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Agricultura por contrato, el temor de campesinos del Cesar por nueva forma de despojo
La poca claridad sobre las condiciones y la demora en la construcción de un sistema de riego en la vereda El Toco, en San Diego (Cesar), genera desconfianza en la comunidad. Sus habitantes, en su mayoría víctimas del conflicto armado, temen ser despojados nuevamente bajo la ilusión de una alternativa económica.
Por: Silvia Corredor Rodríguez
Blaidemir Riobor Rosado, Rafael Daniel Cogollo y Miguel Antonio Ricardo Serna son de los primeros habitantes de El Toco y quienes continúan trabajando por encontrar alternativas económicas para sus comunidades y no volver a ser engañados.
A mí no me genera confianza la agricultura por contrato porque he indagado que en otros países se crea un monopolio para manipular la producción, los costos e insumos a su antojo”.
El Toco es una vereda ubicada a 50 kilómetros del casco urbano del municipio de San Diego (Cesar) y fue el lugar escogido por la Gobernación de ese departamento como la zona donde se desarrollará un sistema de riego piloto que irrigará cerca de 400 hectáreas de tierra. Tal como lo denunció la Unidad Investigativa de El Espectador, ese sistema sería parte de un entramado de contratación que enreda a los Gnecco y que fue entregado al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar (CDT Ganadero), que en 2019 se declaró en quiebra.
La Gobernación ha denominado este proyecto como “la revolución agrícola del campo cesarense”. La iniciativa busca un sistema para irrigar varias plantaciones a través de una estructura metálica de 50 metros, conocida como pivote central, que gira como un compás dibujando una circunferencia y cuenta con mangueras que distribuyen el agua. Parte del paquete de herramientas que se necesitan para llevar a cabo esta iniciativa es maquinaria agrícola, mejoramiento de vías, electrificación, capital semilla, tierras, aliados y reservorios de agua. De acuerdo con el proyecto, El Toco tendrá dos reservorios que mantendrán el agua para nutrir ese sistema de riego. La construcción de esas primeras cuatro células agrícolas que se están instalando en El Toco está avaluada en más de $6.700 millones.
Sin embargo, esa “revolución” va lenta. El convenio se ha prorrogado en tres oportunidades, los avances en la instalación del sistema de riego son mínimos y los campesinos denuncian maquinaria varada por varios meses, amenazas contra su vida y tienen temores fundados por la figura bajo la cual se compraría la producción.
El primer miedo es sobre la ejecución. Las actividades iniciaron el 15 de junio del 2021 y se tenía previsto una duración de 6 meses y 15 días. Hasta ahora no se ha logrado.
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El segundo temor es sobre cómo sacar a la compra los productos: una vez estén instaladas las células agrícolas en esta vereda se planea que los campesinos puedan negociar directamente con un aliado comercial la compra de todo lo que se produzca en las 400 hectáreas irrigadas por el sistema. A través de la cooperativa Cooagrotoco, los campesinos beneficiados han tenido un par de encuentros con el aliado comercial. Autoridades y campesinos dicen que suena el nombre de Bavaria, que tiene en marcha la producción de una nueva cerveza a base de yuca agria.
Para formalizar esta alianza entre campesinos y el aliado se utilizará la figura de agricultura por contrato -el tercer miedo de los campesinos-. Este modelo no es nada nuevo en el país, pues desde 2018 el Gobierno Nacional la ha presentado como una alternativa para eliminar intermediarios en la compra de productos agrícolas.
“A mí no me genera confianza la agricultura por contrato, porque he indagado que en otros países se crea un monopolio para manipular la producción, los costos e insumos a su antojo”, explicó a Colombia+20 Blaidemir Riobor Rosado, campesino de la vereda de El Toco y veedor de la cooperativa Cooagrotoco.
Por su parte, Edwin Novoa, investigador en materia de tierras y abogado de la Asociación Ambiente y Sociedad, afirma que este modelo tiene matices y que sí puede significar una garantía para el campesino que dependerá de la claridad sobre los acuerdos y compromisos sobre la producción. “El campesino produce y no hay quién le compre, entonces con la agricultura por contrato tiene asegurada la venta del producto. Aparentemente tendría mayor seguridad jurídica, pero esto es muy relativo porque en el momento en el que se hace un contrato, que puede ser previo a la producción y la cosecha o también posterior a ella, el campesino puede tener alguna vulnerabilidad, por ejemplo en el tema de las vías”, explicó Novoa.
Tierras como garantía
En efecto, el temor principal de los campesinos es que sus tierras se conviertan en garantía de la producción. Si por cuestiones de clima o conectividad por el mal estado de las vías no pueden cumplir con lo pactado, el miedo es ser nuevamente despojados.
“Legalmente es posible dejar la tierra como garantía, pero hay que ver las cláusulas del contrato”, aseveró Novoa, quien también señaló que esto solo puede suceder si las dos partes llegan a este consenso. Hasta el momento ninguna empresa ha firmado contrato con los campesinos ni se ha definido qué se va a sembrar.
Carlos Mario Calderón Ortega, alcalde de San Diego, le aseguró a Colombia +20 que la vocación agrícola de este municipio es amplia aunque su sector ganadero es el más fuerte. “Aquí podemos cultivar eucalipto, yuca, papa, maíz, patilla, entre otros, porque es una tierra muy buena, muy fértil y esa zona de El Toco, ubicada en el corregimiento de Los Brasiles, es una de las mejores tierras que tenemos en el municipio”.
Las preocupaciones de los campesinos de El Toco también las compartió Novoa, quien explicó que la variabilidad del mercado en precios de insumos y venta, las fuertes lluvias o sequías y las dificultades en las vías para sacar la producción por deslizamientos o lluvias, pueden convertirse en dificultades que significarían pérdidas económicas para los campesinos.
Justamente la vía que conduce de Los Brasiles a El Toco está en pésimo estado. En época de lluvias se convierte en una piscina de lodo y solo camionetas 4x4 logran ingresar, aunque con cierta dificultad. Llama la atención que a pocos metros de esta vía se encuentra una placa de la entrega del mejoramiento de esta vía, bajo la gobernación de Francisco Ovalle Angarita (2016-2019).
Este es el estado de la vía de Los Brasiles a El Toco. Los campesinos alertanque el pésimo estado de las vías dificulta la movilidad y la venta de susproductos agrícolas. / Camila Granados.
Miguel Antonio Ricardo Serna, representante legal de la Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco (Asocomparto), dijo a este diario que los incumplimientos en las obras básicas de pavimentación o arreglo de vías corresponden a un discurso mentiroso que no genera confianza y que tiene raíces históricas en el conflicto. “Si pavimentan esta vía, las hectáreas acá valdrían una millonada. Sentimos que hay un discurso mentiroso de los políticos de turno para aprovecharse de las tierras. Nosotros ya fuimos engañados en la década del 97, porque nos sacaron de aquí y no sabíamos por qué. Cuando los paramilitares en 2006 se desmovilizaron contaron que la razón del despojo fue porque había carbón en nuestras tierras, petróleo que necesitaban explotar. Nosotros con tanta ignorancia creíamos que solo debajo de este suelo había yuca, batata y ñame”, detalla Ricardo.
Como lo señala Serna, el 23 de abril de 1997, hace 25 años, 80 familias fueron desplazadas de El Toco, por el Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Este hecho marcó la historia de esta comunidad que aún se ve afectada porque no todos han podido retornar a su territorio. Según datos entregados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a esta redacción, aún faltan 673 hectáreas por restituir en esta vereda. Los temores de los campesinos fueron planteados inicialmente a Rutas del Conflicto, medio de comunicación independiente, que fue a la zona en septiembre de este año y narró la historia de despojo y el origen de esta parcelación.
Campesinos denuncian amenazas y agresiones directas
Amenazas, señalamientos y atentados también han afrontado los líderes de El Toco por buscar la restitución de sus predios, el fin de la violencia y que no existan nuevos casos de desplazamientos.
“Para el 23 de marzo de 2011 los ‘opositores’ (así son llamados los segundos ocupantes) llegaron cuando estábamos con la URT y la Fuerza Pública microfocalizando los predios. Me dijeron: “Jueputa, te matamos, te matamos” y a mi casa llegaron en una moto e hicieron dos disparos. Hice la denuncia pero nuevamente llegaron disparando. No me tocaron un pelo pero todo esto afectó a mi hija que del susto se le reventó una válvula en el corazón y luego de una operación de corazón abierto en la clínica cardiovascular de Valledupar en diciembre de ese año murió”, relató Miguel Ricardo.
La mayor parte de la infraestructura del sistema de riego está ubicada en una de las parcelas entregadas en 2017 por la Unidad de Restitución de Tierras. / Camila Granados.
Este líder no ha podido retornar a El Toco porque su proceso de restitución aún no ha salido a su favor e incluso, por cuestiones de seguridad tuvo que salir del municipio de San Diego y estar en constante movimiento. A pesar de esto, sigue acompañando a su comunidad y velando para que realmente haya seguridad y que no vuelva a darse un desplazamiento y despojo como el que vivieron hace 25 años.
“Si no hay seguridad, ¿para qué tanta belleza? Y a esta belleza tampoco le veo ritmo porque no avanza y tenemos miedo de que vaya a ser un elefante blanco, como todo lo que ha quedado en este país y más con los campesinos porque todo es engañoso”, expresó.
Rafael Daniel Cogollo es uno de los campesinos que se beneficiaría de la instalación de las primeras células agrícolas en El Toco. En 1997 era el secretario de la Junta de Acción Comunal, año en el que los paramilitares durante el ataque a la vereda mataron a su hijo Daniel Antonio junto a Darío Enrique Parada. A raíz de estos hechos, Cogollo padre se desplazó e incluso salió del país por más de 16 años buscando nunca más regresar al Toco. Sin embargo, regresó a la vereda en 2017 pero se rehúsa a retomar cualquier labor social o de visibilidad que pueda generar nuevamente un riesgo.
“Soy socio directo del proyecto del sistema de riego, pero no pertenezco a la directiva y es porque le tengo miedo a todo lo que pasó aquí, no he pasado ese trauma”, explicó Cogollo. La situación de seguridad sigue siendo complicada pues hace unos meses, a Rafael Daniel y a su esposa les robaron 600 mil pesos. Además, en el patio de su parcela se encuentran todos los materiales del sistema de riego que se está construyendo.
“A mí me pagan una celaduría, pero no fueron solidarios conmigo porque luego del atraco, no me han puesto ni una luz para yo poder tener más visibilidad para toda esta maquinaria que tengo en el patio”, explicó el campesino, quien también interpuso una denuncia pero no ha recibido respuesta.
Tubos metálicos de diferentes tamaños como estos, herramientas y maquinaria para la construcción del sistema de riego están ubicados en el predio de Rafael Daniel Cogollo. / Camila Granados.
En medio de esa disputa, la Justicia Especializada en Restitución de Tierras aún tiene 32 de 73 solicitudes en trámite. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o más conocida como FAO ha alertado la tenencia de la tierra como un punto clave para tener en cuenta cuando se quiere desarrollar agricultura por contrato.
El corregimiento Los Brasiles, vereda El Toco, es sujeto de reparación colectiva de la Unidad de Víctimas desde 2018 y algunas de las acciones de reparación que han realizado durante este 2022 son formación en violencia de género, capacitaciones sobre liderazgo, participación ciudadana y solución de conflictos, adquisición de maquinaria agrícola (tractor con accesorios) y camión de carga, entrega de dotación de herramientas y semillas para el fortalecimiento de la aula agropecuaria, elaboración de placa conmemorativa, jornadas comunitarias para adecuación del jardín de la memoria, dotación de elementos deportivos y culturales, realización de eventos y jornadas culturales. Según la entidad, tienen 85 acciones para implementar de 2022 a 2024 con esta comunidad.
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Los Gnecco enredados en líos de contratación del proyecto
La Unidad Investigativa de este diario encontró que este sistema de riego fue entregado al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar (CDT Ganadero), contratista que en 2019 se declaró en quiebra, y en la interventoría participan empresas que son o fueron propiedad de personas cercanas al actual gobernador designado Andrés Meza, y que han recibido varios contratos de manos de la gobernación y otras entidades del departamento.
El proyecto Agricel, avaluado en más de 6.700 millones de pesos, inició actividades el 15 de junio del 2021 y se tenía previsto una duración de 6 meses y 15 días. Sin embargo, el convenio se ha prorrogado en tres oportunidades, los avances en la instalación del sistema de riego son mínimos e incluso, los campesinos denuncian maquinaria varada por varios meses.
Campesinos alertan que esta máquina lleva varada por dos meses, pues le falta un repuesto que viene de Estados Unidos. La máquina se encuentra en uno de los dos reservorios en los que se almacenará el agua del sistema de riego. Ninguno está terminado. / Camila Granados.
Juan Felipe Orozco, gerente del CDT Ganadero, en entrevista con El Espectador afirmó que no cuentan con experiencia previa en la instalación de distritos de riego, pero que sí tienen las capacidades para ejecutar las actividades que requiere un proyecto de este tipo. Algunas son adecuación de tierras, creación de pozos, reservorios de agua, entre otros.
“A finales de octubre pasado, la Gobernación prorrogó el convenio por dos meses. CDT le dijo a este diario que necesita cuatro meses más para terminar las cuatro células agrícolas que está construyendo en El Toco, por eso es probable que el convenio deba ser suspendido en diciembre próximo y prorrogado de nuevo en enero de 2023”, reveló la Unidad Investigativa de El Espectador.
Las demoras en la entrega del proyecto, la poca claridad a los campesinos sobre las condiciones de trabajar por agricultura por contrato y el contexto histórico de violencia del territorio se combinan para fomentar un ambiente de desconfianza.
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Lea la historia sobre el festival de contratos que enreda a los Gnecco en la Gobernación del Cesar
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