar así, advirtió el director de la UIA, en una proyección de homicidios de exguerrilleros se podría esperar que a diciembre de 2024 sean 1.600 excombatientes asesinados en el país. Además, sostuvo que, si bien los firmantes en reincorporación habitan en 565 municipios, sólo se han presentado asesinatos en 98 de ellos, lo que quiere decir que están concentrados en apenas el 17%.
El informe dedicó una parte específicamente a cuestionar las hipótesis que han predominado para explicar las muertes de los exguerrilleros. En primer lugar, Álvarez se refirió a lo que tiene que ver con el narcotráfico: “Es indudable que en algunos eventos así ha sido, pero el narcotráfico no puede ser un patrón para explicar la ocurrencia de los hechos victimizantes”. Según el documento, en 176 municipios del país coinciden la presencia de cultivos de coca y la presencia de exguerrilleros que viven allí, pero en 111 de ellos no se han presentado homicidios de excombatientes.
“En el 63% de los municipios cocaleros no se están presentando muertes de excombatientes. Incluso, en algunos municipios considerados como enclaves de narcotráfico no hay ni una sola muerte”, dijo Álvarez. Como ejemplos de ello, el informe menciona a Teorama (Norte de Santander), Valdivia y Tarazá (Antioquia), Olaya Herrera (Nariño), y Orito (Putumayo). (Puede leer: Ni estamos con la disidencia ni somos ‘sapos’ del Ejército: excombatientes en Guaviare)
En otras palabras, el informe lo resume así: “Si el narcotráfico fuera un factor determinante de los homicidios a desmovilizados se esperaría que en la mayoría de los municipios cocaleros ocurriera este fenómeno. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: 6 de cada 10 municipios cocaleros no presentan esta clase de hechos victimizantes”.
La otra hipótesis que desvirtúa el estudio es la de que los casos de homicidio puedan atribuirse a rencillas personales. Según la investigación, de los 249 homicidios registrados, solo en 5 de ellos la causa podría ser una riña, una pelea o una trifulca. Ello significa un 2% del total, por lo que para el director de la UIA se trataría de casos aislados.
Y sobre las atribuciones de los homicidios a las disidencias de las Farc, Álvarez explicó en principio que no son una organización única y homogénea, sino que se trata de tres grupos independientes, incluso, en disputa. Por un lado, está el grupo más fuerte, liderado por Gentil Duarte, con presencia en 155 municipios de 21 departamentos. Por otro, la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y otros antiguos comandantes que se marginaron del proceso de paz, con presencia intermitente en 44 municipios. Y, finalmente, grupos de disidencias autónomas y “abiertamente narcotizadas y lumpenizadas”, que están en 38 municipios.
Sin embargo, el documento pone de presente que según las investigaciones penales, las disidencias de las Farc son responsables de casi la mitad de los asesinatos de los exguerilleros. De hecho, uno de los patrones identificados en la investigación arrojó que al menos 91 asesinatos (el 36% del total) han ocurrido en zonas y contextos donde se presentan disputas entre esos grupos de disidencia. Se trata principalmente de zonas que antiguamente fueron retaguardia del Bloque Oriental, del Bloque Sur y del Comando Conjunto de Occidente, en las que hoy Gentil Duarte avanza para recuperar esos territorios.
En esos 91 casos, los perpetradores fueron las disidencias de las Farc, en sus tres vertientes. Además, allí se identificó que predomina la “lógica de la sospecha” en que esos grupos ven con recelo la cercanía de los excombatientes con el Estado, a través del proceso de reincorporación. “Se tiene la creencia por parte de los miembros de la disidencia que aquellos que se han aferrado a la implementación, que participan en las actividades propias del proceso, pueden ser colaboradores de la Fuerza Pública y se convierten en objetivo de las disidencias”, agregó el funcionario.
El otro patrón hallado identificó que están asesinando a excombatientes que han asumido algún tipo de liderazgo en sus territorios durante la implementación del Acuerdo de Paz, cuyos homicidios terminan desmontando proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la reincorporación. Así ha ocurrido en al menos 43 de los 249 casos, según el informe, y principalmente en el noroccidente de Antioquia y sur de Córdoba, el norte del Caquetá y la zona Yarí-Ariari.
“Son reacciones violentas que se desatan en lo local cuando se impulsa la participación política de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo de proyectos productivos que demandan el acceso a la tierra, la defensa de los derechos humanos, etc.”, advirtió el estudio. En estos casos no se trata de un único autor: en el sur de Bolívar se ha identificado como responsable al Eln; en el Alto Sinú cordobés y en el Urabá, a las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y en el Pacífico nariñense, a las disidencias narcotizadas.
Como muestra de esos asesinatos a excombatientes con roles de liderazgo, el informe documentó los casos de Vilmar Asprilla Allín y Ansel de Jesús Montoya Ibarra en Peque (Antioquia). El 19 de enero de 2018, cuando ambos organizaban una reunión política en apoyo a un candidato de la FARC a la Cámara de Representantes, hombres armados incursionaron en el sitio y les dispararon en múltiples ocasiones. Según la Fiscalía, los autores del doble crimen eran integrantes del Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas. (Le puede interesar: Nuevo asesinato de excombatiente de las Farc, esta vez en Puerto Caicedo (Putumayo))
Igualmente, incluyó el caso de Jorge Iván Ramos, Mario Morales, asesinado en el sur de Bolívar. Era integrante de la Dirección Nacional del partido FARC y el encargado de la implementación del programa de sustitución de cultivos de coca por parte de la FARC. Cuando lo asesinaron, se dirigía a tomar las coordenadas de un predio para entregar como reparación a las víctimas.
En el informe también encontró la UIA que en su gran mayoría, los excombatientes asesinados fueron guerrilleros rasos en época de guerra, es decir, de bajo rango dentro de las filas de las Farc. Solo 10 víctimas tuvieron en su momento algún tipo de mando dentro de las extintas Farc. También encontró que en el 99% de los casos, las víctimas fueron hombres. A la fecha, seis de las 249 personas en reincorporación asesinadas eran mujeres.