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El presidente Gustavo Petro logró un acuerdo con las lideresas y los líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Mariana Páez para que las cerca de 200 familias de excombatientes permanezcan en el lugar por al menos tres meses más, mientras el gobierno adquiere un predio en el que se puedan establecer de manera definitiva.
Con este acuerdo, el presidente Petro y sus funcionarios lograron conjurar de manera transitoria la crisis ocasionada por las amenazas que recibieron los firmantes de paz por parte de las disidencias que se denominan Estado Mayor Central de las FARC EP. Este grupo les había dado 30 días, a partir del 14 de marzo, para desplazarse a otro lugar.
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Los excombatientes anunciaron que se quedaban, mientras el gobierno adquirió tres compromisos. El primero es gestionar, en menos de tres meses, la compra del predios donde las familias se podrán instalarán definitivamente. El segundo es mantener la presencia del campamento humanitario -compuesto por funcionarios de la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA- hasta el traslado definitivo. El tercero es garantizar la salida inmediata de esta comunidad si llega a ocurrir un rompimiento de las negociaciones entre el gobierno y el grupo de disidentes del Estado Mayor Central de las FARC.
En la reunión, Petro estuvo acompañado por el senador Iván Cepeda; el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Cuartas; el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda; de la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller; y del director de la Agencia de Renovación del Territorio Raúl Delgado.
También estuvieron los representantes del Partido Comunes, Rodrigo Londoño y Pastor Alape y como garantes de la reunión participaron el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y delegados de los países que han acompañado el proceso de paz.
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El presidente Petro se comprometió también a realizar el lunes una reunión con los funcionarios encargados de cumplir estos compromisos. Para la compra de predios que debe ejecutar la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, se están contemplando terrenos en Alto Rondón, La Gloria y el Diamante, todos en el departamento del Meta.
Antes de la reunión con el presidente, que duró cerca de hora y media, las 15 personas que tomaron la vocería por el grupo de excombatientes habían insistido en un Puesto de Mando Unificado por la Vida, PMUV, que se instaló en la mañana, que se irían de espacio territorial porque consideraban que no había garantías de seguridad para su permanencia allí.
En el PMUV participaron los representantes de los ETCR ubicados en ese departamento, quienes han insistido en que la decisión de que cerca de 200 familias de firmantes de paz abandonen el Mariana Páez, tras una seria amenaza que hizo una estructura de los disidentes que se identifican como miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP, EMC, que mantienen una confrontación con el otro grupo disidente que se autodenomina Segunda Marquetalia.
El director de Derechos Humanos Franklin Castañeda y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda ratificaron en la mañana que “el gobierno está en capacidad de dar todas las garantías integrales para acompañar a los firmantes de paz se queden en el ETCR Mariana Páez o de acompañarlos en otros espacios que ellos decidan”.
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A primera hora del día, un grupo de mujeres excombatientes anunció que la salida de los firmantes de paz y sus familias “es inminente y no tiene reversa”. Yulis Cabana y Tilsia Quintero fueron las voceras del grupo de lideresas que tienen a su cargo varios procesos organizativos dentro del espacio y señalaron que no quieren entorpecer los esfuerzos del gobierno en su política de Paz Total, pero que no hay condiciones de seguridad para quedarse en ese lugar.
Ambas partes ya habían atendido una reunión de emergencia hace dos semanas con los excombatientes de las FARC que viven en esa zona en la que no se logró su permanencia en el territorio. Los firmantes afirman que, aunque coinciden con el Gobierno en que una de las razones para su salida son las inconformidades que vienen presentando por el terreno donde está ubicado el espacio, la amenaza y las pocas garantías a su seguridad aceleró su desplazamiento. Incluso hoy cuando las disidencias al mando de Iván Mordisco desactivaron la amenaza, la marcha sigue en pie.
“La vida de las personas no puede depender de una posibilidad y lo que el Gobierno planteaba era eso, que ellos hablaban con las disidencias del EMC, pero ¿qué pasa si la conversación con ese grupo se rompe en un mes? Los habitantes del ETCR quedarán aún más desprotegidos. La decisión se tomó por esa amenaza latente. Ya hemos perdido muchas vidas en pro de la construcción de la paz”, dijo hace unos días a Colombia+20 Manuela Marín, delegada del Partido Comunes ante la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz, CSIVI, y quien participó en esa reunión de emergencia.
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La visita de Petro se configura, por un lado como una señal de su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz -una de sus promesas de campaña-, y que se había puesto en duda por los firmantes, por el mismo Londoño e incluso por el expresidente Juan Manuel Santos, artífice de ese Acuerdo, y quien le pidió a Petro que los escuchara.
