¿Agentes del CTI asedian a una lideresa social de Buenaventura?

Danelly Estupiñán, lideresa social de Buenaventura (Valle del Cauca) y promotora del paro cívico que se desarrolló en esa ciudad en el 2017, denunció seguimientos en su contra y terminó denunciada por injuria y calumnia. Durante todo el 2019 se ha sentido vigilada. Ha dejado constancia, por medio de fotografías y videos, de la presencia de diferentes hombres en varios lugares que le hacen registros fotográficos y de video. El último hecho se dio el martes pasado, cuando un taxi se estacionó al frente de su casa durante unos 15 minutos sin que nadie se subiera o bajara del vehículo. “Esos seguimientos pueden materializarse en un falso positivo judicial o en un asesinato”, advirtió Estupiñán. Su situación de riesgo es tal que ayer Amnistía Internacional emitió una acción urgente y señaló que la Fiscalía no actuó con rapidez, lo cual devino en la persistencia de los seguimientos. El documento, dirigido al fiscal general, Fabio Espitia, le pide “coordinar con las autoridades pertinentes para asegurar un ambiente apto para que ella continúe con su valiente trabajo por los derechos humanos”.

La lideresa puso en conocimiento de la Fiscalía los seguimientos de los que ha sido víctima desde el 8 de enero. En febrero se entrevistó con Katherine Giraldo, una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la seccional Buga (Valle del Cauca), y luego le hizo llegar las pruebas por medio de un correo electrónico que envió el 1º de marzo. Estupiñán esperaba que dieran con los responsables. Sin embargo, en abril la citaron para ampliar su denuncia, por lo que conversó con el agente del CTI José Luis Ávila, quien, según cuenta la lideresa, le dijo que las pruebas que había entregado no estaban en el sistema. Por eso, ella volvió a enviar los archivos. “No es cierto que se haya perdido información. Todos los elementos probatorios que ella ha entregado reposan en las investigaciones”, se defendió la Fiscalía, consultada por Colombia 2020.

Estupiñán no ha obtenido respuestas sobre su caso. Los hechos que ha denunciado se sumaron a una investigación de contexto que está adelantando la Fiscalía por violaciones a los derechos humanos presentadas con posterioridad al paro cívico que se adelantó en esa ciudad, durante 22 días, en el 2017, como un reclamo por la falta de garantía de derechos en medio de la cual viven los bonaverenses. Los líderes le han pedido a la entidad que agrupe las denuncias en una sola investigación, para establecer si hay un patrón común en las agresiones contra los promotores del movimiento. “Hay una dispersión entre las investigaciones que ha disgregado esfuerzos y puede terminar generando impunidad”, se queja Alberto Bejarano, abogado de la lideresa. Dice que conocen tres investigaciones: una que adelanta la seccional Buenaventura, otra del orden nacional de Fiscalía y la de contexto.

La Fiscalía aseguró que existen tres investigaciones por los hechos que Estupiñán ha denunciado. Una abierta en el 2015, que “es una macroinvestigación por amenazas contra los promotores del paro cívico”. Las otras dos corresponden a los seguimientos de 2019. La entidad le dijo a este diario que los tres casos están en indagación y “hay órdenes de Policía judicial”. No especificaron cuáles, pero explicaron que pueden ser entrevistas, interrogatorios, órdenes de captura, entre otras acciones judiciales.

Pero los problemas con la Fiscalía no acaban ahí. Estupiñán y Bejarano sospechan que la entidad rompió la cadena de custodia sobre las pruebas que entregaron. Hicieron esa inferencia luego de que a ella le llegara una citación para una conciliación, porque estaba denunciada por injuria y calumnia. Desconcertados, interpusieron un derecho de petición pidiendo las identidades de los denunciantes. Recibieron respuesta el 25 de junio. El documento, firmado por Janeth Milena Urrego Gracia, fiscal 21 local (de Buenaventura) de delitos querellables y con membrete de la Fiscalía, reza: “le informo que los señores Francisco Martínez y Rafael Tabares presentaron la mencionada denuncia manifestando ser investigadores del CTI, mas no se ha allegado a la carpeta documento que los acredite como tal(es)”.

Bejarano y Estupiñán también preguntaron los motivos de la denuncia. En la respuesta al derecho de petición, la fiscal Urrego señala: “Francisco Martínez y Rafael Tabares manifiestan que la señora Danelly Estupiñán ha realizado manifestaciones públicas donde señala que miembros del CTI, entre ellos los denunciantes, han realizado seguimientos y vigilancias en contra de ella por su ejercicio como líder, responsabilizándolos de cualquier situación de riesgo en contra de su vida, por lo cual solicitan la rectificación y el rescate de su buen nombre, pues niegan cualquier actividad en ese sentido”.

Esas acusaciones son desmentidas por Estupiñán y su abogado. “No he hecho declaraciones públicas con sus nombres, porque no los conozco. Tampoco he develado sus fotografías ni he hecho ninguna manifestación señalando que ellos, con nombre y apellido, son quienes me están siguiendo”, asegura.

Creen que los denunciantes se identificaron en alguna foto o video de los que Estupiñán entregó como pruebas, por eso cuestionan el manejo de la cadena de custodia por parte de la Fiscalía. “Aparte de los investigadores del CTI que han recibido mi caso, nadie más puede tener esas pruebas. La cadena de custodia se ha roto y yo no tengo ninguna garantía, porque incluso antes de que mi denuncia prospere estoy demandada por unas personas que ni siquiera conozco”, dice ella. “La única manera de que alguien se pueda identificar es que tenga acceso al material que se entregó a la Fiscalía”, especifica él.

Este medio encontró un perfil en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), según el cual Francisco Javier Martínez Ardila, uno de los denunciantes, obra como funcionario de la Fiscalía General de la Nación y es oriundo de Cali. Además, en su trayectoria profesional figura que fue “detective investigador experto” del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 11 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2011. Sobre el otro denunciante, Rafael Tabares, no fue posible encontrar información debido a que el número de cédula que proporcionó la Fiscalía en la respuesta del derecho de petición pertenece a otra persona. El ente investigativo se negó a confirmar si Tabares y Martínez son funcionarios del CTI, arguyendo motivos de seguridad.

“En todo momento se ha respetado la cadena de custodia”, replicó la Fiscalía. En cuanto a la posibilidad de que alguien externo a la investigación haya visto las pruebas, dijeron que “no hay manera, porque eso lleva un registro y el fiscal confirma que no se ha roto la cadena de custodia”. Respondieron que los encargados de mantener la información segura son los integrantes de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana que tienen asignadas las investigaciones y los funcionarios que recolectan información sobre el caso.

A Estupiñán y su abogado les preocupa que los demandantes sean agentes del CTI. Si ellos se identificaron en las fotos que presentó la lideresa a la Fiscalía, eso querría decir que algunas personas señaladas de perseguirla serían agentes de esa entidad. Además, la Fiscalía le confirmó a este diario que el único proceso legal contra Estupiñán es el de injuria y calumnia. “Esos seguimientos son ilegales”, enfatizó Bejarano.

El asedio

Estupiñán se ha percatado en varias ocasiones de movimientos extraños alrededor de su casa. Denunció que el 17 de mayo de 2019, a las ocho de la noche, un taxi con vidrios polarizados (medianamente comunes en Buenaventura, por el clima) se estacionó cerca a su vivienda. Tras averiguar con sus vecinos si alguien había pedido un servicio y comprobar que nadie lo había hecho, llamó a la Policía. Eran las 9 p.m. Según el relato, unos diez minutos después llegaron dos uniformados en moto, se acercaron a la ventana del conductor, quien les hizo un ademán de que miraran hacia atrás y tras ver al pasajero que iba en la silla trasera se retiraron. “Fue un mal procedimiento de la Policía frente a un carro sospechoso: no lo requisaron, no les pidieron papeles a las personas que estaban dentro del vehículo y simplemente se fueron. Mi hipótesis es que el policía conoce a la persona que está dentro del vehículo”, denuncia la lideresa. Además, luego de que los agentes se fueron del lugar el taxi también arrancó con destino desconocido.

La lideresa tiene identificado cómo la siguen en carros: “El patrón es que los vehículos se ubican en una esquina cercana a mi vivienda, siempre con vidrios cerrados, no se baja ni se sube nadie. Después de pasar un tiempo se retiran del lugar”.

Los actos de vigilancia no se han limitado al casco urbano de Buenaventura. Entre las denuncias hay un episodio que ocurrió en la vía Cali-Buenaventura. El 25 de mayo la lideresa entró a un restaurante llamado La Fonda Paisa, a desayunar. Luego de estar un tiempo en el establecimiento entró al baño y cuando salió se percató de que había dos hombres al frente de la mesa donde se encontraba su hija, de 14 años, que empezaron a grabarla. Ella los fotografió.

“Lo que más me preocupa hoy es la seguridad de mi hija”, dice Estupiñán. Cuenta que el jueves 23 de mayo dos hombres llegaron hasta donde la adolescente, en un ensayo de danza, preguntaron cada cuánto eran las sesiones y le hicieron registros fotográficos y de video. “Estoy desvirtuando la hipótesis de un falso positivo judicial porque están siguiendo las rutinas de mi hija. Si esa fuera la intención me seguirían solamente a mí, para qué a mi hija. A ella no le van a montar un falso positivo judicial. Eso me acerca más a la hipótesis de un posible asesinato”, enfatizó la lideresa.

También ha denunciado amenazas a su seguridad electrónica. Muchas veces escucha interferencias durante sus llamadas telefónicas y otras señales de que ella no es la única que controla su celular. Afirma que en varias ocasiones han intentado hackear su correo electrónico. Tiene pantallazos de las notificaciones que le llegan de intentos de acceso a su cuenta desde Santander de Quilichao (Cauca) y Cali.

Colombia 2020 conoció dos mensajes de correo electrónico en los que los miembros del esquema de seguridad de Estupiñán dan cuenta de acciones de seguimiento. Un hecho se registró el 17 de mayo y otro el 25 de junio. Nos comunicamos con la Unidad Nacional de Protección y preguntamos, vía cuestionario escrito, si había más reportes, pero respondieron que esta información tiene “carácter reservado”. También pedimos que nos dijeran si la entidad trasladó los reportes a la Fiscalía. Sin embargo, la respuesta no dejó claro si lo hicieron y tampoco nos dieron la oportunidad de contrapreguntar. “Cuando se presentan aparentes situaciones irregulares relacionadas con hombres de protección, la UNP examina el caso internamente y si la situación lo amerita se reporta a las autoridades competentes”, dijeron.

“Estoy muy agotada emocionalmente”, asegura Estupiñán. Dice que no puede salir a la calle porque los seguimientos no han parado. Todos los días se levanta con el miedo a sufrir un atentado.

La defensa del territorio

Danelly Estupiñán lleva más de 23 años defendiendo el derecho de las comunidades de Buenaventura a habitar sus territorios. Su liderazgo le ha costado amenazas desde el 2015, luego de participar en tres investigaciones sobre los impactos de la expansión portuaria sobre los bonaverenses. Hizo parte del equipo que elaboró el informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica; colaboró en la construcción del documento Asedio a las comunidades: los impactos de la empresa catalana Grup TCB en Buenaventura, Colombia, y fue la investigadora principal de Más puertos; menos comunidad.

Ese último informe recoge el tema sobre el que más ha trabajado. Se trata de las denuncias de afectaciones a la vida de las comunidades que habitan los barrios La Inmaculada y Santa Fe, en la comuna 5 de Buenaventura, como consecuencia de las operaciones del puerto TC Buen. En el documento se expone el caso de una vivienda que se empezó a resquebrajar después de que entrara en funcionamiento la empresa. Los dueños de la casa tuvieron que abandonarla y ahora están pagando arriendo en Cali. Asimismo hay quejas de los vecinos por los ruidos que producen los contenedores al ser manipulados. El lanzamiento del documento se hizo el 15 de noviembre del 2015 y el 23 de ese mismo mes recibió un mensaje de texto que decía: “Danelly, ha llegado tu fin”.

La lideresa también hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la coordinación de la mesa de derechos humanos, veedurías y garantías de protección del paro cívico. Desde ese espacio ha acompañado el proceso de denuncia de presuntos excesos de fuerza de la Policía en el marco de esa movilización social. Según el Comité del Paro Cívico, 36 manifestantes resultaron heridos con armas de fuego en medio de la reacción policial a la protesta.

A Estupiñán la preocupa tener que dejar de lado las comunidades por preocuparse de su seguridad personal. La angustia que sus denuncias no han logrado frenar los seguimientos, que ya completan siete meses. “Podríamos estar en la antesala de una muerte anunciada”, alerta el abogado Alberto Bejarano. Todas las alarmas están dadas.

Danelly Estupiñán, lideresa social de Buenaventura (Valle del Cauca) y promotora del paro cívico que se desarrolló en esa ciudad en el 2017, denunció seguimientos en su contra y terminó denunciada por injuria y calumnia. Durante todo el 2019 se ha sentido vigilada. Ha dejado constancia, por medio de fotografías y videos, de la presencia de diferentes hombres en varios lugares que le hacen registros fotográficos y de video. El último hecho se dio el martes pasado, cuando un taxi se estacionó al frente de su casa durante unos 15 minutos sin que nadie se subiera o bajara del vehículo. “Esos seguimientos pueden materializarse en un falso positivo judicial o en un asesinato”, advirtió Estupiñán. Su situación de riesgo es tal que ayer Amnistía Internacional emitió una acción urgente y señaló que la Fiscalía no actuó con rapidez, lo cual devino en la persistencia de los seguimientos. El documento, dirigido al fiscal general, Fabio Espitia, le pide “coordinar con las autoridades pertinentes para asegurar un ambiente apto para que ella continúe con su valiente trabajo por los derechos humanos”.

La lideresa puso en conocimiento de la Fiscalía los seguimientos de los que ha sido víctima desde el 8 de enero. En febrero se entrevistó con Katherine Giraldo, una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la seccional Buga (Valle del Cauca), y luego le hizo llegar las pruebas por medio de un correo electrónico que envió el 1º de marzo. Estupiñán esperaba que dieran con los responsables. Sin embargo, en abril la citaron para ampliar su denuncia, por lo que conversó con el agente del CTI José Luis Ávila, quien, según cuenta la lideresa, le dijo que las pruebas que había entregado no estaban en el sistema. Por eso, ella volvió a enviar los archivos. “No es cierto que se haya perdido información. Todos los elementos probatorios que ella ha entregado reposan en las investigaciones”, se defendió la Fiscalía, consultada por Colombia 2020.

Estupiñán no ha obtenido respuestas sobre su caso. Los hechos que ha denunciado se sumaron a una investigación de contexto que está adelantando la Fiscalía por violaciones a los derechos humanos presentadas con posterioridad al paro cívico que se adelantó en esa ciudad, durante 22 días, en el 2017, como un reclamo por la falta de garantía de derechos en medio de la cual viven los bonaverenses. Los líderes le han pedido a la entidad que agrupe las denuncias en una sola investigación, para establecer si hay un patrón común en las agresiones contra los promotores del movimiento. “Hay una dispersión entre las investigaciones que ha disgregado esfuerzos y puede terminar generando impunidad”, se queja Alberto Bejarano, abogado de la lideresa. Dice que conocen tres investigaciones: una que adelanta la seccional Buenaventura, otra del orden nacional de Fiscalía y la de contexto.

La Fiscalía aseguró que existen tres investigaciones por los hechos que Estupiñán ha denunciado. Una abierta en el 2015, que “es una macroinvestigación por amenazas contra los promotores del paro cívico”. Las otras dos corresponden a los seguimientos de 2019. La entidad le dijo a este diario que los tres casos están en indagación y “hay órdenes de Policía judicial”. No especificaron cuáles, pero explicaron que pueden ser entrevistas, interrogatorios, órdenes de captura, entre otras acciones judiciales.

Pero los problemas con la Fiscalía no acaban ahí. Estupiñán y Bejarano sospechan que la entidad rompió la cadena de custodia sobre las pruebas que entregaron. Hicieron esa inferencia luego de que a ella le llegara una citación para una conciliación, porque estaba denunciada por injuria y calumnia. Desconcertados, interpusieron un derecho de petición pidiendo las identidades de los denunciantes. Recibieron respuesta el 25 de junio. El documento, firmado por Janeth Milena Urrego Gracia, fiscal 21 local (de Buenaventura) de delitos querellables y con membrete de la Fiscalía, reza: “le informo que los señores Francisco Martínez y Rafael Tabares presentaron la mencionada denuncia manifestando ser investigadores del CTI, mas no se ha allegado a la carpeta documento que los acredite como tal(es)”.

Bejarano y Estupiñán también preguntaron los motivos de la denuncia. En la respuesta al derecho de petición, la fiscal Urrego señala: “Francisco Martínez y Rafael Tabares manifiestan que la señora Danelly Estupiñán ha realizado manifestaciones públicas donde señala que miembros del CTI, entre ellos los denunciantes, han realizado seguimientos y vigilancias en contra de ella por su ejercicio como líder, responsabilizándolos de cualquier situación de riesgo en contra de su vida, por lo cual solicitan la rectificación y el rescate de su buen nombre, pues niegan cualquier actividad en ese sentido”.

Esas acusaciones son desmentidas por Estupiñán y su abogado. “No he hecho declaraciones públicas con sus nombres, porque no los conozco. Tampoco he develado sus fotografías ni he hecho ninguna manifestación señalando que ellos, con nombre y apellido, son quienes me están siguiendo”, asegura.

Creen que los denunciantes se identificaron en alguna foto o video de los que Estupiñán entregó como pruebas, por eso cuestionan el manejo de la cadena de custodia por parte de la Fiscalía. “Aparte de los investigadores del CTI que han recibido mi caso, nadie más puede tener esas pruebas. La cadena de custodia se ha roto y yo no tengo ninguna garantía, porque incluso antes de que mi denuncia prospere estoy demandada por unas personas que ni siquiera conozco”, dice ella. “La única manera de que alguien se pueda identificar es que tenga acceso al material que se entregó a la Fiscalía”, especifica él.

Este medio encontró un perfil en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), según el cual Francisco Javier Martínez Ardila, uno de los denunciantes, obra como funcionario de la Fiscalía General de la Nación y es oriundo de Cali. Además, en su trayectoria profesional figura que fue “detective investigador experto” del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 11 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2011. Sobre el otro denunciante, Rafael Tabares, no fue posible encontrar información debido a que el número de cédula que proporcionó la Fiscalía en la respuesta del derecho de petición pertenece a otra persona. El ente investigativo se negó a confirmar si Tabares y Martínez son funcionarios del CTI, arguyendo motivos de seguridad.

“En todo momento se ha respetado la cadena de custodia”, replicó la Fiscalía. En cuanto a la posibilidad de que alguien externo a la investigación haya visto las pruebas, dijeron que “no hay manera, porque eso lleva un registro y el fiscal confirma que no se ha roto la cadena de custodia”. Respondieron que los encargados de mantener la información segura son los integrantes de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana que tienen asignadas las investigaciones y los funcionarios que recolectan información sobre el caso.

A Estupiñán y su abogado les preocupa que los demandantes sean agentes del CTI. Si ellos se identificaron en las fotos que presentó la lideresa a la Fiscalía, eso querría decir que algunas personas señaladas de perseguirla serían agentes de esa entidad. Además, la Fiscalía le confirmó a este diario que el único proceso legal contra Estupiñán es el de injuria y calumnia. “Esos seguimientos son ilegales”, enfatizó Bejarano.

El asedio

Estupiñán se ha percatado en varias ocasiones de movimientos extraños alrededor de su casa. Denunció que el 17 de mayo de 2019, a las ocho de la noche, un taxi con vidrios polarizados (medianamente comunes en Buenaventura, por el clima) se estacionó cerca a su vivienda. Tras averiguar con sus vecinos si alguien había pedido un servicio y comprobar que nadie lo había hecho, llamó a la Policía. Eran las 9 p.m. Según el relato, unos diez minutos después llegaron dos uniformados en moto, se acercaron a la ventana del conductor, quien les hizo un ademán de que miraran hacia atrás y tras ver al pasajero que iba en la silla trasera se retiraron. “Fue un mal procedimiento de la Policía frente a un carro sospechoso: no lo requisaron, no les pidieron papeles a las personas que estaban dentro del vehículo y simplemente se fueron. Mi hipótesis es que el policía conoce a la persona que está dentro del vehículo”, denuncia la lideresa. Además, luego de que los agentes se fueron del lugar el taxi también arrancó con destino desconocido.

La lideresa tiene identificado cómo la siguen en carros: “El patrón es que los vehículos se ubican en una esquina cercana a mi vivienda, siempre con vidrios cerrados, no se baja ni se sube nadie. Después de pasar un tiempo se retiran del lugar”.

Los actos de vigilancia no se han limitado al casco urbano de Buenaventura. Entre las denuncias hay un episodio que ocurrió en la vía Cali-Buenaventura. El 25 de mayo la lideresa entró a un restaurante llamado La Fonda Paisa, a desayunar. Luego de estar un tiempo en el establecimiento entró al baño y cuando salió se percató de que había dos hombres al frente de la mesa donde se encontraba su hija, de 14 años, que empezaron a grabarla. Ella los fotografió.

“Lo que más me preocupa hoy es la seguridad de mi hija”, dice Estupiñán. Cuenta que el jueves 23 de mayo dos hombres llegaron hasta donde la adolescente, en un ensayo de danza, preguntaron cada cuánto eran las sesiones y le hicieron registros fotográficos y de video. “Estoy desvirtuando la hipótesis de un falso positivo judicial porque están siguiendo las rutinas de mi hija. Si esa fuera la intención me seguirían solamente a mí, para qué a mi hija. A ella no le van a montar un falso positivo judicial. Eso me acerca más a la hipótesis de un posible asesinato”, enfatizó la lideresa.

También ha denunciado amenazas a su seguridad electrónica. Muchas veces escucha interferencias durante sus llamadas telefónicas y otras señales de que ella no es la única que controla su celular. Afirma que en varias ocasiones han intentado hackear su correo electrónico. Tiene pantallazos de las notificaciones que le llegan de intentos de acceso a su cuenta desde Santander de Quilichao (Cauca) y Cali.

Colombia 2020 conoció dos mensajes de correo electrónico en los que los miembros del esquema de seguridad de Estupiñán dan cuenta de acciones de seguimiento. Un hecho se registró el 17 de mayo y otro el 25 de junio. Nos comunicamos con la Unidad Nacional de Protección y preguntamos, vía cuestionario escrito, si había más reportes, pero respondieron que esta información tiene “carácter reservado”. También pedimos que nos dijeran si la entidad trasladó los reportes a la Fiscalía. Sin embargo, la respuesta no dejó claro si lo hicieron y tampoco nos dieron la oportunidad de contrapreguntar. “Cuando se presentan aparentes situaciones irregulares relacionadas con hombres de protección, la UNP examina el caso internamente y si la situación lo amerita se reporta a las autoridades competentes”, dijeron.

“Estoy muy agotada emocionalmente”, asegura Estupiñán. Dice que no puede salir a la calle porque los seguimientos no han parado. Todos los días se levanta con el miedo a sufrir un atentado.

La defensa del territorio

Danelly Estupiñán lleva más de 23 años defendiendo el derecho de las comunidades de Buenaventura a habitar sus territorios. Su liderazgo le ha costado amenazas desde el 2015, luego de participar en tres investigaciones sobre los impactos de la expansión portuaria sobre los bonaverenses. Hizo parte del equipo que elaboró el informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica; colaboró en la construcción del documento Asedio a las comunidades: los impactos de la empresa catalana Grup TCB en Buenaventura, Colombia, y fue la investigadora principal de Más puertos; menos comunidad.

Ese último informe recoge el tema sobre el que más ha trabajado. Se trata de las denuncias de afectaciones a la vida de las comunidades que habitan los barrios La Inmaculada y Santa Fe, en la comuna 5 de Buenaventura, como consecuencia de las operaciones del puerto TC Buen. En el documento se expone el caso de una vivienda que se empezó a resquebrajar después de que entrara en funcionamiento la empresa. Los dueños de la casa tuvieron que abandonarla y ahora están pagando arriendo en Cali. Asimismo hay quejas de los vecinos por los ruidos que producen los contenedores al ser manipulados. El lanzamiento del documento se hizo el 15 de noviembre del 2015 y el 23 de ese mismo mes recibió un mensaje de texto que decía: “Danelly, ha llegado tu fin”.

La lideresa también hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la coordinación de la mesa de derechos humanos, veedurías y garantías de protección del paro cívico. Desde ese espacio ha acompañado el proceso de denuncia de presuntos excesos de fuerza de la Policía en el marco de esa movilización social. Según el Comité del Paro Cívico, 36 manifestantes resultaron heridos con armas de fuego en medio de la reacción policial a la protesta.

A Estupiñán la preocupa tener que dejar de lado las comunidades por preocuparse de su seguridad personal. La angustia que sus denuncias no han logrado frenar los seguimientos, que ya completan siete meses. “Podríamos estar en la antesala de una muerte anunciada”, alerta el abogado Alberto Bejarano. Todas las alarmas están dadas.