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El 2 de noviembre de 2021 llegó al despacho de la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) una petición de los campesinos de la hacienda Las Pavas. A través de sus abogados, la organización campesina buscaba indagar por qué la entidad no ha avanzado en la adjudicación de los predios que llevan ocupando desde hace más de dos décadas, aun cuando jurídicamente le han ganado varias batallas a la empresa de palma que les ha disputado la propiedad de esa finca. Sobre una fracción de esa tierra hoy no existe ningún impedimento jurídico para que pase a manos de los campesinos.
La finca Las Pavas es ya un caso emblemático en materia de despojo de tierras en Colombia. Se trata de un globo de 14 predios que suman 3.000 hectáreas de extensión, y que están en el municipio El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar. Aunque la empresa palmicultora Aportes de San Isidro -la parte demandada- se ha referido al caso como “el más increíble fraude procesal encaminado a engañar a la administración de justicia”, las decisiones judiciales han ido probando que se trata de familias campesinas víctimas del desplazamiento de los paramilitares.
Antes de que Las Pavas llegaran a manos de esa empresa de palma, estas le pertenecían a Jesús Emilio Escobar Fernández, hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández. Ante el abandono de los predios por parte del dueño, en 1997, 123 familias del corregimiento de Buenos Aires se asentaron en esas tierras para sembrar sus cultivos de pancoger y luego se juntaron en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab).
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En 2003, como está probado judicialmente, a las familias campesinas las desplazó el bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2005, los labriegos retornaron al predio y acudieron al antiguo Incoder para empezar un proceso de extinción de dominio sobre los terrenos por inexplotación económica de su propietario.
*Mapas de los predios de Las Pavas:
En resoluciones emitidas entre 2012 y 2013, el Incoder decretó extinción de dominio sobre tres predios: Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, que suman 1.300 hectáreas y son el corazón de la finca. Sobre los otros 11, estableció que nunca habían salido realmente del dominio del Estado y que se trataba de baldíos de la nación. Por eso, todos los terrenos podían adjudicarse a campesinos sin tierra.
Una década sin respuesta
Han pasado 10 años desde que el Incoder emitió esas resoluciones, pero desde entonces lo que ha seguido es un pulso entre los campesinos de Asocab -representados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Clínica Jurídica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana- y la empresa Aportes de San Isidro, que en 2007 había suscrito una compraventa por la finca con Escobar Fernández.
Aportes San Isidro interpuso una demanda de revisión ante el Consejo de Estado contra las resoluciones del Incoder. Ese proceso sigue abierto hasta hoy, pero en aras de que los predios no fueran adjudicados a los campesinos, la empresa solicitó ante ese alto tribunal medidas cautelares sobre ellos. El Consejo de Estado, el 24 de enero de 2020, negó la medida cautelar sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere, y el 19 de julio de 2021 reafirmó la decisión.
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Un hito en este caso también lo marcó la Sentencia SU 655 de 2017 de la Corte Constitucional, hasta donde llegó una tutela de la defensa de las víctimas, pues aunque el Incoder aplicó la extinción de dominio a los predios, la empresa palmera seguía figurando como propietaria. En esa sentencia, la Corte le ordenó a la ANT remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Magangué (Bolívar) las resoluciones, y a esa oficina inscribirlas en los folios de matrícula inmobiliaria de esos predios. Ambas órdenes fueron cumplidas.
El Consejo de Estado también llamó la atención a la ANT y resaltó que puede disponer de los predios según corresponda, porque el hecho de que la demanda de revisión de Aportes San Isidro esté en proceso en ese alto tribunal, no frena que esa tierra deba ser adjudicada a los campesinos. En el auto de enero de 2020 en que le negó la medida cautelar a Aportes San Isidro, el Consejo de Estado exhortó a la ANT “para que en ejecución de su competencia de administradora de terrenos baldíos, adopte las medidas pertinentes para mantener el orden y convivencia en los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere”.
Los integrantes de Asocab están aferrados a que esa decisión se tome. “Reconocemos todos los fallos que ha habido en defensa del derecho, que nos favorecen a nosotros hasta hoy. Nosotros no dependemos sino de la tierra. Hemos estado necesitados de ello y es lo que queremos que se entienda. Que hagan un esfuerzo y esto sea resuelto. Las personas mayores no nos vamos a ver beneficiadas puesto que algunos de nosotros ya se han ido, no han visto el logro que hemos alcanzado entre este conjunto de campesinos. Lo que está en juego aquí es la vida de campesinos que necesitamos la tierra”, sostiene Misael Payares, líder de la comunidad de Las Pavas.
Sí hubo desplazamiento
En medio del litigio jurídico, otra batalla se ha librado sobre el terreno: personal relacionado con el departamento de seguridad de la empresa ha hostigado a los labriegos, que también han respondido a los ataques. Se han registrado quemas de viviendas, destrucción de cultivos, tumba de cercas y amenazas.
Paralelamente, en dos fallos emitidos en febrero pasado, algunos de los principales responsables del desplazamiento de la comunidad en 2003 fueron condenados en segunda instancia. Así quedó probado que el desplazamiento forzado sí existió y que Las Pavas era un predio de interés estratégico para los paramilitares, lo que dejaba sin piso la versión de la palmera que sostenía que se trataba de falsas víctimas.
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Se trata de la sentencia del 9 de febrero de 2022 del Tribunal Superior de Cartagena, que condenó en segunda instancia a Gustavo de Jesús Sierra, lugarteniente de Jesús Emilio Escobar, y a Mario Mármol, paramilitar de la zona que estuvo vinculado al departamento de seguridad de Aportes San Isidro. Y la del 14 de febrero, que condenó a Walter Emiro Bertel, conocido como Sahagún, integrante del grupo paramilitar.
“El caudal probatorio que traen esas sentencias apoya la tesis central de esto, de que Jesús Emilio Escobar sí había abandonado el predio y que la finca estaba inexplotada”, explica el abogado Juan Felipe García, de la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio. Para él, esas recientes decisiones deberían verse reflejadas en el proceso que cursa en el Consejo de Estado, en el que Aportes San Isidro aún trata de probar que la extinción de dominio que hizo el Incoder fue ilegal.
En el auto de enero de 2020 en que le negó la medida cautelar a Aportes San Isidro, el Consejo de Estado exhortó a la ANT “para que, en ejecución de su competencia de administradora de terrenos baldíos, adopte las medidas pertinentes para mantener el orden y convivencia en los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere”.
En respuesta a Colombia+20, Juan Manuel Noguera Martínez, director de Acceso a Tierras de la ANT, sostuvo que el proceso de adjudicación se encuentra actualmente en fase preliminar. Según la entidad, la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación realizó visita de caracterización agronómica y social a los predios en junio de 2019 y en agosto de 2021, que arrojó como resultado un informe técnico de verificación de coberturas.
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Según la respuesta remitida, esa subdirección “ha adelantado distintas labores propias del ejercicio de administración de los predios; así durante 2021 y lo corrido de 2022 se han llevado a cabo labores como: instalación de vallas y actos de señorío, visitas técnicas a los predios para la caracterización socioeconómica e identificación de porciones que cuentan con condiciones de inadjudicabilidad del terreno y elaboración de informes técnicos”.
En este punto, explicó la entidad, hacen falta cinco pasos para que la adjudicación se materialice. Debe darse el diligenciamiento del Formulario de Sujetos de Ordenamiento de todos los ocupantes; una visita agronómica para definir la Unidad Agrícola Familiar que se empleará; la parcelación o los levantamientos topográficos individuales; la expedición de los actos administrativos definitivos en los que se define si hay o no lugar a la adjudicación y, finalmente, la notificación de esos actos administrativos.
