A propósito del caso de Tierralta: ¿Por qué el paramilitarismo persiste?

Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento. Sin acciones contundentes al respecto, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia y, por lo tanto, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, principalmente en las encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población, estará socavada. Igualmente, es una deuda con las víctimas a quienes no se les ha ofrecido un reconocimiento de esta verdad. (Contexto: ¿Por qué a Tierralta tuvo que viajar de urgencia una comisión humanitaria?).

Este proceso debe identificar y crear acciones respecto a los profundos entramados de alianzas paramilitares que han persistido y que se han adaptado a los intentos de transitar a la paz; en varias ocasiones han bloqueado los esfuerzos de Colombia por llevar a cabo procesos de paz, con las crisis y reconfiguraciones de las estructuras armadas.

Los siguientes son factores que –sumados al manto de negación oficial y pública y a la persistente impunidad– dan continuidad hoy al paramilitarismo y muestran que este no es un fenómeno del pasado, sino que está presente de nuevas maneras y constituye un obstáculo permanente para un proyecto de paz grande en Colombia:

1) Los procesos de desarme de los grupos paramilitares, como el de las AUC, pese a todos sus alcances, no han significado el desmonte de las alianzas dentro las de que operaban las distintas estructuras armadas. Así, actores que fueron centrales en el proyecto paramilitar y tuvieron participación directa no fueron identificados ni investigados, y una parte importante de los entramados regionales sobrevivieron a los procesos de desmovilización de las organizaciones. Los procesos incompletos de integración de territorios y poblaciones que estuvieron bajo el control paramilitar y la falta de consideración en el proceso de desmovilización, así como de un enfoque centrado no solo en los desmovilizados, sino en las estructuras de estos entramados paramilitares, han implicado su reconfiguración territorial. Así mismo, la falta de implementación de las políticas públicas con enfoque territorial que se encuentran en los acuerdos de paz obstaculiza los intentos del mismo Estado por detener las acciones de los grupos armados, entre ellos los sucesores del paramilitarismo.

2) Los orígenes, la consolidación y la pervivencia del entramado paramilitar en diversas regiones no pueden explicarse por fuera de los procesos de construcción estatal, social, económica y cultural del país. Estas historias regionales no son un simple antecedente, sino contextos que favorecieron el surgimiento de órdenes armados simultáneos y aliados al Estado, entre estos los órdenes paramilitares, que establecieron formas de control y regulación sobre la población y el territorio a través de la vía violenta. La noción de delegación de la seguridad a estos grupos en diferentes momentos ha ido en detrimento de la seguridad pública y de las comunidades y ha sido causa de una buena parte de la violencia masiva en el país. Según los cálculos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para el 2017 había 706.210 armas legales en posesión de particulares, mientras que las armas ilegales en posesión de particulares llegaban a 4.267.790491. Hoy persiste la insistencia en la promulgación de normas que crean ambigüedades y vacíos legales, que en el pasado han fomentado la proliferación de grupos paramilitares.

3) El paramilitarismo ha sido impulsado por medio de la legitimación social y política que ha tenido por parte de distintos sectores, movidos por beneficios directos o indirectos de la acción paramilitar, desde la protección frente a las acciones guerrilleras, hasta la conservación de privilegios económicos y políticos. Esta legitimación blinda los entramados paramilitares y los sectores involucrados, que buscaban objetivos más allá de la contrainsurgencia. Al mismo tiempo, minimiza las enormes e indiscriminadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por estos grupos, clasificándolas como «males necesarios». Esta defensa, a su vez, justifica la existencia del paramilitarismo, contribuye a su sistemática negación y a la continuación de la impunidad, al impedir una identificación real de las responsabilidades asociadas al paramilitarismo.

4) Parte de los poderes políticos y económicos que se formaron bajo el orden paramilitar han continuado vigentes o fueron heredados por nuevos actores cercanos. En el caso de la parapolítica, varios de los implicados continuaron con el control territorial que tenían con las organizaciones paramilitares y mantuvieron sus redes clientelistas a través de colaboradores o familiares. Así mismo, el desmonte de las AUC no ha significado la desarticulación de las lógicas clientelistas y excluyentes de diversas clases políticas regionales, ni de los poderes o privilegios de grupos políticos que usaron a los grupos paramilitares para deshacerse de su competencia electoral.

5) En el caso de los poderes económicos legales, también se mantienen parte de sus privilegios en materia de capital o de acceso a recursos (como la tierra despojada o el acceso privilegiado a fondos públicos) de empresarios y propietarios que participaron, en diversas escalas, en la violencia paramilitar y que no han sido investigados o condenados. Incluso dentro de procesos judiciales, el uso de los testaferros para el ocultamiento de bienes no ha permitido que esas propiedades puedan ser totalmente identificadas y, como consecuencia, no pueden usarse para la restitución a las víctimas. La falta de investigación en profundidad de estas redes de alianzas es un factor de persistencia en la actualidad, y los mecanismos impulsados por el propio Acuerdo de Paz no han sido efectivos y necesitan un refuerzo y un replanteamiento de su acción a la luz de estos hallazgos.

6) Las economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central para los grupos armados posdesmovilización de las AUC, pese a las diversas iniciativas y esfuerzos que han buscado desarticular esta enorme industria de los estupefacientes. Los incentivos para participar en este negocio siguen siendo extremadamente altos, debido a las ganancias que produce, a los capitales y sectores involucrados y al nivel de enraizamiento que tiene en la vida cotidiana de muchos territorios, que a su vez son los territorios con amplia presencia de actores armados. Sin embargo, según exmiembros de las AUC, se han invisibilizado otras fuentes de financiación de estos grupos armados, como las rentas obtenidas del erario por corrupción, por robo de combustibles de los oleoductos y por extorsiones que siguen produciéndose en dichas regiones.

7) Las décadas de guerra y terror han llevado a la banalización de la violencia y a su instalación en múltiples esferas de la vida cotidiana en las que el paramilitarismo se ha convertido en un referente de «autoridad» y de control en ciertas regiones. Así mismo, se ha construido una visión en la cual unas vidas importan más que otras, con mecanismos que son, a su vez, factores de persistencia, como la sospecha permanente entre ciudadanos (con declaraciones como «por algo sería»), el señalamiento y la estigmatización guiados por nociones heredadas de las ideas de enemigo. Además, en diversas poblaciones desde la década de los noventa, la participación o vinculación a grupos armados ha sido vista como una fuente de empleo, que se ha convertido en otra de las muchas formas de supervivencia y de ganar recursos para tener una vida en la cual sean satisfechas sus necesidades básicas.

8) La prolongada duración del conflicto armado interno en Colombia ha fomentado los continuos tránsitos de combatientes entre grupos del mismo bando o de bandos contrarios, lo cual ha dado lugar a la construcción de identidades y relaciones sociales alrededor del «oficio de la guerra», lo que deriva en un proceso de «reciclaje» de las experiencias de la guerra. Estas dinámicas han llevado, incluso, a nuevas retaliaciones y reciclajes de la violencia, dado que hasta 2015, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), 3.820 desmovilizados habían muerto de forma violenta.

Esto se suma a las grandes dificultades en las rutas de reintegración de los excombatientes que, pese al apoyo institucional, no facilitan que los exparamilitares se integren a la sociedad en campos diferentes de lo armado y tampoco garantizan su formalización laboral, su inserción social y, ni siquiera, su propia vida. La falta de garantías de reintegración y de programas diferenciados debilita los procesos de paz y es un combustible para nuevos ciclos de violencia.

9) La investigación en profundidad del entramado paramilitar y sus responsabilidades sigue siendo una necesidad pendiente de abordar en Colombia. Se debe ampliar la revelación de las verdades que aún tienen líderes paramilitares, la investigación de las compulsas de copias de los tribunales de Justicia y Paz, las revelaciones de empresarios o políticos y exmiembros de dichos grupos ante la JEP y el sistema de justicia, tanto para otorgar seguridad jurídica a los responsables, como verdad a las víctimas y la sociedad. Además, es necesario proporcionar información relevante que ayude a desmantelar estos mecanismos y sus entramados de poder. Igualmente, el Estado tiene una deuda con las víctimas del paramilitarismo, en el reconocimiento de su responsabilidad en esta victimización. El ocultamiento y la minimización operaron como mecanismos de persistencia, pero no se trata solo de hechos, responsabilidades y mecanismos, sino de personas: las víctimas son ciudadanos colombianos que necesitan esa verdad.

Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento. Sin acciones contundentes al respecto, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia y, por lo tanto, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, principalmente en las encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población, estará socavada. Igualmente, es una deuda con las víctimas a quienes no se les ha ofrecido un reconocimiento de esta verdad. (Contexto: ¿Por qué a Tierralta tuvo que viajar de urgencia una comisión humanitaria?).

Este proceso debe identificar y crear acciones respecto a los profundos entramados de alianzas paramilitares que han persistido y que se han adaptado a los intentos de transitar a la paz; en varias ocasiones han bloqueado los esfuerzos de Colombia por llevar a cabo procesos de paz, con las crisis y reconfiguraciones de las estructuras armadas.

Los siguientes son factores que –sumados al manto de negación oficial y pública y a la persistente impunidad– dan continuidad hoy al paramilitarismo y muestran que este no es un fenómeno del pasado, sino que está presente de nuevas maneras y constituye un obstáculo permanente para un proyecto de paz grande en Colombia:

1) Los procesos de desarme de los grupos paramilitares, como el de las AUC, pese a todos sus alcances, no han significado el desmonte de las alianzas dentro las de que operaban las distintas estructuras armadas. Así, actores que fueron centrales en el proyecto paramilitar y tuvieron participación directa no fueron identificados ni investigados, y una parte importante de los entramados regionales sobrevivieron a los procesos de desmovilización de las organizaciones. Los procesos incompletos de integración de territorios y poblaciones que estuvieron bajo el control paramilitar y la falta de consideración en el proceso de desmovilización, así como de un enfoque centrado no solo en los desmovilizados, sino en las estructuras de estos entramados paramilitares, han implicado su reconfiguración territorial. Así mismo, la falta de implementación de las políticas públicas con enfoque territorial que se encuentran en los acuerdos de paz obstaculiza los intentos del mismo Estado por detener las acciones de los grupos armados, entre ellos los sucesores del paramilitarismo.

2) Los orígenes, la consolidación y la pervivencia del entramado paramilitar en diversas regiones no pueden explicarse por fuera de los procesos de construcción estatal, social, económica y cultural del país. Estas historias regionales no son un simple antecedente, sino contextos que favorecieron el surgimiento de órdenes armados simultáneos y aliados al Estado, entre estos los órdenes paramilitares, que establecieron formas de control y regulación sobre la población y el territorio a través de la vía violenta. La noción de delegación de la seguridad a estos grupos en diferentes momentos ha ido en detrimento de la seguridad pública y de las comunidades y ha sido causa de una buena parte de la violencia masiva en el país. Según los cálculos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), para el 2017 había 706.210 armas legales en posesión de particulares, mientras que las armas ilegales en posesión de particulares llegaban a 4.267.790491. Hoy persiste la insistencia en la promulgación de normas que crean ambigüedades y vacíos legales, que en el pasado han fomentado la proliferación de grupos paramilitares.

3) El paramilitarismo ha sido impulsado por medio de la legitimación social y política que ha tenido por parte de distintos sectores, movidos por beneficios directos o indirectos de la acción paramilitar, desde la protección frente a las acciones guerrilleras, hasta la conservación de privilegios económicos y políticos. Esta legitimación blinda los entramados paramilitares y los sectores involucrados, que buscaban objetivos más allá de la contrainsurgencia. Al mismo tiempo, minimiza las enormes e indiscriminadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por estos grupos, clasificándolas como «males necesarios». Esta defensa, a su vez, justifica la existencia del paramilitarismo, contribuye a su sistemática negación y a la continuación de la impunidad, al impedir una identificación real de las responsabilidades asociadas al paramilitarismo.

4) Parte de los poderes políticos y económicos que se formaron bajo el orden paramilitar han continuado vigentes o fueron heredados por nuevos actores cercanos. En el caso de la parapolítica, varios de los implicados continuaron con el control territorial que tenían con las organizaciones paramilitares y mantuvieron sus redes clientelistas a través de colaboradores o familiares. Así mismo, el desmonte de las AUC no ha significado la desarticulación de las lógicas clientelistas y excluyentes de diversas clases políticas regionales, ni de los poderes o privilegios de grupos políticos que usaron a los grupos paramilitares para deshacerse de su competencia electoral.

5) En el caso de los poderes económicos legales, también se mantienen parte de sus privilegios en materia de capital o de acceso a recursos (como la tierra despojada o el acceso privilegiado a fondos públicos) de empresarios y propietarios que participaron, en diversas escalas, en la violencia paramilitar y que no han sido investigados o condenados. Incluso dentro de procesos judiciales, el uso de los testaferros para el ocultamiento de bienes no ha permitido que esas propiedades puedan ser totalmente identificadas y, como consecuencia, no pueden usarse para la restitución a las víctimas. La falta de investigación en profundidad de estas redes de alianzas es un factor de persistencia en la actualidad, y los mecanismos impulsados por el propio Acuerdo de Paz no han sido efectivos y necesitan un refuerzo y un replanteamiento de su acción a la luz de estos hallazgos.

6) Las economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central para los grupos armados posdesmovilización de las AUC, pese a las diversas iniciativas y esfuerzos que han buscado desarticular esta enorme industria de los estupefacientes. Los incentivos para participar en este negocio siguen siendo extremadamente altos, debido a las ganancias que produce, a los capitales y sectores involucrados y al nivel de enraizamiento que tiene en la vida cotidiana de muchos territorios, que a su vez son los territorios con amplia presencia de actores armados. Sin embargo, según exmiembros de las AUC, se han invisibilizado otras fuentes de financiación de estos grupos armados, como las rentas obtenidas del erario por corrupción, por robo de combustibles de los oleoductos y por extorsiones que siguen produciéndose en dichas regiones.

7) Las décadas de guerra y terror han llevado a la banalización de la violencia y a su instalación en múltiples esferas de la vida cotidiana en las que el paramilitarismo se ha convertido en un referente de «autoridad» y de control en ciertas regiones. Así mismo, se ha construido una visión en la cual unas vidas importan más que otras, con mecanismos que son, a su vez, factores de persistencia, como la sospecha permanente entre ciudadanos (con declaraciones como «por algo sería»), el señalamiento y la estigmatización guiados por nociones heredadas de las ideas de enemigo. Además, en diversas poblaciones desde la década de los noventa, la participación o vinculación a grupos armados ha sido vista como una fuente de empleo, que se ha convertido en otra de las muchas formas de supervivencia y de ganar recursos para tener una vida en la cual sean satisfechas sus necesidades básicas.

8) La prolongada duración del conflicto armado interno en Colombia ha fomentado los continuos tránsitos de combatientes entre grupos del mismo bando o de bandos contrarios, lo cual ha dado lugar a la construcción de identidades y relaciones sociales alrededor del «oficio de la guerra», lo que deriva en un proceso de «reciclaje» de las experiencias de la guerra. Estas dinámicas han llevado, incluso, a nuevas retaliaciones y reciclajes de la violencia, dado que hasta 2015, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), 3.820 desmovilizados habían muerto de forma violenta.

Esto se suma a las grandes dificultades en las rutas de reintegración de los excombatientes que, pese al apoyo institucional, no facilitan que los exparamilitares se integren a la sociedad en campos diferentes de lo armado y tampoco garantizan su formalización laboral, su inserción social y, ni siquiera, su propia vida. La falta de garantías de reintegración y de programas diferenciados debilita los procesos de paz y es un combustible para nuevos ciclos de violencia.

9) La investigación en profundidad del entramado paramilitar y sus responsabilidades sigue siendo una necesidad pendiente de abordar en Colombia. Se debe ampliar la revelación de las verdades que aún tienen líderes paramilitares, la investigación de las compulsas de copias de los tribunales de Justicia y Paz, las revelaciones de empresarios o políticos y exmiembros de dichos grupos ante la JEP y el sistema de justicia, tanto para otorgar seguridad jurídica a los responsables, como verdad a las víctimas y la sociedad. Además, es necesario proporcionar información relevante que ayude a desmantelar estos mecanismos y sus entramados de poder. Igualmente, el Estado tiene una deuda con las víctimas del paramilitarismo, en el reconocimiento de su responsabilidad en esta victimización. El ocultamiento y la minimización operaron como mecanismos de persistencia, pero no se trata solo de hechos, responsabilidades y mecanismos, sino de personas: las víctimas son ciudadanos colombianos que necesitan esa verdad.