A respetar la vida de los exguerrilleros de las Farc

“En Colombia se decía que al que entregaban las armas lo mataban”, cuenta Antonio Navarro, senador y exintegrante del M-19. Esa idea cobra importancia en el momento histórico actual. Este 10 de julio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una segunda misión de paz en Colombia para verificar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc y para seguir la implementación de medidas de seguridad para ellos. 

Lea también: “El día que dejé las armas”. Relatos de tres excombatientes​

La preocupación no es infundada. El pasado 27 de junio, con presencia de Naciones Unidas, las Farc dejaron las armas. Sin embargo, Rodrigo Londoño, el excomandante de esa organización, alertó sobre el riesgo que corren las vidas de los exguerrilleros: “La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y son varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados”, dijo. Se refería a los asesinatos de cuatro excombatientes y ocho familiares.

La historia colombiana tiene varios ejemplos de persecución contra personas que renunciaron al uso de las armas para el ejercicio político: al guerrillero de los Llanos Guadalupe Salcedo lo asesinaron el 6 de junio de 1957 después de haber entregado las armas junto con sus hombres.

No muy lejos, en 1958, el gobierno de Alberto Lleras creó el Plan de Rehabilitación por medio del cual, en 1959, había 6.700 hombres trabajando en 110 frentes. Uno de esos trabajadores era Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 fundaría las Farc. Él, que había guardado su arma (el pacto con el gobierno no exigía dejación ni entrega), era el inspector de la construcción de la carretera entre Aleluyas y El Carmen. Varios jefes guerrilleros silenciaron sus armas por esos días para dedicarse a diversas labores en la vida civil. Pero la tranquilidad duró poco. El asesinato de ‘Charro Negro’, compañero de lucha de Marulanda, a manos de guerrilleros liberales enterró ese intento de paz. El 11 de enero de 1960 desempolvaron las armas y la guerra continuó.

Esos episodios siguen rondando como fantasmas en cada intento de paz en el país. En palabras de Álvaro Villarraga, exguerrillero desmovilizado del EPL, hoy director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica: “En Colombia hay una gran desconfianza histórica heredada de los pactos de paz y las desmovilizaciones de los años 50 con las guerrillas liberales con el no respeto de la vida de los excombatientes”.

El derramamiento de sangre de excombatientes siguió. Se recrudeció a tal punto que en los años 80 Colombia fue escenario de un genocidio. Tras una negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, el 28 de mayo de 1985, surgió el partido político Unión Patriótica (UP). En las elecciones de 1986 el éxito electoral de esa colectividad fue contundente: siete congresistas, trece diputados, once alcaldes y 69 concejales. Entre las personas que fueron electas por la UP se encontraba Luciano Marín, también conocido como “Iván Márquez”, quien fue electo concejal y luego representante a la Cámara por Caquetá.

Mientras la UP obtenía esos éxitos electorales se orquestaba un plan para exterminarla. Agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes perpetraron un plan llamado “El baile rojo”. El primer asesinato se dio en Barrancabermeja, el senador Leonardo Posada murió tras recibir varios impactos de bala. Unos 4.000 integrantes de la UP fueron víctimas de esa violencia sistemática. “Los tiros que dispararon los sicarios fueron todos certeros”, cuenta Imelda Daza, quien hizo parte de la colectividad y se tuvo que exiliar en Suecia para no correr la misma suerte de sus compañeros.

Ese genocidio empujó a muchos hacia la lucha armada. “Nutrió a la guerrilla”, sentencia Daza. Por ejemplo, Ricardo Palmera, conocido también como “Simón Trinidad”, dejó todo para unirse a las Farc. El mismo camino que emprendieron Luciano Marín y Luis Edgar Devia, alias “Raul Reyes”. Daza, que nunca compartió la lucha armada, se quedó en la vida civil pero afirma con dolor sobre el exterminio de la UP que “al país se le cercenó una generación de intelectuales comprometidos con la democracia”.

Lea también: El exterminio de la UP​

En la década de los 80 fueron asesinados 70 excombatientes amnistiados. La guerra se recrudeció. Unos 2.600 integrantes del EPL dejaron las armas el 1 de marzo de 1991. La organización creó el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, un año después algunos ya habían decidido rearmarse: los caraballistas (una disidencia) y los Comandos Populares (grupos de personas que tomaban las armas para defenderse).

Si bien los procesos de paz de los 90 fueron exitosos, las tasas de reincidencia no superaron el 6%, en el caso de los integrantes del EPL que operaban en el Urabá antioqueño esa cifra alcanzó el 20%.  Lo que quiere decir que de unos 600 desmovilizados 200 volvieron a las armas. Álvaro Villarraga, que fue integrante de esa guerrilla, enfatiza en que “el Estado fue el causante”. Explica que los incumplimientos de los acuerdos de reincorporación devinieron en que muchos jóvenes andaran rondando por Urabá sin alternativas para rehacer sus vidas en la civilidad.

A eso se sumó la violencia del quinto frente de las Farc y de la disidencia rearmada contra los desmovilizados. Es así que entre 1991 y 1996 se perpetraron 18 masacres contra integrantes de Esperanza, Paz y Libertad. Además, se registraron 763 ataques contra excombatientes y 2.000 contra simpatizantes de esa colectividad.  El 23 de enero de 1994 fueron asesinadas 35 personas y otras 17 quedaron heridas a manos de integrantes de las Farc. Por esos hechos, en una solemne ceremonia, los comandantes guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón el 30 de septiembre del año pasado. Los familiares de los asesinados llevaban camisas estampadas con el mensaje: “Las víctimas perdonamos”.

Lea también: "No queremos perdón de las Farc para llorar, sino para dignificar": líder de víctimas de La Chinita​

Entre 1989 y 2005, 847 excombatientes fueron asesinados o desaparecidos forzosamente según el estudio La reinserción en Colombia elaborado por Fundación Cultura Democrática.

¿Qué hacer para que no se repita?

Antonio Navarro fue la persona del M-19 que decidió que a Carlos Pizarro, máximo comandante de esa guerrilla asesinado el 26 de abril de 1990, lo iban a enterrar en paz, sin hacer desmanes. Unos días después la dirigencia de esa guerrilla se reunió y unánimemente acordaron que no iban a volver a las armas.

El asesinato de Pizarro dejó lecciones para que no se derrame más sangre de excombatientes. “El tema de las escoltas es vital”, dice Navarro. Se refiere a que es imprescindible que los cuerpos de seguridad de los guerrilleros estén conformados tanto por agente del Estado como por desmovilizados. “Los miembros de las escoltas del protegido deben contar con el visto bueno del protegido”, enfatiza.

Teniendo en cuenta esos antecedentes el Estado y las Farc acordaron que las escoltas para los excomandantes de esa guerrilla serán mixtas. Con ese fin, el  12 de junio de este año, 305 exguerrilleros empezaron a capacitarse en la academia de seguridad privada SWAT Bodyguards, ubicada en Facatativá (Cundinamarca). Los esquemas de seguridad serán coordinados por la Policía y estarán integrados por personal de la Unidad Nacional de Protección y excombatientes. 

Lea también: Los guardianes de las Farc

Las estructuras paramilitares fueron las perpetradoras de varios magnicidios y de gran cantidad de los crímenes contra los desmovilizados de otros procesos de paz.  La Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó las armas el 9 de abril de 1994. De los 650 combatientes que pasaron a la vida civil, 64 fueron asesinados.

José Aristizabal, quien fue negociador de ese movimiento, explica que el Estado no combatió al paramilitarismo y eso dio paso a los asesinatos. Si bien hoy las estructuras paramilitares no son de la envergadura de hace unos años, algunos focos persisten y tienen capacidad de ejercer violencia. No en vano en el 2017 fueron asesinados 127 defensores de derechos humanos y líderes sociales. “Si no se le pone un tatequieto al paramilitarismo y a los asesinatos de los líderes algunos de los excombatientes se verán tentados a volver a las armas”, advierte.

Lea también: ¿Dónde están las armas de los otros procesos de paz?

Sobre ese punto el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc es claro. En el punto tres dice: “El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. El avance de estructuras paramilitares en Chocó y las denuncias de la reactivación de esos grupos en otros departamentos hacen que la implementación de ese punto sea vital para la construcción de paz.

Un hecho preocupante es que la mayoría de los líderes asesinados vivían en zonas que fueron controladas por las Farc. Ese hecho coincide con lo que Aristizabal cuenta frente a los asesinatos que vinieron después de la entrega de armas de la CRS: “Hubo una estigmatización a comunidades rurales”, cuenta.

Para acabar con esa estigmatización, Villarraga propone una reforma en la doctrina de la fuerza pública. No se puede seguir viendo a los excombatientes como terroristas, dice, sino que deben ser vistos como “aliados al propósito común de construir la paz”. Una persona, que habló bajo la condición de no revelar su identidad y que hizo parte de Comités de Revisión Estratégica e Innovación (reuniones en las cuales se discuten cambios en el norte de las Fuerzas Armadas), afirma que en todas las Fuerzas ya se empezó a dar ese cambio de doctrina que, incluso, se viene dando hace varios años debido a que "se veía venir" el proceso de paz con las Farc. 

Un ejemplo de esos cambios se dio en el Ejército. El 7 de agosto de 2016 el general del Ejército Alberto Mejía le entregó al general Juan Pablo Rodríguez la doctrina Damasco que contiene los nuevos manuales en los que basará su accionar esa fuerza. Los cambios se evidencian, por ejemplo, en lo que han llamado los soldados multimisión que ya no sólo se enfocarán en tareas de orden público sino que apoyarán en labores como el medio ambiente, la atención de desastres y la atención humanitaria. "Lo que se plantea es que el Ejército no solamente tiene la capacidad de combatir grupos guerrilleros, sino que puedo cumplir multiples funciones", dice esa misma persona. 

Lo que está en juego, además, es la apuesta de vivir como personas civilizadas que no necesitan la violencia para dirimir sus diferencias. También la legitimidad del Estado y la implementación de lo acordado con la guuerrilla. En palabras del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la reconciliación  pasa también por la “ recuperación de confianza general, de (la) confianza en las instituciones que finalmente es el objetivo al que hay que llegar para lograr una paz estable y duradera”.

Imelda Daza cree que el asunto remite a la ética: “Si uno es humanista o es creyente tiene que respetar la vida todos los seres humanos”. Villarraga concluye con una advertencia que retrata el desafío que tiene el país para cambiar una cultura política que durante más de 100 años ha sido permeada por la violencia: “De llamar terroristas a los indultados a que sucedan atentados contra ellos hay solo un paso”. 

“En Colombia se decía que al que entregaban las armas lo mataban”, cuenta Antonio Navarro, senador y exintegrante del M-19. Esa idea cobra importancia en el momento histórico actual. Este 10 de julio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una segunda misión de paz en Colombia para verificar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc y para seguir la implementación de medidas de seguridad para ellos. 

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La preocupación no es infundada. El pasado 27 de junio, con presencia de Naciones Unidas, las Farc dejaron las armas. Sin embargo, Rodrigo Londoño, el excomandante de esa organización, alertó sobre el riesgo que corren las vidas de los exguerrilleros: “La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y son varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados”, dijo. Se refería a los asesinatos de cuatro excombatientes y ocho familiares.

La historia colombiana tiene varios ejemplos de persecución contra personas que renunciaron al uso de las armas para el ejercicio político: al guerrillero de los Llanos Guadalupe Salcedo lo asesinaron el 6 de junio de 1957 después de haber entregado las armas junto con sus hombres.

No muy lejos, en 1958, el gobierno de Alberto Lleras creó el Plan de Rehabilitación por medio del cual, en 1959, había 6.700 hombres trabajando en 110 frentes. Uno de esos trabajadores era Manuel Marulanda Vélez, quien en 1964 fundaría las Farc. Él, que había guardado su arma (el pacto con el gobierno no exigía dejación ni entrega), era el inspector de la construcción de la carretera entre Aleluyas y El Carmen. Varios jefes guerrilleros silenciaron sus armas por esos días para dedicarse a diversas labores en la vida civil. Pero la tranquilidad duró poco. El asesinato de ‘Charro Negro’, compañero de lucha de Marulanda, a manos de guerrilleros liberales enterró ese intento de paz. El 11 de enero de 1960 desempolvaron las armas y la guerra continuó.

Esos episodios siguen rondando como fantasmas en cada intento de paz en el país. En palabras de Álvaro Villarraga, exguerrillero desmovilizado del EPL, hoy director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica: “En Colombia hay una gran desconfianza histórica heredada de los pactos de paz y las desmovilizaciones de los años 50 con las guerrillas liberales con el no respeto de la vida de los excombatientes”.

El derramamiento de sangre de excombatientes siguió. Se recrudeció a tal punto que en los años 80 Colombia fue escenario de un genocidio. Tras una negociación entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, el 28 de mayo de 1985, surgió el partido político Unión Patriótica (UP). En las elecciones de 1986 el éxito electoral de esa colectividad fue contundente: siete congresistas, trece diputados, once alcaldes y 69 concejales. Entre las personas que fueron electas por la UP se encontraba Luciano Marín, también conocido como “Iván Márquez”, quien fue electo concejal y luego representante a la Cámara por Caquetá.

Mientras la UP obtenía esos éxitos electorales se orquestaba un plan para exterminarla. Agentes estatales, paramilitares y narcotraficantes perpetraron un plan llamado “El baile rojo”. El primer asesinato se dio en Barrancabermeja, el senador Leonardo Posada murió tras recibir varios impactos de bala. Unos 4.000 integrantes de la UP fueron víctimas de esa violencia sistemática. “Los tiros que dispararon los sicarios fueron todos certeros”, cuenta Imelda Daza, quien hizo parte de la colectividad y se tuvo que exiliar en Suecia para no correr la misma suerte de sus compañeros.

Ese genocidio empujó a muchos hacia la lucha armada. “Nutrió a la guerrilla”, sentencia Daza. Por ejemplo, Ricardo Palmera, conocido también como “Simón Trinidad”, dejó todo para unirse a las Farc. El mismo camino que emprendieron Luciano Marín y Luis Edgar Devia, alias “Raul Reyes”. Daza, que nunca compartió la lucha armada, se quedó en la vida civil pero afirma con dolor sobre el exterminio de la UP que “al país se le cercenó una generación de intelectuales comprometidos con la democracia”.

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En la década de los 80 fueron asesinados 70 excombatientes amnistiados. La guerra se recrudeció. Unos 2.600 integrantes del EPL dejaron las armas el 1 de marzo de 1991. La organización creó el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, un año después algunos ya habían decidido rearmarse: los caraballistas (una disidencia) y los Comandos Populares (grupos de personas que tomaban las armas para defenderse).

Si bien los procesos de paz de los 90 fueron exitosos, las tasas de reincidencia no superaron el 6%, en el caso de los integrantes del EPL que operaban en el Urabá antioqueño esa cifra alcanzó el 20%.  Lo que quiere decir que de unos 600 desmovilizados 200 volvieron a las armas. Álvaro Villarraga, que fue integrante de esa guerrilla, enfatiza en que “el Estado fue el causante”. Explica que los incumplimientos de los acuerdos de reincorporación devinieron en que muchos jóvenes andaran rondando por Urabá sin alternativas para rehacer sus vidas en la civilidad.

A eso se sumó la violencia del quinto frente de las Farc y de la disidencia rearmada contra los desmovilizados. Es así que entre 1991 y 1996 se perpetraron 18 masacres contra integrantes de Esperanza, Paz y Libertad. Además, se registraron 763 ataques contra excombatientes y 2.000 contra simpatizantes de esa colectividad.  El 23 de enero de 1994 fueron asesinadas 35 personas y otras 17 quedaron heridas a manos de integrantes de las Farc. Por esos hechos, en una solemne ceremonia, los comandantes guerrilleros Iván Márquez y Pastor Alape pidieron perdón el 30 de septiembre del año pasado. Los familiares de los asesinados llevaban camisas estampadas con el mensaje: “Las víctimas perdonamos”.

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Entre 1989 y 2005, 847 excombatientes fueron asesinados o desaparecidos forzosamente según el estudio La reinserción en Colombia elaborado por Fundación Cultura Democrática.

¿Qué hacer para que no se repita?

Antonio Navarro fue la persona del M-19 que decidió que a Carlos Pizarro, máximo comandante de esa guerrilla asesinado el 26 de abril de 1990, lo iban a enterrar en paz, sin hacer desmanes. Unos días después la dirigencia de esa guerrilla se reunió y unánimemente acordaron que no iban a volver a las armas.

El asesinato de Pizarro dejó lecciones para que no se derrame más sangre de excombatientes. “El tema de las escoltas es vital”, dice Navarro. Se refiere a que es imprescindible que los cuerpos de seguridad de los guerrilleros estén conformados tanto por agente del Estado como por desmovilizados. “Los miembros de las escoltas del protegido deben contar con el visto bueno del protegido”, enfatiza.

Teniendo en cuenta esos antecedentes el Estado y las Farc acordaron que las escoltas para los excomandantes de esa guerrilla serán mixtas. Con ese fin, el  12 de junio de este año, 305 exguerrilleros empezaron a capacitarse en la academia de seguridad privada SWAT Bodyguards, ubicada en Facatativá (Cundinamarca). Los esquemas de seguridad serán coordinados por la Policía y estarán integrados por personal de la Unidad Nacional de Protección y excombatientes. 

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Las estructuras paramilitares fueron las perpetradoras de varios magnicidios y de gran cantidad de los crímenes contra los desmovilizados de otros procesos de paz.  La Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó las armas el 9 de abril de 1994. De los 650 combatientes que pasaron a la vida civil, 64 fueron asesinados.

José Aristizabal, quien fue negociador de ese movimiento, explica que el Estado no combatió al paramilitarismo y eso dio paso a los asesinatos. Si bien hoy las estructuras paramilitares no son de la envergadura de hace unos años, algunos focos persisten y tienen capacidad de ejercer violencia. No en vano en el 2017 fueron asesinados 127 defensores de derechos humanos y líderes sociales. “Si no se le pone un tatequieto al paramilitarismo y a los asesinatos de los líderes algunos de los excombatientes se verán tentados a volver a las armas”, advierte.

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Sobre ese punto el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc es claro. En el punto tres dice: “El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. El avance de estructuras paramilitares en Chocó y las denuncias de la reactivación de esos grupos en otros departamentos hacen que la implementación de ese punto sea vital para la construcción de paz.

Un hecho preocupante es que la mayoría de los líderes asesinados vivían en zonas que fueron controladas por las Farc. Ese hecho coincide con lo que Aristizabal cuenta frente a los asesinatos que vinieron después de la entrega de armas de la CRS: “Hubo una estigmatización a comunidades rurales”, cuenta.

Para acabar con esa estigmatización, Villarraga propone una reforma en la doctrina de la fuerza pública. No se puede seguir viendo a los excombatientes como terroristas, dice, sino que deben ser vistos como “aliados al propósito común de construir la paz”. Una persona, que habló bajo la condición de no revelar su identidad y que hizo parte de Comités de Revisión Estratégica e Innovación (reuniones en las cuales se discuten cambios en el norte de las Fuerzas Armadas), afirma que en todas las Fuerzas ya se empezó a dar ese cambio de doctrina que, incluso, se viene dando hace varios años debido a que "se veía venir" el proceso de paz con las Farc. 

Un ejemplo de esos cambios se dio en el Ejército. El 7 de agosto de 2016 el general del Ejército Alberto Mejía le entregó al general Juan Pablo Rodríguez la doctrina Damasco que contiene los nuevos manuales en los que basará su accionar esa fuerza. Los cambios se evidencian, por ejemplo, en lo que han llamado los soldados multimisión que ya no sólo se enfocarán en tareas de orden público sino que apoyarán en labores como el medio ambiente, la atención de desastres y la atención humanitaria. "Lo que se plantea es que el Ejército no solamente tiene la capacidad de combatir grupos guerrilleros, sino que puedo cumplir multiples funciones", dice esa misma persona. 

Lo que está en juego, además, es la apuesta de vivir como personas civilizadas que no necesitan la violencia para dirimir sus diferencias. También la legitimidad del Estado y la implementación de lo acordado con la guuerrilla. En palabras del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la reconciliación  pasa también por la “ recuperación de confianza general, de (la) confianza en las instituciones que finalmente es el objetivo al que hay que llegar para lograr una paz estable y duradera”.

Imelda Daza cree que el asunto remite a la ética: “Si uno es humanista o es creyente tiene que respetar la vida todos los seres humanos”. Villarraga concluye con una advertencia que retrata el desafío que tiene el país para cambiar una cultura política que durante más de 100 años ha sido permeada por la violencia: “De llamar terroristas a los indultados a que sucedan atentados contra ellos hay solo un paso”.