“‘Águilas Negras’ me mandaron corona de flores”: gobernador indígena tras atentado

Desde hace dos años, Cristian Camilo Toconas Lis, el gobernador indígena del resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa, asentado en Jamundí (Valle), tiene un carro sin blindaje, un chaleco antibalas y dos escoltas. Las amenazas han sido varias y en diferentes tonos, pero la de este miércoles, a las 7:40 A.M., supera cualquier amedrentamiento previo. Mientras estaba en la casa indígena, junto con sus guardaespaldas, su camioneta explotó y quedó completamente incinerada. El hecho los obligó a refugiarse en la parte trasera de dicha vivienda.

Minutos más tarde llegó la Policía y después de la inspección le informaron que se trató de una granada que tiraron al lado del carro. De inmediato se reunieron las autoridades indígenas del pueblo nasa, pues el defensor de derechos humanos es uno de los más activos en la región en la defensa de los indígenas y los jóvenes, muchos de ellos presos del narcotráfico. Aunque no quiso profundizar sobre ese tema, porque teme por su vida, conversó con Colombia2020 sobre las amenazas que ha recibido desde el año pasado cuando fue candidato al concejo por el movimiento indígena en el municipio de Jamundí.

Jamundí es el municipio de mayor crecimiento poblacional en Suramérica. Según el exalcalde, Édgar Yandy, en la última década pasó de tener 70.000 habitantes a cerca de 200.000, divididos en tres sectores: el casco urbano, la zona campestre (con lujosas propiedades) y el área rural. Hay narcotraficantes de todos los pelambres. Al contrario, en las montañas de la cordillera occidental, de esa jurisdicción, la violencia sigue presente en los corregimientos Villa Colombia, La Liberia y San Antonio, que están rodeados de grupos ilegales como las columnas “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martínez”, que surgieron después del proceso de paz con las Farc; y grupos neoparamilitares que han querido conquistar la ruta del narcotráfico que inicia en Jamundí (Valle), pasa por Suárez (Cauca), atraviesa la región del Naya y llega al Pacífico caucano.

(También lea: Jamundí: entre narcos mexicanos y el deseo de sustituir la coca)

En rueda de prensa virtual, la Organización Indígena del Valle (Orivac) rechazó el hecho: “El día de hoy atentaron contra la autoridad indígena, lo que deja zozobra y gran preocupación en las comunidades indígenas. El 17 de junio a las instalaciones de la Orivac también llegó otro panfleto de la columna “Dagoberto Ramos” con el que amenazaron al gobernador Cristian Toconas. La solicitud que se le hace al Gobierno Nacional es que den respuesta, que procedan contra estos actores que están atentando contra la vida de los líderes sociales porque la realidad es una y la saben las instituciones: la disputa que hay en los territorios entre grupos armados por el narcotráfico”.

El senador indígena Feliciano Valencia también dijo que este atentado es una abierta retaliación al ejercicio de autonomía de las comunidades ancestrales, quienes, a través de la guardia indígena, han venido desarrollando retenes que están incomodando tanto a las disidencias como a los grupos de narcotraficantes y neoparamilitares que se mueven por esa región: “poner orden les incomoda. Les estamos quitando a nuestros hijos que los utilizan para la guerra y por eso se vienen en contra de las autoridades indígenas. Hay que advertir que en esta región ha iniciado el reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados”, apuntó Valencia al referirse al gobernador Cristian Toconas, quien resultó ileso del atentado de este miércoles.

Gobernador Toconas, ¿qué tipo de amenazas recibió antes de este atentado?

El esquema de protección lo tengo hace dos años, desde que vengo recibiendo amenazas de un tal grupo EPL, luego de la columna Dagoberto Ramos (disidencias de las Farc) y ahora de las “Águilas Negras”. Todos siempre pidiendo que salga del territorio. Por ese mismo tiempo, empezaron a ofrecer tres millones de pesos por cabeza de cada gobernador y defensor de derechos humanos y hace 15 días me mandaron un ramo de flores a la casa indígena en Jamundí, que queda en el barrio Belalcázar de Jamundí.

¿Ese ramo de flores llegó acompañado de algún mensaje?

Me llegó el ramo de flores y un papel en el escribieron que ellos no estaban jugando y que hiciera caso al llamado, que era mi última advertencia. Después de eso, avisé a las autoridades.

¿Cree que esas amenazas llegaron por el desarrollo de algún trabajo en específico?

Pues con la secretaria de asuntos étnicos se está tocando el tema de cultivos de uso ilícito, pero ahondar en ese tema me parece un poco apresurado y puede poner en riesgo mi vida. Entonces, prefiero guardar la reserva.

¿Ha promovido la sustitución de cultivos ilícitos en la zona?

Denuncias especificas no, pero con la secretaria de asuntos étnicos sí hemos estado trabajando en sacar a los jóvenes de esa guerra.

Gobernador, actualmente usted cursa la carrera “Estudios Políticos y Resolución de conflictos en la Universidad del Valle”, lo que lo hace aún más importante para la dirigencia indígena. ¿Cree que tiene la suficiente protección del Estado para seguir ejerciendo su labor de defensor de derechos humanos?

No tengo carro blindado, es convencional; tengo dos escoltas y un chaleco y listo. Mi trabajo en su mayoría lo desarrollo en el municipio, en el casco urbano. El Estado debe tener en cuenta este atentado y garantizarme el derecho a la vida.

¿Quisiera agregar algo más sobre los riesgos que tiene?

La gente sabe todo lo que pasa en el municipio. No tengo nada más para agregar.

Desde hace dos años, Cristian Camilo Toconas Lis, el gobernador indígena del resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa, asentado en Jamundí (Valle), tiene un carro sin blindaje, un chaleco antibalas y dos escoltas. Las amenazas han sido varias y en diferentes tonos, pero la de este miércoles, a las 7:40 A.M., supera cualquier amedrentamiento previo. Mientras estaba en la casa indígena, junto con sus guardaespaldas, su camioneta explotó y quedó completamente incinerada. El hecho los obligó a refugiarse en la parte trasera de dicha vivienda.

Minutos más tarde llegó la Policía y después de la inspección le informaron que se trató de una granada que tiraron al lado del carro. De inmediato se reunieron las autoridades indígenas del pueblo nasa, pues el defensor de derechos humanos es uno de los más activos en la región en la defensa de los indígenas y los jóvenes, muchos de ellos presos del narcotráfico. Aunque no quiso profundizar sobre ese tema, porque teme por su vida, conversó con Colombia2020 sobre las amenazas que ha recibido desde el año pasado cuando fue candidato al concejo por el movimiento indígena en el municipio de Jamundí.

Jamundí es el municipio de mayor crecimiento poblacional en Suramérica. Según el exalcalde, Édgar Yandy, en la última década pasó de tener 70.000 habitantes a cerca de 200.000, divididos en tres sectores: el casco urbano, la zona campestre (con lujosas propiedades) y el área rural. Hay narcotraficantes de todos los pelambres. Al contrario, en las montañas de la cordillera occidental, de esa jurisdicción, la violencia sigue presente en los corregimientos Villa Colombia, La Liberia y San Antonio, que están rodeados de grupos ilegales como las columnas “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martínez”, que surgieron después del proceso de paz con las Farc; y grupos neoparamilitares que han querido conquistar la ruta del narcotráfico que inicia en Jamundí (Valle), pasa por Suárez (Cauca), atraviesa la región del Naya y llega al Pacífico caucano.

(También lea: Jamundí: entre narcos mexicanos y el deseo de sustituir la coca)

En rueda de prensa virtual, la Organización Indígena del Valle (Orivac) rechazó el hecho: “El día de hoy atentaron contra la autoridad indígena, lo que deja zozobra y gran preocupación en las comunidades indígenas. El 17 de junio a las instalaciones de la Orivac también llegó otro panfleto de la columna “Dagoberto Ramos” con el que amenazaron al gobernador Cristian Toconas. La solicitud que se le hace al Gobierno Nacional es que den respuesta, que procedan contra estos actores que están atentando contra la vida de los líderes sociales porque la realidad es una y la saben las instituciones: la disputa que hay en los territorios entre grupos armados por el narcotráfico”.

El senador indígena Feliciano Valencia también dijo que este atentado es una abierta retaliación al ejercicio de autonomía de las comunidades ancestrales, quienes, a través de la guardia indígena, han venido desarrollando retenes que están incomodando tanto a las disidencias como a los grupos de narcotraficantes y neoparamilitares que se mueven por esa región: “poner orden les incomoda. Les estamos quitando a nuestros hijos que los utilizan para la guerra y por eso se vienen en contra de las autoridades indígenas. Hay que advertir que en esta región ha iniciado el reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados”, apuntó Valencia al referirse al gobernador Cristian Toconas, quien resultó ileso del atentado de este miércoles.

Gobernador Toconas, ¿qué tipo de amenazas recibió antes de este atentado?

El esquema de protección lo tengo hace dos años, desde que vengo recibiendo amenazas de un tal grupo EPL, luego de la columna Dagoberto Ramos (disidencias de las Farc) y ahora de las “Águilas Negras”. Todos siempre pidiendo que salga del territorio. Por ese mismo tiempo, empezaron a ofrecer tres millones de pesos por cabeza de cada gobernador y defensor de derechos humanos y hace 15 días me mandaron un ramo de flores a la casa indígena en Jamundí, que queda en el barrio Belalcázar de Jamundí.

¿Ese ramo de flores llegó acompañado de algún mensaje?

Me llegó el ramo de flores y un papel en el escribieron que ellos no estaban jugando y que hiciera caso al llamado, que era mi última advertencia. Después de eso, avisé a las autoridades.

¿Cree que esas amenazas llegaron por el desarrollo de algún trabajo en específico?

Pues con la secretaria de asuntos étnicos se está tocando el tema de cultivos de uso ilícito, pero ahondar en ese tema me parece un poco apresurado y puede poner en riesgo mi vida. Entonces, prefiero guardar la reserva.

¿Ha promovido la sustitución de cultivos ilícitos en la zona?

Denuncias especificas no, pero con la secretaria de asuntos étnicos sí hemos estado trabajando en sacar a los jóvenes de esa guerra.

Gobernador, actualmente usted cursa la carrera “Estudios Políticos y Resolución de conflictos en la Universidad del Valle”, lo que lo hace aún más importante para la dirigencia indígena. ¿Cree que tiene la suficiente protección del Estado para seguir ejerciendo su labor de defensor de derechos humanos?

No tengo carro blindado, es convencional; tengo dos escoltas y un chaleco y listo. Mi trabajo en su mayoría lo desarrollo en el municipio, en el casco urbano. El Estado debe tener en cuenta este atentado y garantizarme el derecho a la vida.

¿Quisiera agregar algo más sobre los riesgos que tiene?

La gente sabe todo lo que pasa en el municipio. No tengo nada más para agregar.