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Las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo serán históricas e inéditas para la reivindicación de los derechos de las víctimas que dejó el conflicto armado. El Acto Legislativo 02 de 2021, creador de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se convirtió en la primera enmienda constitucional que les dio entrada directa al ruedo político a representaciones históricamente silenciadas de las zonas en las que la guerra golpeó más fuerte.
Pero, como efecto de los diferentes tipos de violencia en las regiones, la antesala a este encuentro en las urnas plantea un panorama turbio que compromete la seguridad de muchos de estos candidatos. Al menos así lo muestran los números del Mecanismo Unificado de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz (SIVJRNR) y de la Misión de Observación Electoral (MOE). que les siguen la pista a estas situaciones humanitarias.
Las zonas priorizadas por el Acuerdo de Paz están siendo gravemente afectadas por violaciones a derechos humanos, individuales y colectivos, lo que dificulta el desarrollo de las actividades de política electoral a cargo de los candidatos a las curules de paz.
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Un ejemplo concreto de este flagelo lo detalló el pasado 17 de febrero la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al exponer que uno de cada tres colectivos de víctimas acreditados en los macrocasos 02, 04 y 05 de la JEP han registrado en el último año, por lo menos, una grave violación a los derechos humanos de alguno de sus líderes.
Es decir, que ciudadanos en el Pacífico nariñense, Urabá y las zonas colindantes entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca —subregiones adscritas a esos tres macrocasos territoriales— manifiestan una percepción de miedo constante por lo que les pueda suceder a quienes aspiran a representarlos en esas curules de paz.
Además: Ningún candidato a las curules de paz ha recibido anticipos para hacer campaña
El panorama global de las 16 circunscripciones muestra, al menos, 347 afectaciones con acciones conexas al conflicto armado hacia las poblaciones de estos municipios, en 43 de los cuales el riesgo electoral es extremadamente alto para los candidatos.
“En regiones como la nuestra, los violentos ven a los líderes políticos locales como un objetivo militar constante porque son la figura más cercana para detenerlos. A sabiendas de eso, el Estado no les da garantías económicas ni de seguridad para que ejerzan sus funciones con calma y sin la sensación de que se están jugando el pellejo cada vez que salen a la calle”, le dijo a este diario Aníbal Vega, vocero del Consejo Comunitario de La Toma, en Suárez (norte del Cauca).
Circunscripciones de Paz, con mayor riesgo de seguridad
La UIA analiza, agrupa y divulga los datos que tiene el Mecanismo Unificado de Monitoreo. Por medio de esta herramienta, entre otras cosas, se cruzan datos de medios de comunicación, de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y de autoridades del ámbito nacional y local, que dan cuenta en tiempo real de las afectaciones que pueden sufrir las personas involucradas en el Sistema Integral para la Paz, bien sean comparecientes de la JEP o víctimas, población en la que se ubican también los candidatos a estas curules.
Las cifras oficiales de ese Mecanismo Unificado de Monitoreo están asociadas a diferentes variables de afectaciones contra líderes políticos regionales, así como a hechos de violencia armada que pueden estar relacionados con escenarios de conflicto en los municipios donde hay aspirantes a las curules de paz.
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Colombia+20 analizó esos datos que muestran que respecto a años anteriores del posconflicto —2018-2021— durante los dos meses que lleva el 2022, delitos como los homicidios selectivos y las amenazas específicamente en contra de representantes políticos muestran una tendencia al alza en tres Circunscripciones de Paz: Catatumbo, Arauca y la frontera nariñense. Esas mismas subregiones junto con el Bajo Cauca —nordeste antioqueño— son a su vez las que más registran hechos victimizantes contra la población en general. Allí prevalecen las amenazas, los hostigamientos, atentados y secuestros.
La lista de Circunscripciones de Paz con mayores riesgos para sus habitantes la encabeza la frontera nariñense, donde se han registrado cerca de 168 hechos violentos asociados a dinámicas de conflicto. Le sigue Arauca, con 84 actos de este tipo, luego Bajo Cauca —nordeste antioqueño—, donde se presentaron 57, y Catatumbo (siguiente visualización), con cuarenta acciones. Estas son aproximaciones, teniendo en cuenta hechos que siguen en investigación o son perpetrados por desconocidos.
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En cuanto a los municipios, Saravena (Arauca), El Tarra (Norte de Santander), Tumaco y El Charco (Nariño) son los que concentran mayores índices de violencia armada y con incidencia en espacios electorales, a tres semanas de los comicios en los que también se votarán las consultas interpartidistas y se elegirán a senadores y representantes a la Cámara. Los cuatro municipios suman más de cincuenta afectaciones, principalmente homicidios y hostigamientos. Esta cifra supera el total de hechos de violencia en por lo menos cuatro circunscripciones como Chocó, Montes de María, Pacífico medio y sur de Córdoba.
Mayra Alejandra Gaona, candidata a una curul de paz por la vereda de Las Mercedes, zona rural de El Tarra, es una de las aspirantes que ha sufrido hechos violentos. El pasado 15 de febrero fue abordada por personas armadas en una vía que conecta a su municipio con Tibú, quienes la bajaron de su vehículo y se lo robaron.
“Antes de eso recibí amenazas de muerte. Lo propio pasó con más candidatos y lo que nos consterna es que nadie desde Bogotá sale a defendernos con medidas reales. Si no nos buscan inhabilitar, los armados hacen lo suyo para no permitir que participemos con tranquilidad. Están afectando mi campaña… nuestras campañas y siempre es la violencia en nuestra contra la que nos hace vivir así en el territorio: sin certezas de lo que vaya a pasar”, explicó Gaona. La candidata, además de estar a la espera de las investigaciones que den con el paradero de su camioneta, se encuentra en medio de un estudio a cargo del Consejo Nacional Electoral, que está definiendo si ella puede o no participar en las próximas elecciones. La entidad está investigando una supuesta doble militancia en 2011, cuando aspiraba a la Alcaldía de San Calixto.
Crisis desenfrenada en la frontera nariñense
En 2021, la subregión de la frontera nariñense, donde se ubican los municipios de Tumaco, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara, vivió su peor crisis humanitaria y de seguridad en el último lustro. De acuerdo con el Mecanismo Unificado de Monitoreo, las afectaciones de violencia armada contra su población ascendieron a los 560 casos. En estos primeros dos meses de 2022 la cifra asciende a 168, con homicidios selectivos (48), secuestros (diez), hostigamientos (once), confinamientos (ocho) y desapariciones forzadas (siete) a la orden del día.
Vea: El mapa de riesgo para curules de paz: 58% de municipios en peligro, dice la MOE
Los datos contrastan con los de otras circunscripciones como Sierra Nevada del Perijá, sur de Bolívar, sur de Tolima, sur de Córdoba, Macarena —Guaviare o cuenca del Caguán—, en donde los índices de seguridad parecen un poco más alentadores: todas esas zonas no suman más de diez afectaciones, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo. Los candidatos a las curules de paz en la frontera nariñense han expresado temor sobre sus vidas y las garantías democráticas y electorales se vean en la cuerda floja por estas situaciones.
Situación de seguridad en la frontera nariñense:
“Hace un mes, personas de distintas entidades de control y defensa ciudadana vinieron al territorio para decirnos que nuestras vidas estaban en peligro. Nos mostraron un mapa que exponía que en las regiones en las que nos movíamos los candidatos a una curul de paz se habían perpetrado más de 1.200 amenazas en el último año. El miedo siempre está e imagínese cómo será acá, donde la figura del cacique político tradicional prevalece y nos ven como una piedra en el zapato. Desde las mismas instituciones oficiales nos quieren hacer daño; esperemos no nos pase nada nunca, especialmente de aquí al 13 de marzo”, le dijo a Colombia+20 un candidato a curul de paz desde El Charco, quien por protección pidió la reserva de su identidad.
En esa subregión preocupa la comisión de delitos como el desplazamiento forzado (ocho) y los confinamientos (ocho), pues en lo poco que lleva el 2022 estos números ya se asemejan o superan los registros de los últimos cuatro años. En el caso de los confinamientos, la cifra más alta de este delito se había registrado en 2019, con cinco hechos.
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Advertencias que no son nuevas
El Mecanismo Unificado de Monitoreo del SIVJRNR es apenas una forma de medir la violencia que viven los territorios que en el conflicto y el posconflicto han padecido los rigores más fuertes de los grupos armados. De hecho, varios datos de referencia en este instrumento tecnológico fueron tomados de informes de la MOE, organización que el 24 de enero de 2022 advirtió que el 58 % de los municipios con Circunscripciones de Paz presentan algún tipo de riesgo electoral y que en ellos 43 entidades territoriales están sometidas a un riesgo extremo por factores de violencia armada o indicativos de fraude electoral.
Aquí la situación en Arauca, una de las circunscripciones con más afectaciones durante 2022:
Cruzando los datos de la MOE con los de la UIA llama particularmente la atención que en las circunscripciones de norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, Chocó y Bajo Cauca hay 19 municipios en riesgo electoral extremo por indicativos de fraude, pero de acuerdo con el Mecanismo Unificado de Monitoreo dicha situación se margina de cuestiones de violencia. Es decir, que la violencia armada no necesariamente es el primer factor de riesgo para afectar las elecciones a curules de paz en algunos municipios, aunque ese factor está presente en todas las circunscripciones.
De hecho, y según las advertencias de la MOE, hay once municipios en los que las entidades de control han puesto mayor cuidado, pues son las que numéricamente reflejan mayores riesgos extremos de fraude electoral. Estos sitios son: Amalfi, Anorí y Segovia, en Antioquia (circunscripción de Bajo Cauca); Cartagena del Chairá, en Caquetá (circunscripción de cuenca del Caguán-piedemonte caqueteño) y Córdoba, El Guamo, Zambrano, Colosó, Los Palmitos, Morroa y Tolú Viejo, en la circunscripción de Montes de María.
Yenni Chilatra aspira a una curul de paz en Cartagena del Chairá. Lleva años esperando medidas de reparación individual como víctima del conflicto armado y, desde hace un tiempo, vio en la política electoral un camino para encontrar reivindicación de sus derechos. Aún así señala que en Caquetá no es fácil hablar de estos temas, pues quedan muchas rencillas de actores armados que no quieren que todas las personas participen por cargos públicos y mucho menos en el Congreso.
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“Estamos ante estas elecciones porque amamos nuestra tierra y queremos cambiar el orden de las cosas aquí. Lo malo es que el fraude se ha normalizado y denunciar cosas de ese tipo significa ponerse una cruz encima. Si no hay violentos, hay tramposos, y pues competir en esas condiciones siempre ha sido y será algo tortuoso. Esperemos a ver qué pasa el día de las votaciones”, concluyó la candidata.
*Las visualizaciones de datos en este artículo fueron con realización propia, por medio de información de la UIA de la JEP.