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El mosquitero de tela apenas alcanza a cubrir parte de la cama, que se estrella en cada extremo con las polisombras verdes que improvisaron como paredes. No hay baldosa ni cemento: el piso es de una tierra negra en la que el pasto empieza a asomarse. El techo -armado con latas de zinc y plásticos- se sostiene en columnas de madera de guadua. Afuera se observa una vecindad casi igual, entre matas de plátano en un terreno quebrado. Y el único baño que hay lo comparten 57 familias. “Acá nos encontramos en estas casas, si se les puede decir así. O mejor dicho, cambuches”, señala el líder Lisandro Nacavera Onogama mientras hace un paneo del lugar, habitado por indígenas embera chamí desplazados por el conflicto armado.
“En estos cambuches improvisados con plásticos hay hasta cinco familias, que para el Estado pareciera que viven en una casa digna para poder resguardarse del frío, del agua y del vendaval”, agrega Nacavera mientras camina por la finca El Privilegio, en Balboa (Risaralda). Se trata de un lote de 24 hectáreas, en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que tomaron cerca de 300 miembros de la comunidad Karabidrua a finales de septiembre del 2022, en un intento por presionar a esa y otras entidades para que les otorguen un predio que llevan pidiendo hace más de siete años, donde buscan conformar un resguardo indígena.
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Días antes de tomarse El Privilegio, el grupo encabezó una protesta en la Gobernación de Risaralda para exigir respuestas. “Acá hay un abandono total, la ANT nos ha incumplido en siete predios anteriores que no han sido comprados, y por eso decidimos tomar las vías de hecho e invadir esta finca. Ya pasaron cuatro meses, y si esto sigue así, la comunidad está dispuesta a lotear esta tierra y quedarse aquí”, cuenta el líder indígena.
La lucha de esta comunidad por la tierra comenzó en 2014. Para entonces, la mayoría de miembros de Karabidrua llevaban más de seis años viviendo en Bogotá, a donde llegaron expulsados por el conflicto en sus territorios ancestrales en Risaralda y Chocó. Ese año, con casi 600 integrantes, el grupo se formalizó y, de la mano de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), comenzó a solicitarle al Estado la adjudicación de las tierras para crear su resguardo.
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De acuerdo con los líderes de la comunidad, en 2017 empezaron un proceso de reubicación en Pereira (mientras se adelantaba la compra de los predios), pero el tiempo pasó y la promesa nunca se materializó.
De ahí que las 57 familias que conforman Karabidrua vieran como opción invadir las tierras en Balboa para asentarse, a pesar de que la finca El Privilegio tiene destinación específica para comunidades campesinas y está entregada en comodato a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
“Cuando los pueblos y las comunidades toman las vías de hecho no lo hacen por deporte, sino por una necesidad de sobrevivencia y permanencia cultural. No es frecuente que el pueblo embera haga tomas de predios, pero se trata de un ejercicio político, cultural y organizativo del que se tienen que valer ante el Estado para que les sean devueltas sus tierras y sus derechos”, dice el consejero general de la Onic Gerardo Jumi.
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Sobre este caso, la Agencia Nacional de Tierras le dijo a Colombia+20 que en la actualidad se está estudiando la oferta de dos predios en Balboa para dotar de tierras a la comunidad Karabidrua. El proceso más adelantado es el de la finca La Arabia, de 30 hectáreas, que ya cuenta con avalúo, y se está revisando la posible compra del lote Llano Grande. Eso sí, la ANT aseguró que el avance del proceso “no se encuentra ligado a las acciones de hecho ejecutadas”, en referencia a la invasión, e incluso aclaran que “tal actitud, por el contrario, podría llegar a afectar el proceso de adquisición”.
Mientras las compras de predios se concretan, las carencias aumentan entre la comunidad. Una de las preocupaciones que expresaron tiene que ver con el riesgo de desescolarización de 70 niños y niñas que, por las reubicaciones, dejaron de estudiar en 2022, y aún no hay claridad sobre si podrán acceder al sistema educativo este año. Los líderes de la comunidad piden que sean nombrados etnoeducadores ancestrales indígenas que puedan dictar las clases en lengua propia, para evitar su pérdida.
¿Se podría replicar esta situación?
Para Gerardo Jumi, es urgente que el Gobierno entre a intervenir en situaciones de este tipo, pues no solo pueden replicarse en otras zonas del país, sino también escalar tensiones.
“La lucha de los pueblos étnicos por la tierra es permanente, y la ANT tiene una cantidad muy alta de solicitudes que se espera sean resueltas con agilidad. El gobierno de Gustavo Petro debe tener muy en mente las planeación de las necesidades de los pueblos indígenas, porque de lo contrario se pueden despertar conflictos sociales. El gobierno debe anticiparse a eso y dar soluciones”, sentencia el consejero de la Onic.
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De hecho, Colombia+20 conoció que al menos tres líderes de la comunidad Karabidrua han recibido amenazas en medio de su proceso de reclamación de tierras.
Piden atención de la Unidad para las Víctimas
“En nuestra lengua, Karabidrua significa Tierra de Dios. Karabi es el dios de los embera, y drua es la tierra. Denominamos así a la comunidad porque nuestro dios Karabi va a sacar adelante a esta población que tanto ha sufrido”, explica el líder Lisando Nacavera, y asegura que la mayoría de los miembros de la comunidad son reconocidos como víctimas por el Estado, tras haber sobrevivido al paso de más de cinco grupos armados por su territorio.
Nacavera señala, sin embargo, que pese a las necesidades que este grupo de indígenas pasa en la invasión en Balboa, no recibe apoyo de la Unidad de Víctimas.
Colombia+20 conoció que en las bases de datos de la entidad no se encuentran registros de ningún proceso de acompañamiento a esta comunidad, lo que obedecería a que ni la ANT ni los entes territoriales ni las autoridades indígenas han informado la situación.
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“Nosotros le hacemos un llamado a la Unidad de Víctimas para que venga a nuestro territorio. Desde el 2017 no tenemos contacto, no se nos han hecho visitas ni caracterizaciones, ninguna entidad nos ha ayudado”, señala el líder de Karabidrua.
Para la comunidad, la falta de atención del Estado, que ya no saben cómo combatir, no solo deriva en una revictimización, sino que pone en riesgo su pervivencia.
