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La resolución 298 del 26 de febrero de 2021, firmada por el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, designa a José Augusto Rendón García como el nuevo defensor regional del Pueblo en el Urabá, cargo en el que el funcionario deberá velar por la garantía del cumplimiento de los derechos humanos de los pobladores de esa región del país.
Pero en el Urabá hay cuestionamientos al hecho de que Rendón García sea la persona idónea para defender sus derechos. En varios procesos judiciales de restitución de tierras, en una de las regiones en las que más se presentó el despojo de tierra, se han cruzado con él como abogado de empresarios vinculados al despojo, que aparecen como opositores en la ruta de restitución a los campesinos.
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Este diario conoció un documento de la misma Defensoría del Pueblo, fechado el 7 de noviembre de 2014, dentro del proceso de restitución colectiva que avanza en el territorio de las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó. Allí, la entidad reportaba la visita a una de las comunidades del territorio, en la que apareció José Rendón, quien se presentó como abogado de varios de los grandes ocupantes del territorio colectivo y en su intervención se opuso directamente a que continuara avanzando la restitución de tierras.
En presencia de la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría, la Mapp-OEA, entre otras organizaciones, el hombre “en repetidas oportunidades expresó la frase “esto se va a dañar”, en alusión a que se iniciará un nuevo ciclo de violencia en caso de que le quiten la tierra a los empresarios, indicando que hay personas dispuestas a conformar grupos armados o ejercer violencia para impedir que les quiten las tierras a los empresarios en el marco de los procesos de restitución de tierras y territorios”, se lee en el documento.
Para evitar esa violencia que generaría la restitución, el hoy defensor regional expresó en ese momento que “es necesario establecer acuerdos entre los empresarios y los campesinos, de forma tal que si el empresario tiene mil hectáreas, entrega cien hectáreas en producción al campesino (puso el ejemplo de la palma en producción). En este sentido, expresó que el modelo a seguir es el implementado en Montes de María, en donde los campesinos se asociaron con Carlos Murgas, no aceptando la propuesta que había presentado el Padre Francisco de Roux”, reportó la Defensoría. De esa forma, los campesinos que están reclamando esos predios, como antiguos dueños, quedarían asentados en fracciones del territorio que ahora sería de propiedad de quienes lo compraron tras la arremetida paramilitar en la zona. Además, afirmó que el Gobierno “está gastando mucha plata” en la restitución de tierras y que por eso es mejor promover acuerdos entre empresarios y reclamantes.
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En el mismo documento, la Defensoría plasmó la forma en que la comunidad recibió las reiteradas alusiones de Rendón García a que la restitución generará violencia y dijo que eso había sido visto como una amenaza. “Es evidente que los pobladores de la zona tienen una relación con los “empresarios” (esto es, los grandes ocupantes) fundada en el miedo y el terror, el cual se extiende también a los abogados que los representan o asesoran”, dijo la Defensoría.
En un auto del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó, del 6 de noviembre de 2018, en el que resolvía una solicitud individual de restitución en el territorio de La Larga Tumaradó, del predio El Paraíso, ubicado en Belén de Bajirá (Mutatá) Rendón García aparece como el apoderado de Heriberto Salvador Romero y Luz Marina Maya, quienes figuran como segundos ocupantes en el predio que estaba siendo reclamado por un campesino al que se lo adjudicó el Incora en la década de 1980.
Juan Pablo Guerrero es abogado del Centro de Investigación y Educación Popular para la Paz (Cinep), que acompaña el proceso de restitución colectiva del consejo comunitario de La Larga Tumaradó. Para él, el nombre del nuevo defensor regional no es nuevo, pues ha representado a empresarios que son grandes ocupantes en el territorio de La Larga Tumaradó. Según las investigaciones que han hecho en el Cinep y la URT, una decena de empresarios, compradores masivos de tierra en la región tras la oleada paramilitar, ocupa actualmente el 95% de la tierra productiva de las 107 mil hectáreas que le fueron tituladas colectivamente al consejo comunitario. Entre esos ocupantes están José Vicente Cantero, Dorance Romero, Ángel Adriano Palacios Pino, Jaime Uribe Castrillón, Óscar Mosquera, Juan Guillermo González, entre otros. El 23 de septiembre pasado, todo el caso de despojo en La Larga Tumaradó, incluyendo los nombres de los compradores masivos, quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, con un informe que le entregó el Cinep.
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Varios de ellos ya han enfrentado procesos en la justicia. Palacios Pino, por ejemplo, ha sido señalado por Raúl Hasbún, excomandante del Bloque Bananero de los paramilitares, como un empresario que financió esa estructura paramilitar. Actualmente enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y porte ilegal de armas, en medio de un proceso por el que estuvo preso entre 2014 y 2015. Pero, además, la finca El Trébol, de propiedad de Palacios Pino, se convirtió en un campamento y centro de operaciones paramilitares. El nuevo defensor regional, según los rastreos del Cinep, ha sido asesor de Palacios Pino y de este sector empresarial.
“Rendón García tiene un mensaje racista de que son tierras improductivas, de que el sector empresarial es el que ha generado el desarrollo. Que el ministerio público tenga un mensaje racista en un territorio pluriétnico y multicultural como el Urabá es supremamente cuestionable”, reclamó Juan Pablo Guerrero. Añadió que es un irrespeto a las víctimas delegarlo como defensor regional y recordó el caso similar de Dayra Reina, que también venía de representar a empresarios vinculados en los procesos y que fue nombrada en la URT en diciembre de 2018.
Pero, además, como defensor regional, José Rendón tendrá a su cargo a defensores públicos especialistas en restitución de tierras que siguen de cerca esos procesos y participan tanto en la etapa administrativa, como en la etapa judicial del proceso de restitución.
Buscamos al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre las capacidades de Rendón García para ser nombrado defensor regional, pero no hemos recibido respuesta. A su vez, nos comunicamos con la oficina del nuevo defensor regional para que respondiera por las críticas de su nombramiento, pero no nos ha atendido.
Tras conocerse este nombramiento, la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comision Intereclesial de Justicia y Paz, el Instituto Popular de Capacitación y la Asociación Tierra y Paz, además del Cinep, todas organizaciones que han acompañado a los reclamantes de tierra en el Urabá, emitieron un comunicado en el que condenaron enérgicamente la designación de Rendón García. “Este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente”, se lee en el documento.
En el mismo pronunciamiento, las organizaciones hablaron de una “receta antirrestitución” de tierras en el Urabá, teniendo en cuenta también el nombramiento en 2018 de Dayra Reina en la dirección territorial de la URT y lo ocurrido con el juez segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, que en una audiencia amenazó a una mujer víctima de despojo y aseguró que la restitución de tierras es “la mentira más grande en Colombia”.
Esta es la resolución 298 del 26 de febrero de 2021 con la que se designa a Rendón García como defensor regional:
